En 2019, se podrán gastar y blanquear hasta $ 300 millones en la campaña
Los inminentes cambios en el Código Electoral Provincial (CEP), relativos al financiamiento de la actividad política en general y de los partidos en particular, constituyen “uno de los aspectos más sensibles e importantes dentro de los principios que rigen el Estado de derecho”, se señala en los fundamentos del proyecto oficialista.
La iniciativa del peronismo, que busca cerrar un capítulo suspendido de la reforma política encarada por Juan Schiaretti tras la crisis política de 2007, además de mejorar el acceso a fondos a los partidos y alianzas más pequeñas, brindará un paraguas legal mayor al vigente para justificar el origen y la administración de las millonarias campañas proselitistas que se vienen realizando en la provincia.
De acuerdo con los nuevos rangos que podrían ser votados este miércoles en la Unicameral, el aporte que hace el Estado para el financiamiento de las campañas electorales salta del 1,3 por mil al 3,5 por mil del salario mínimo, vital y móvil, por elector empadronado. En números redondos, significa un fondo conformado por casi 100 millones de pesos.
En tanto, el sector privado, la otra fuente de financiamiento, también sube en una proporción parecida: pasa del actual dos por mil al siete por mil del salario mínimo, vital y móvil. Esa torta de dinero suma unos 200 millones extra, lo que deja un pozo total de 300 millones de pesos para gastar por todas las fuerzas políticas en la campaña provincial de 2019.
¿Cómo se reparten esos recursos? De los casi 100 millones que financia el Estado, el 30 por ciento (en este caso, 30 millones) se divide en porciones iguales entre los partidos anotados en la competencia. Mientras que el 70 por ciento restante (70 millones de pesos) se distribuye de modo proporcional, de acuerdo con los resultados de la elección de 2015.
Pero aquí se suma un factor de discordia entre el oficialismo y la oposición provincial mayoritaria, Cambiemos. En la nueva ley, se propone flexibilizar el piso de acceso a ese 70 por ciento que se reparte de manera proporcional. Actualmente, ese umbral exige haber obtenido el tres por ciento de los votos en la pasada elección. La reforma propone reducirlo al uno por ciento.
La rebaja redactada por Unión por Córdoba está directamente ligada al otro proyecto reformista que se discute en paralelo: la denominada “doble candidatura”, la posibilidad que tienen los postulantes de anotarse tanto para la categoría de “gobernador” como en la de “legislador por distrito único”.
Por un lado se habilita la participación doble y, por otro, se baja el piso para que sea más sencillo el acceso para que esos “dobles candidatos” tengan recursos para hacer conocer sus ideas durante las campañas. Como Cambiemos asegura que la “doble candidatura” lo perjudicará, pretende que se mantenga el piso del tres por ciento. No parece fácil que lo logre.
¿Cómo se gasta el dinero que aporta el Estado? Luego de la asignación fruto del reparto de acuerdo con las variables estipuladas por la ley, los fondos estatales serán exclusivamente destinados a la contratación de espacios publicitarios en los medios, radio, televisión y soportes gráficos. La administración de esos fondos, así como la contratación y distribución de los espacios, estará a cargo de la Justicia electoral.
En cuanto al dinero que proviene de los privados, los partidos estarán habilitados a contratar espacios por hasta cinco veces el valor asignado por el Estado para el mismo objetivo.
Así, por ejemplo, si del fondo de los 100 millones estatales a un partido le corresponden espacios publicitarios por 15 millones, podrá contratar adicionalmente hasta 75 millones de pesos financiados por privados en la misma especie.
Coincidencias y diferencias
“Como sucedió en otros aspectos de la realidad argentina, la sociedad también cerró un capítulo en materia de financiamiento de las campañas: ahora exige claridad en los números. Le dice ‘basta’ a la hipocresía, pero a su vez demanda transparencia”, señaló a La Voz Carlos Gutiérrez, titular del bloque de Unión por Córdoba y uno de los firmantes del proyecto a junto al presidente provisional de la Unicameral, Oscar González.
Por su parte, Orlando Arduh, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical y referente del interbloque de Cambiemos, dice estar de acuerdo en general con los cambios propuestos, aunque plantea reservas. “Esto va en línea con lo que viene planteando el Presidente a nivel nacional de decir la verdad y es un avance porque dota de más recursos y herramientas a todo el sistema político para llevar adelante las campañas, que son cada vez más costosas”, consideró.
De todos modos, Arduh alertó sobre la “picardía” del oficialismo de bajar el piso de acceso a los partidos más chicos. “Ese aspecto tiene un claro objetivo: intentar hacer mella en nuestro electorado alentando que haya nuevos candidatos”, se quejó.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el legislador Eduardo Salas fue crítico con el proyecto y adelantó que no lo apoyarán en el recinto. “Unión por Córdoba está buscando blanquear para que si salta algo irregular puedan cubrirlo”, planteó. Para el dirigente, “los aportes deberían salir exclusivamente del Estado”, sin fondos de los privados.
Otro que se manifestó muy crítico de esta reforma, pero también del resto de las iniciativas electorales, es el legislador Aurelio García Elorrio. “Ese conjunto de leyes sólo tiene como objetivo garantizar la permanencia de Unión por Córdoba en el poder. Aun teniendo en cuenta que algunas de ellas podrían tener aspectos positivos, el hecho de que hayan sido planteadas sin debate nos obliga a rechazarlas”, destacó.
Los puntos centrales del proyecto de ley
Serían aprobados esta semana en la Legislatura Unicameral.
Financiamiento público. Destinado a la contratación de espacios publicitarios en los medios de comunicación de la provincia: radios, TV y diarios.
Fondo de financiamiento de campañas. Será conformado por los recursos que aporte el Estado para la propaganda política de todos los partidos que participen en la elección provincial.
Justicia Electoral. Será la encargada de administrar los fondos estatales y de contratar los espacios publicitarios en los distintos medios, que luego asignará a los partidos de acuerdo con lo que prevé la norma.
Distribución de espacios. El 30 por ciento en forma igualitaria para todos los partidos y alianzas. Y el 70 por ciento restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza política en las elecciones provinciales anteriores.
Financiamiento privado. Se especifican los distintos aportantes y los topes para personas y empresas. Los candidatos también podrán aportar de su propio patrimonio por un monto que no supere el 1% del total permitido para la campaña.
Prohibiciones. Entre las restricciones en materia de aportes, los partidos no podrán recibir contribuciones de personas anónimas ni de empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Tampoco de personas humanas o jurídicas que exploten juego de azar.
Publicidad a través de Internet. Los partidos y alianzas podrán destinar recursos propios para sus campañas de posicionamiento de candidatos, dentro de los límites totales de gastos autorizados en la norma.
Gastos electorales. Las agrupaciones políticas no pueden superar, individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al 7 por mil del salario mínimo, vital y móvil para gastos electorales por elector habilitado a votar en los comicios.
Publicidad oficial. Queda prohibida su realización durante los 30 días anteriores a la fecha prevista para una elección.
Inauguraciones. No se podrán realizar estos actos 15 días antes de las elecciones.
Controles. El Tribunal Electoral auditará a los medios para que se cumpla el reparto de pauta, al igual que el resto de los gastos de la campaña electoral para verificar el acatamiento de la ley.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior