A 8 años de la muerte de Alfonsín
«Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difí¬cil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos, la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina», dijo Alfonsín desde los balcones del Cabildo, el 10 de diciembre de 1983, día en el que asumía como primer presidente constitucional, tras casi ocho años de la más cruenta dictadura cívico-militar de la historia del país.
Ese día, Alfonsín -quien en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de ese año se impuso con el 51,75 por ciento de los votos sobre el justicialista Italo Luder- comenzaba la dura tarea de gobernar un país atravesado por el dolor del genocidio perpetrado por la dictadura, con un alto endeudamiento externo, desindustrializado y con una enorme deuda social.
La asunción del líder radical, fallecido el 31 de marzo de 2009, significó así no solo el fin de la dictadura, sino además la interrupción definitiva del largo ciclo de golpes de Estado, que se inició en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.
A poco de asumir el gobierno, Alfonsín impulsó la anulación de la autoamnistía dictada por los militares y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que tuvo el objetivo de investigar los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado.
En 1984 se publicó Nunca Más, el informe de dicha comisión, y al año siguiente se llevó a cabo el histórico juicio a las juntas militares que condenó a los principales jerarcas del régimen y que ubicó al país en el sitial de las pocas naciones del mundo que juzgaron a los responsables de cometer genocidios.
Sin embargo, la política de derechos humanos tuvo su límite en las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) que, asediado por dos intentos de golpe militar, Alfonsín se vio obligado a enviar para su sanción al Congreso.
«Felices Pascuas», la frase pronunciada por el expresidente en la Semana Santa de 1987, una vez superado el levantamiento carapintada ocurrido en esos días, quedó registrada en la memoria colectiva de los argentinos como el principio de la impunidad para los genocidas que se profundizó después con los indultos decretados por su sucesor, Carlos Menem.
Las leyes de impunidad -que como los indultos, fueron derogadas durante el gobierno de Néstor Kirchner dando lugar al restablecimiento de los juicios por delitos de lesa humanidad- marcaron el principio del declive del gobierno radical.
Caracterizado en sus inicios por ciertas reformas de perfil progresista y una política económica de relativa independencia respecto a los mandatos de los organismos financieros internacionales, la administración de Alfonsín sufrió las acechanzas de las corporaciones económicas locales y transnacionales.
Desde una perspectiva histórica, esos y otros rasgos de su gestión establecen puntos de conexión con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en particular, en la ampliación de derechos civiles (ley de Divorcio Vincular) y en poner el eje de la política exterior del país en la región, con el impulso del incipiente Mercosur.
El Plan Austral y el proceso de sustitución de importaciones y de reindustrialización del país, se vio interrumpido por un creciente proceso inflacionario y dificultades fiscales.
A partir de allí, Alfonsín intentó un giro en el rumbo económico e impulsó la frustrada privatización de algunos servicios públicos, que en los `90 y en una versión descarnada logró concretar la administración de Carlos Menem.
El gobierno radical también debió soportar, en enero de 1989, otro hecho que deterioró aún mas su frágil situación: fue el copamiento del regimiento de La Tablada por parte de un grupo armado que respondía al Movimiento Todos por la Patria, bajo la excusa de la defensa del orden democrático, frente a un hipotético nuevo intento de golpe de Estado.
Pero el deterioro de la economía seguía su curso y en un último intento por rencauzarla el gobierno lanzó el Plan Primavera, que fracasó en medio de un golpe de mercado, caracterizado por la hiperinflación, la corrida cambiaria, el crecimiento de la pobreza y los saqueos a supermercados.
La crisis provocó el adelantamiento de los comicios presidenciales al 14 de mayo de 1989 y Alfonsín cedió el poder a Carlos Menem seis meses antes del final de su mandato y sin poder avanzar en la reparación de la deuda social, ni en la desarticulación del modelo neoliberal implantado a sangre y fuego por la dictadura.
Lejos del poder, el líder radical continuó gravitando en la vida interna de su partido y en el orden nacional, firmó junto a Carlos Menem el Pacto de Olivos, que posibilitó la reforma constitucional de 1994 y la reelección presidencial.
Además, fue uno de los actores fundamentales de la Alianza entre la UCR y el FREPASO, que llevó a Fernando de la Rúa a la Casa Rosada, gobierno del que Alfonsín tomó distancia disgustado por el continuismo respecto de las políticas neoliberales del menemismo y que desencadenaron la brutal crisis del 2001.
Sobre el final de sus días, Alfonsín fue homenajeado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un emotivo acto en la Casa Rosada y la colocación de la imagen del expresidente en el Salón de los Bustos.