Denuncian polémica intervención en una clase de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán

Asumo, sin embargo, que no era tu intención reconocerlo, puesto que de lo contrario habrías ofrecido las disculpas del caso y tomado las medidas disciplinarias y académicas pertinentes.

Es que, si mis ojos no me engañan, admitís haber ordenado a la secretaria académica, en base a un “trascendido” -ya que no existe denuncia formal al respecto-, que ‘intervenga’ en el taller que imparte mi padre (cuyo tema es el ‘derecho a la vivienda’) a efectos de salvaguardar el honor de un alumno, que se sentía mal porque, en el marco del curso, se analizaba material periodístico concerniente a las denuncias existentes respecto al descontrol de los gastos sociales en la legislatura -en donde estaría involucrado un familiar directo del alumno-. Es decir que, palabras más palabras menos, reconociste que se detuvo el debate porque un alumno se sentía afectado.

El problema es que, desde hace décadas, cualquier persona con un mínimo de sentido común (paradójicamente el menos común de los sentidos, según Chesterton) sabe que el estado no puede prohibir una determinada idea u opinión porque resulta ofensiva para ciertas personas (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”). Y la razón de esta prohibición es clara: si se reconoce la posibilidad de usar el aparato estatal (léase secretaria académica) contra los supuestos ofensores de nuestra sensibilidad, la discusión política de todos los días desaparece (conf. Gargarella, Roberto, “Una justicia bárbara”, Página 12 del 20.12.04). Con el agravante de que en la discusión, ahora silenciada, se encuentran involucrados funcionarios públicos, y, como me imagino, sabrás, la libertad de expresión protege especialmente al discurso vinculado con los asuntos de interés público (conf. Badeni, Gregorio, “Libertad de prensa”, p. 32).

Al margen de esta minucia (no te preocupes Adela, un error lo comete cualquiera), te hago algunos comentarios adicionales:

1.- Celebro la cantidad de jornadas que has organizado. Me cuesta entender, sin embargo, porqué procediste tan mal en este caso. Para explicarme un poco mejor, supongamos que un funcionario es acusado de desviar fondos públicos en su favor -originalmente destinados a viviendas (situación de laboratorio, aclaro)-. Si el funcionario se limita a contestar: “Yo tengo varios cursos en la ONU respecto a transparencia en políticas públicas”, resulta evidente que la respuesta nos deja un tanto insatisfechos. Al final de cuentas, el interrogante sigue latente: ¿desvió o no desvió los fondos? Lo mismo me pasa con vos Adela, ¿detuviste o no detuviste el debate?Me encantaría saber, además, cómo haces para organizar y llevar a buen término tantas jornadas sin que nadie se sienta ofendido o tocado. Porque, desde tu óptica, desde el momento que alguien se siente ofendido hay que parar la jornada, cerrar las puertas e irse a la casa (¿vale cambiar de tema?). Por lo menos esa fue la conducta que siguió la señora Grunauer, que asumo “intervino” por orden tuya.

2.- Hasta donde sé (disculpa la ignorancia), el honor es un derecho personalísimo. Reconozco, en este punto, que estoy un tanto confundido: ¿qué honor “protegiste”? ¿El del alumno o el del legislador? Es que, según tengo entendido, jamás se le faltó el respeto al alumno.Y, aun asumiendo que fue el honor del alumno el “protegido”, cuesta creer que era necesario enviar a la señora Grunauer, en su rol de comisario ideológico y con la delicadeza de elefante en cristalería, a interrumpir la clase, amedrentar a los alumnos por expresar sus opiniones (“quedan para la charla de café”, repetía) y menoscabar la autoridad del profesor (¿sabes, acaso, que sostuvo que ella evaluaría los trabajos?; ¿o que expresó que “estaban todos aprobados” -quizás buscando congraciarse y evitar así una denuncia-?). Quizás, se me ocurre, era suficiente con disponer un cambio de comisión o una medida menos intrusiva que preserve la autonomía académica y, a la vez, permita a los chicos continuar expresándose libremente respecto a un tema de indudable importancia y actualidad.Acordate, Adela, del preámbulo del Estatuto de la UNT, en donde se sostiene que es objetivo trascendente de la labor educativa la formación de hombres con un elevado sentido ético, conscientes de los deberes y obligaciones que, como universitarios, les corresponde en la comunidad.

3.- Evidentemente, compartís la posición de la señora Grunauer, que sostiene que no podemos hablar de funcionarios públicos hasta tanto no estén condenados con sentencia firme (algo que, antes de morir, espero ver realizado aunque sea una vez). Te paso un dato, pero no se lo digas a nadie: en las clases de la materia de “derechos humanos” se está hablando de un tal “Milani” a pesar de que no está condenado. Quizás pueden hacer algo en tándem con la secretaria académica. Prometo que si me entero de alguna materia más, te lo hago saber por esta vía.

4.- Finalmente, y como consejo de amigo, busca asesoramiento antes de hacer una carta institucional. Más que nada, porque de otra manera pareces irresponsable. Queda mal que hables del nuevo Código Civil y Comercial y te olvides de la vieja Constitución nacional. Después de todo, creo que la segunda es más importante que el primero.No te confundas, acá los perjudicados son los alumnos y toda la comunidad académica. Por el bien de ellos, mi padre, con el apoyo de mucha gente de buena voluntad de distintos ámbitos, va a seguir hasta las últimas consecuencias para que este acto de barbarie tenga el debido repudio.

Afectuosamente.

Los profesores y docentes firmantes repudiamos la violencia laboral sufrida por el docente Juan M. Rougés en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por parte de la funcionaria que intervino en el claustro universitario por indicación de la señora decana (tal como lo reconoció expresamente), configurando una violación expresa de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo vigente (arts. 22, 23, y 30 inc.a), de nuestro Estatuto y del principio de libertad de cátedra. En efecto, nuestro Convenio Colectivo de Trabajo prohíbe expresamente todo tipo de intervención a la libertad académica en el aula de clase y sin previo aviso al docente. Por lo tanto, el solo hecho de intervención ordenado por la Decana a la Secretaria Académica configura un hecho de violencia laboral y censura a la libertad académica del docente mencionado. El Taller II estaba siendo dictado por un docente regular por concurso, es decir la idoneidad del docente está garantizada por el concurso público de antecedentes; y fue intervenido sin previo aviso en el aula por la encargada de Cátedra, quien ostenta el cargo en forma interina. Es por ello que además del cese de este tipo de conductas de censura (de la cual ya hay un antecedente), reconocida expresamente también por la señora decana, requerimos a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que el cargo de Titular del Taller II, al igual que las demás designaciones efectuadas por la actual gestión, sean cubiertas por concurso público de oposición conforme lo ordena nuestro Estatuto Universitario (art. 61, inc. 8); como también todos los nuevos cargos vacantes y el de la comisión de reforma política mencionada por la decana, que hasta el momento, dicho sea de paso, no emitió dictamen alguno, ni sobre los gastos sociales de la Legislatura ni sobre la reforma política. Sobre la carta (“Denuncia en Derecho”, 2/4) de la decana de la Facultad, la misma no resulta verídica y es además inconsistente. En efecto, habla de supuesta “censura” y después dice: “Le pedí a la encargada que interviniera”; es decir censuró. 2. Dice que practican el pluralismo, y sin embargo, en este caso una vez más no lo hicieron. Aprueba que se critique al Gobierno por medio de la prensa. Censura en cambio que esa crítica sea realizada por un profesor designado por concurso en un claustro universitario, que no es afín a la gestión. 3. Afirma que ha participado incluso en eventos en los cuales se ha criticado el manejo de los fondos sociales, pero al mismo tiempo sostiene que por el principio de prevención se decidió intervenir en la cátedra. O sea que estaría ajustado a derecho que ante una cantidad importante de público se critique en la facultad al pariente directo de la alumna involucrada e incluso que la señora decana participe del evento. Sería contrario en cambio, al principio de prevención, que se entreguen artículos periodísticos que critiquen el manejo de los fondos sociales a un grupo de alumnos, porque ello ya podría producir un daño, el cual de paso no se menciona, ya que el que se hace referencia (honor) no sería propio del alumno sino de su pariente. No existe proporcionalidad entre el método usado para prevenir y el daño que se pretendía evitar. Si para evitar un daño no se debe hablar sobre el tema ni indicar nombres, habría que prohibirse la lectura de diarios en la facultad y la organización de eventos dedicados al tema, pues si se prohíbe lo menos (hablar en el taller sobre la cuestión, con nombres) debería hacerse lo propio con lo más (debate ante una importante cantidad de público incluso ajeno a la facultad). Se habla de ponderación entre el derecho al honor y la libertad de cátedra. Pero resulta que el titular del derecho al honor en el caso no es el alumno, siendo sí en cambio titular al derecho a la libre enseñanza el profesor afectado. En concreto, las cartas y nota mencionadas por la decana en su explicación, oscurecieron el panorama, pues aquellas no hablan de responsables de delitos sino de funcionarios responsables del manejo de los fondos; por lo tanto, no hay ningún daño al honor de nadie, sino únicamente el reclamo de la libertad académica; el cual ratificamos y exigimos. Por lo expuesto, solicitamos el cese de toda violencia laboral en nuestros claustros universitarios y el fiel cumplimiento de nuestro Estatuto y Convenio Colectivo de Trabajo y el resguardo a la libertad de cátedra, como así también el llamado a concursos para ocupar los cargos vacantes. Sólo de esa manera tendremos una Facultad de excelencia.