En 2019, los fondos para la campaña electoral en Córdoba se cuadruplicarán
El dinero declarado que se manejará en la próxima campaña electoral de Córdoba será realmente significativo, ya que la ley autoriza a gastar cuatro veces más que en los anteriores procesos electorales en la provincia.
Según lo establecido en la última reforma a la ley electoral provincial, el Estado pondrá como mínimo 100 millones de pesos para financiar una parte de los avisos proselitistas mientras que cada fuerza política tendrá un tope legal de 200 millones de pesos para su presupuesto de campaña.
El número surge de los límites que se fijaron en el Código Electoral Provincial, recientemente modificado en la Legislatura, junto con las modificaciones que autorizaron las dobles candidaturas y sacaron la exigencia de establecer la fecha electoral antes del 1° de marzo, lo cual generó un amplio rechazo opositor.
En la Justicia provincial sostienen que están preparados para asumir los desafíos en materia de contratación y asignación de espacios, control de los fondos y auditoría de los balances, a partir de las modificaciones establecidas en la ley.
En términos generales, el nuevo articulado cuadriplica los montos autorizados para gastos de campaña respecto a la normativa anterior, en un esquema de financiamiento mixto, donde habrá aportes importantes del Estado y la posibilidad de gastos por cada fuerza interviniente.
En cuanto a lo público, se crea un Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, que “no puede ser inferior” al equivalente al 3,5 por mil del salario mínimo, vital y móvil por elector habilitado. A valores de hoy, esos son unos 100 millones de pesos. Pero insistimos: eso es lo mínimo que pondrá el Estado para pagar espacios publicitarios en radio, televisión y medios gráficos, públicos y privados, provinciales y locales.
Reparto
¿Cómo se repartirán esos espacios? El 30 por ciento, en forma igualitaria para todas las agrupaciones que compitan y, el 70 por ciento restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la anterior elección provincial.
Esos espacios serán contratados y repartidos por la Justicia Electoral, donde aún no está definido cómo se conformará el Tribunal Provincial Electoral.
Desde el Tribunal Superior de Justicia sostienen que no hay grandes cambios respecto a comicios provinciales anteriores en cuanto a su actuación.
“Tenemos mucha tranquilidad y confianza en el desarrollo de todo el proceso electoral. No veo que pueda haber inconvenientes con las cuestiones referidas al financiamiento y al control”, dijo a La Voz el vocal Luis Rubio.
Según el integrante del Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial cuenta con los mecanismos para hacer lo que la ley les asignó en cuanto a contratación, distribución y seguimiento de los espacios publicitarios.
Por partido
Pero aparte de esos avisos en medios (avisos que pagará el Estado provincial, de manera similar a lo que ocurre en las elecciones nacionales), en Córdoba cada partido podrá contratar por su cuenta espacios publicitarios en radio, televisión y diarios (no está incluido aquí vía pública, publicidad en web, y redes) hasta por cinco veces más de la cantidad pública asignada.
Hasta antes de la modificación de hace unas semanas, la ley establecía que se podía contratar avisos por la misma cantidad de espacios asignados por el Estado.
En la legislación nacional, los partidos no pueden contratar por su cuenta publicidad en radio y televisión.
Aparte de ese aporte estatal, ¿cuánto podrá gastar legalmente cada agrupación en Córdoba?
La ley establece que el tope es el equivalente al siete por mil del salario mínimo, vital y móvil por elector habilitado. A valores de hoy, eso representa unos 200 millones de pesos por cada fuerza.
En ese presupuesto están incluidos alquileres, consultorías, gastos de personal, traslados, comunicaciones, publicidad y todo “otro gasto necesario para la organización y funcionamiento de la campaña electoral”.
Se mantiene que los fondos pueden provenir de los partidos, los candidatos y aportantes privados, con algunas restricciones.
Un dato importante es que tanto en las últimas campañas nacionales como en las provinciales, el presupuesto real de campaña de las principales fuerzas supera con holgura el tope legal, según coincidieron diferentes relevamientos realizados por ONG, medios y los propios informes judiciales.
La Voz cotejó en diversas campañas los gastos informados con la estimación de gastos y los resultados arrojaron cifras bastante disímiles.
Una de las dudas para la campaña provincial de 2019 es si ahora que se elevó el tope legal se mantendrá esa tendencia de gastar más allá de lo permitido.
Aportes: Quiénes no pueden hacerlo
Hay limitaciones en cuanto al origen de los fondos.
1) Personas anónimas. No puede imponerse el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente.
2) Entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales, interestatales, binacionales, multilaterales o municipales.
3) Empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales.
4) Personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar.
5) Personas humanas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país.
6) Personas que hubieran sido obligadas por sus superiores jerárquicos o empleadores a efectuar la contribución.
7) Gobiernos o entidades extranjeras.
8) Personas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, trata de personas y narcotráfico.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior