Un tercio de los funcionarios de la Provincia no declaró su patrimonio

A dos años y medio de haber asumido sus cargos en el Gobierno de la Provincia, aún hay numerosos funcionarios que no cumplieron con la obligación legal de hacer públicas sus declaraciones juradas de ingresos y bienes. Se trata del 33 por ciento del total de jerárquicos que por estos días se desempeñan en la administración central del gobierno de Juan Schiaretti.

El dato surge de un relevamiento que hizo La Voz en la red de sitios oficiales de la Provincia. Allí se comparó la estructura orgánica actualizada de cada uno de los ministerios y secretarías y de la Fiscalía de Estado con el listado de declaraciones juradas por repartición que se aloja –por ley– en la web.

La cantidad de funcionarios incumplidores es inferior a la de julio de 2016, cuando, transcurridos los primeros seis meses de gestión, ascendía a más del 60 por ciento del total relevado. No están incluidas las agencias ni otras entidades autárquicas que conforman el entramado estatal, como la Empresa Provincial de Energía (Epec), el Banco de Córdoba, Caminos de las Sierras y la obra social Apross, entre otras.

El resultado del análisis revela que, de los 228 funcionarios de la administración central, 152 (el 66,6 por ciento) publicaron sus declaraciones de patrimonio. El resto, hasta el lunes 11, cuando se realizó el relevamiento, no había cumplido con lo que marca la ley 8.198 y sus modificatorias. Esto pese a que la norma provincial los obliga a presentar las declaraciones en un plazo máximo de 30 días después de haber asumido en el cargo.

Luego de una consulta que hizo al Gobierno con el objetivo de conocer las causas de las demoras, empezaron a aparecer nuevas declaraciones juradas, anteriormente ausentes.

El universo de funcionarios que no aparecía en los listados incluía a 13 secretarios, a 17 subsecretarios, a 45 directores y a un asesor.

El de rango más alto sin presentar declaración jurada era Laura Jure, la máxima autoridad de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, quien asumió en diciembre de 2017 en reemplazo de Alejandra Vigo, cuando la esposa del gobernador fue elegida diputada de la Nación.

Jure indicó que la declaración se había publicado en la web, pero “en otro lugar”. “Estaba en el Ministerio de Salud, que era donde yo me desempeñaba antes”, indicó la funcionaria, aclarando que, luego de la consulta periodística, había sido cambiada al lugar correcto.

Transversalmente, las faltas atraviesan la totalidad de las reparticiones. En casi todos los ministerios y secretarías y en la Fiscalía de Estado, hay funcionarios que no hicieron público en internet el archivo con el detalle de sus ingresos y bienes (ver infografía).

Las declaraciones deben ser presentadas en la Escribanía General de Gobierno con un plazo máximo de un mes después de asumido el cargo. Ese organismo tiene que trasladarlas de inmediato a la Secretaría General de la Gobernación para que las publique en el sitio oficial y puedan ser consultadas por cualquier ciudadano interesado.

Por área

Si se analizan los incumplimientos por repartición, la más infractora –en porcentaje sobre el total de funcionarios de su estructura orgánica– fue Desarrollo Social, donde el 61 por ciento de los funcionarios no publicó su patrimonio.

Siguen en el ranking de bajo cumplimiento Obras Públicas y Financiamiento (54 por ciento), Equidad y Promoción de Empleo (53%), Ciencia y Tecnología (50%), Gobierno (45%) y Justicia y Derechos Humanos (45%).

Del otro lado, los más cumplidores en materia de declaraciones juradas subidas en la web fueron el Ministerio de Trabajo (donde falta el 16 por ciento), la Fiscalía de Estado (13%), la Secretaría General de la Gobernación (11%) y Finanzas, donde sólo el seis por ciento del total de funcionarios de esa área no difundió la información en la página.

Actualizados, pocos

Según la ley 8.198 y las normas que la modificaron, las declaraciones juradas en el ámbito de la Provincia son obligatorias para los funcionarios al comienzo y al final del mandato. Igualmente, hay representantes que las han ido actualizando y las republican de forma anual.

De las 152 declaraciones que están publicadas, sólo 12 (el 7,9 por ciento) fueron actualizadas este año. Las restantes son las mismas que fueron subidas –en general– en el comienzo del mandato de Schiaretti.

Entre esa docena de declaraciones que tienen los datos actualizados en 2018, hay sólo dos que pertenecen a altos funcionarios: el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y su pareja, Alejandra Torres, la titular de la Secretaría de Planeamiento y Modernización.

También está subida y datada en 2018 la declaración de Manuel Calvo, quien asumió como secretario de Comunicaciones y Conectividad este año.

En todos estos últimos casos, la información fue publicada entre febrero y abril pasados.

Sin rigurosidad

Como se detectó en relevamientos similares que hizo este medio en años anteriores, en la mayoría de los casos se trata de declaraciones juradas poco rigurosas, ya que la ley provincial deja espacio para que los funcionarios hagan dos versiones de la misma presentación: una para subir a internet (llamada formulario B) y otra más minuciosa (formulario A). Esta última se aloja en la Escribanía General de Gobierno y sus datos no pueden ser difundidos si no media una orden judicial o de un tribunal administrativo.

Esa declaración completa incluye los detalles de las propiedades (dirección exacta, datos catastrales), patentes de los vehículos y los nombres de los bancos en los que los funcionarios declaran los depósitos. Esos datos no están accesibles para el público o para los medios.

Asimismo, el común denominador de las declaraciones es la vaguedad en la información y la falta de uniformidad entre lo que consigna cada funcionario. Mientras algunos, los menos, completan cada uno de los campos que pide el formulario base, otros sólo brindan información genérica.

Una particularidad que demuestra la falta de rigor a la hora de completar los formularios es la gran cantidad de declaraciones juradas sin fecha. Por ejemplo, la del ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, quien dice tener 146 mil pesos en el banco, 500 mil pesos invertidos en una inmobiliaria, un Ford Fiesta e inmuebles por 4,3 millones de pesos, pero el documento no especifica cuándo fue completado.

Todo cargo político debe presentar declaración

La ley también lo exige a entes o a empresas provinciales.

Quiénes. Según la ley provincial 8.198 y sus modificatorias, en el Poder Ejecutivo están obligados a presentar sus declaraciones juradas al iniciar y al finalizar sus funciones el gobernador y el vicegobernador, los ministros, el fiscal de Estado y sus adjuntos, el procurador del Tesoro, los secretarios de Estado, secretarios, subsecretarios y directores. También los miembros de los directorios de agencias, de empresas del Estado, de entes autárquicos y de sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado provincial. Finalmente, la ley dice que debe presentar la declaración, “en general, todo aquel que ocupe un cargo político”.

Qué. Según lo establecido por ley, las declaraciones juradas deben contener el detalle de los inmuebles, dinero en efectivo (pesos o dólares), depósitos en bancos, acciones, títulos, capital invertido en explotaciones personales o societarias, créditos, ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes, rentas, bienes muebles registrables, bienes suntuarios, maquinarias y deudas. En todos los casos, se debe proveer la información del declarante, de su cónyuge y de quienes estén bajo su patria potestad o tutela.

Aparecieron luego del llamado

Una vez que La Voz hizo el llamado al Gobierno provincial para conocer las razones de la ausencia de declaraciones juradas de uno de cada tres funcionarios, en la web oficial comenzaron a aparecer algunas de las planillas faltantes.

Funcionarios que no aparecieron en el relevamiento realizado el lunes 11 fueron surgiendo desde el miércoles, un día después de la consulta de este medio.

“La mayoría de los altos cargos están subidos”, argumentaron los voceros oficiales, y agregaron que “los que quedan por completar la información son cargos menores”. “Hay casos de funcionarios que asumieron hace dos meses; están completando las planillas y, a medida que las vayan terminando, se irán subiendo”, puntualizaron, aunque reconociendo que “hubo una demora”. Asimismo, prometieron que el viernes pasado iba a estar disponible el 85 por ciento de las declaraciones juradas.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior