Aborto legal: los senadores cordobeses piden cambios en el proyecto
Los tres senadores por Córdoba, los cambiemistas Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado y el justicialista Carlos Caserio, dejaron de lado sus banderías políticas y decidieron trabajar juntos por la legalización del aborto, aunque con cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
“La media sanción aprobada por la Cámara de Diputados tiene que ser modificada, ya que hay cuestiones muy delicadas que deben ser reconsideradas”, plantearon Martínez, Rodríguez Machado y Caserio en un comunicado que divulgaron ayer, luego de una reunión que mantuvieron en la noche del martes en el Senado.
Además de los tres cordobeses hay otros senadores que apoyan la legalización, pero están disconformes con lo aprobado en Diputados. Entre ellos, el misionero Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia) y la tucumana Beatriz Mirkin (Bloque Justicialista).
Por eso es probable que a la vocación reformista de los cordobeses se sumen en los próximos días más senadores.
En los extremos de la discusión están los promotores del aborto legal sin cambios al proyecto y los antiabortistas.
Los que quieren que el proyecto sea convalidado por el Senado tal cual vino de Diputados son los nueve senadores del Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner incluida; el rionegrino Miguel Pichetto (PJ), el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff; el jefe del bloque macrista, Humberto Schiavoni, y la radical mendocina Pamela Verasay, entre otros.
En el bando antiabortista están, entre otros, el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo; algunos justicialistas, como el formoseño José Mayans; la radical tucumana Silvia Elías de Pérez; la radical riojana Inés Brizuela y Doria, y el macrista bonaerense Esteban Bullrich, además de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien sólo vota en caso de empate y no debería interferir en la discusión por ser parte del Poder Ejecutivo.
La facción celeste, sin embargo, está trabajando en un proyecto alternativo que los saque del rincón de los que quieren la cárcel para las mujeres que abortan: en vez del rechazo absoluto, presentarían una propuesta que declara la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero manteniendo su rechazo a la legalización, que supone que los servicios de salud públicos y privados deberían garantizar y costear la práctica.
El proyecto aprobado en Diputados declara legal el aborto hasta la semana 14 de embarazo. Después de este límite, sólo en caso de violación, riesgo de vida de la madre y malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
La media sanción también declara la objeción de conciencia sólo para los médicos que quieran excusarse de realizar un aborto, no para las instituciones.
Los tres cordobeses tienen dudas sobre el costo de la ley, que aunque es federal tiene afectación sobre los presupuestos de las provincias, los municipios y las comunas, que son las dueñas y responsables de los hospitales.
Al respecto, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, ya ha dicho en Diputados que la legalización del aborto permitirá reducir los costos que actualmente afronta el sistema de salud para la atención y las internaciones como consecuencias de abortos mal realizados, de manera clandestina.
Martínez, Rodríguez Machado y Caserio también cuestionan el artículo 2° del proyecto con media sanción, que establece la prisión por hasta un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo a la institución y al médico que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
La pena se elevará a tres años de cárcel si además “se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud” de la mujer.
También piden objeción de conciencia institucional, para que puedan excusarse de practicar abortos las clínicas confesionales, pese a que el proyecto aprobado les permite no hacerlo, aunque sí las obliga a encargarse de la derivación de la paciente a otro establecimiento de salud.
Los tres senadores por Córdoba hicieron saber que “ya están armando una agenda de consultas y recibiendo a distintas organizaciones y referentes que sostienen distintas posturas” y que empezaron a elaborar “un texto común” en el que también pondrían en cuestionamiento las 14 semanas como límite legal.
Al respecto, Rodríguez Machado dijo a La Voz que están pensando en bajar el plazo permitido a 12 semanas; es decir, con un menor desarrollo embrionario. “Hay senadores que estamos por el sí y senadores que están por el no. Nosotros estamos por el sí, pero no queremos que la ley sufra planteos de inconstitucionalidad ni inconvenientes de índole presupuestaria”, argumentó Rodríguez Machado.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior