11 provincias reclaman equidad con Buenos Aires en el ajuste

Equidad en el esfuerzo entre la Nación y todas las provincias, más garantía de inalterabilidad del presupuesto social para 2019. Esta es la fórmula sobre la que gran parte de las provincias gobernadas por la oposición (Córdoba en primer lugar) están dispuestas a hacer realidad el compromiso que anticiparon sus gobernadores en función de reducir el déficit fiscal al 1,3 por ciento del producto interno bruto (PBI) el año próximo, en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

La fórmula había sido planteada el viernes por el gobernador Juan Schiaretti y fue compartida ayer en la Casa de Entre Ríos porteña, durante un encuentro que reunió a los ministros de Finanzas de 11 provincias (incluido el cordobés, Osvaldo Giordano), como continuidad del que en el mismo lugar habían sostenido una semana antes los gobernadores Schiaretti; el anfitrión y entrerriano Gustavo Bordet; el chaqueño, Domingo Peppo; la fueguina, Rosana Bertone, y el salteño, Juan Urtubey.

A diferencia de sus gobernadores, que se habían reunido también para almorzar de cara al televisor que transmitía Argentina-Nigeria, esta vez no hubo almuerzo. Pero sí, en cambio, dos datos políticos sobresalientes: un número sumamente mayor al de los convocantes iniciales y la participación, entre ellos, no sólo de peronistas “dialoguistas”, sino también de un “díscolo” (el ministro de Gobierno pampeano de Carlos Verna) y de un opositor no peronista (el socialista santafesino Miguel Lifschitz).

Se trató, en definitiva, de un primer paso hacia la conformación de una masa crítica, unificada en torno a criterios por ahora comunes y de cara a la negociación aún no abierta por el Gobierno nacional para la elaboración del Presupuesto 2019 que tiene que presentar antes del 15 de septiembre.

Buscan así neutralizar cualquier intento de la Rosada de negociar bilateralmente, después de hacerlo con los gobernantes oficialistas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Sobre las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal recaerían los costos económicos (y políticos) de los reclamos a partir de los cuales los gobernadores de las provincias ayer reunidas están dispuestos a contribuir a la baja del déficit prometida al FMI.

No hubo un documento final de la reunión en la que participaron los ministros de Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Chaco, Tierra del Fuego, Formosa, San Juan, Catamarca, La Pampa y Santa Fe, más equipos técnicos de los bloques de Argentina Federal en el Senado y en Diputados. Los encargados de informar a la prensa sobre la reunión fueron Giordano, su par entrerriano, Hugo Ballay, y el jefe de Gabinete salteño, Fernando Yarade.

Los tres coincidieron en rechazar de plano el interés de esas provincias de incidir sobre políticas de mayor recaudación en función de reducir el déficit (cambios en retenciones, gravar grandes capitales, impuestos al turismo).

“Lo que nos importa es defender los recursos que sostienen nuestros presupuestos y que tenemos riesgo de no contar con ellos, después de que empezamos a buscar el equilibrio (durante los primeros seis meses de este año de aplicación del Acuerdo de Consenso Fiscal)”. Ballay abundó al respecto: “Primero se aprobó el Presupuesto 2018, dos meses después el Consenso y ahora, tras seis meses de ejecución real, hay que revisarlo”.

Los ministros acordaron en dos puntos centrales, que elevarán a los gobernadores, para la hora en que sean convocados por la Rosada. El primero de ellos tiene que ver con que no están dispuestos a resignar recursos que la Nación les envía para el gasto social. En 2018 fueron 41 mil millones de pesos: 33 mil millones del Fondo de Incentivo Docente y ocho mil millones para el sector salud. Tampoco en lo que hace a fondos para obras públicas.

Punto de partida

“La decisión que ya manifestaron los gobernadores es acompañar al Gobierno nacional en este momento difícil, pero un punto de partida básico es la equidad”, apuntó el cordobés Giordano. Y abundó sobre la primera condición para ese acompañamiento: “Si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad es que todo este gasto que hace la Nación en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y que no lo hace en el resto del país, ante todo, hay que revisarlo”.

Giordano dejó en claro que esa es la condición para “poder avanzar luego en otros temas”. Se trata del traspaso a los gobiernos porteño y bonaerense de los subsidios a los servicios de electricidad (Edenor y Edesur) y de agua potable (Aysa), fundamentalmente, como también al transporte, seguridad y justicia ordinaria. “Ante todo hay que resolver esa enorme inequidad”, dijo. Se trata de unos 80.009 millones de pesos (0,63% del PBI), sin contabilizar las dos empresas distribuidoras de electricidad (“no es posible cuantificarlos porque ha habido cambios respecto del Presupuesto 2018”, dijo Giordano).

Los ministros no avanzaron, en cambio, sobre modificaciones en el cronograma de reducción de impuestos provinciales (Ingresos Brutos y sellos) comprometido en el Consenso Fiscal, y menos aún en la suspensión de su implementación. No quisieron hacerlo porque esos compromisos de disminución difieren entre las provincias, aunque Giordano reconoció que “es pertinente una revisión”.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior