Solo tres médicas de la Maternidad Nacional garantizan en Córdoba la interrupción legal del embarazo

Este miércoles 8 de agosto, la interrupción voluntaria del embarazo puede transformarse en ley. Pero más allá o más acá de esa posibilidad, hoy en Córdoba se vulnera un derecho consagrado hace casi cien años por la legislación argentina: la interrupción legal del embarazo, reconocida desde 1921 en el Código Penal para los causales de violación y riesgo de vida o salud de la mujer. Si bien la interrupción en estos casos fue avalada por la Corte Suprema de la Nación en 2012 (fallo FAL), en la provincia de Córdoba su aplicación está frenada por un amparo de la asociación Portal de Belén. UNCiencia dialogó con Gladys Ponte, médica ginecóloga, docente de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC) e integrante del Departamento de Salud Reproductiva de la Maternidad Nacional, una de las tres profesionales que garantizan, en una provincia de tres millones y medio de habitantes, el acceso a ese derecho.

“Yo soy católica, voy a misa –aclara Ponte–. Pero nunca vi a nadie acompañando a esas mujeres. Con algunos compañeros hemos pasado hasta doce horas al lado de la cama de una mujer que sabíamos que se iba a morir, viendo qué más podíamos hacer por ella”, recuerda la médica.

“Nunca culpabilicé a ninguna mujer por esas decisiones –continúa–.Trabajé mucho con ellas e hice investigaciones profundas a ver cuáles eran los motivos por los que llegaban a estas situaciones de tanto sufrimiento. La pobreza era lo primero, y la no posibilidad de controlar su anticoncepción. Las mujeres estaban a la deriva”, remata la médica.

Hoy, a pesar de tener pedido de jubilación por parte de la UNC, es una pieza clave de la salud pública de Córdoba, al ser la más activa de las tres profesionales que garantizan la interrupción legal del embarazo para toda la provincia. De las otras dos profesionales, una está con licencia por maternidad hasta fines de 2018, y la tercera, trabaja ad honorem y no realiza abortos quirúrgicos. En marzo del año que viene, cuando Ponte tenga que retirarse, solo quedarán dos profesionales garantizando ese derecho a más de un millón y medio de mujeres.

“Esto es Córdoba”, dice, sentada en un escritorio que nada tiene de moderno, en un consultorio pintado de beige hospitalario, donde también hay una camilla ginecológica. Lujos, ninguno. “Yo planteo: este año estamos en la Córdoba de la Reforma, pero es la Córdoba de las campanas, y cada vez suenan más las campanas que las reformas”.

Día a día

Cuántas mujeres, niñas y personas gestantes llegan a la Maternidad cada año a solicitar la interrupción legal de un embarazo en curso es un dato confidencial. Y Ponte es muy celosa de resguardarlo. También, cualquier información que aporte pistas concretas que puedan dar lugar a protestas del Portal de Belén o de otros grupos en la puerta del hospital, como ha sucedido en algunas ocasiones.

-¿Son muchas las menores que llegan?

– Sí, siempre tenemos menores. Ha habido muchísimas a las que se les ha podido resguardar el material genético. Son causas judicializadas y a veces se ha podido condenar a los abusadores. También llegan mujeres adultas que no quieren denunciar. Si no denuncia, nosotras hacemos la intervención igual. Hay muchos casos de violaciones, situaciones de violencia sexual, por ejemplo en el predio de la Ciudad Universitaria. Esas mujeres no conocen ni saben quién es su agresor, entonces deciden no exponerse a una denuncia policial.

– ¿Y en esos casos, cuál es el procedimiento para poder intervenir?

– Nosotras tomamos una declaración jurada, que testimonie que esa mujer ha sufrido una violación y que producto de eso se ha generado un embarazo, y por lo tanto viene a reclamar el derecho a la interrupción legal. Confiamos en ellas ¿Por qué? Porque no creemos que ninguna mujer que haya sido sometida a una violencia sexual venga tan alegremente a contar sus cosas. Y si viene del Polo de la Mujer, nosotras no la revictimizamos. Tenemos el oficio y nada más. No le preguntamos cómo fue el hecho, porque a nosotras no nos interesa revictimizar a las mujeres. Aceptamos que esto es lo que están reclamando y ya está.

– Confían en la palabra de la víctima

– Exactamente. ¿Por qué yo voy a poner en duda esa situación?

– ¿Y por causal salud?

– Sí, también trabajamos con la causal salud, que es el inciso 1 del artículo 86, en donde no hay ningún amparo, ni ninguna cosa. Por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de mama y embarazo, y para hacerle la quimioterapia hay que interrumpirlo, vamos por el inciso 1. O, por ejemplo, en el caso de los acráneos (malformaciones fetales), en los que nadie quiere intervenir. Ahora en el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo está la discusión sobre estos casos, y sobre el término en el que es legal practicar una interrupción de ese embarazo. Nosotras, por protocolo nuestro, vamos por el primer trimestre. Entre las 12 y las 14 semanas, tal cual lo dice la Organización Mundial de la Salud.

– ¿Cómo es la relación con los servicios provinciales?

– En el caso de los abusos, la Provincia conoce perfectamente la problemática, porque hay muchas personas que deciden ir al Polo de la Mujer a denunciarlos. Entonces esas personas declaran y eso queda asentado como situaciones penales, porque el abuso es un delito.

Desde ahí, si hay voluntad de interrumpir un embarazo producto de ese abuso, las derivan a la Maternidad Nacional. Mi mirada es esta: la Provincia tiene el Polo de la Mujer, el Poder Judicial, la Senaf; los delitos son en territorio provincial, y todos saben que la interrupción del embarazo producto de ese delito está amparado en el Código Penal. Pero, como está el amparo de por medio, dicen: “No, nosotros somos objetores de conciencia, las pecadoras son aquellas que están allá, entonces vaya a la Maternidad”. Mandan los oficios de los juzgados acá. Cuando ellos deciden que hay que hacer resguardo de material genético para pruebas de ADN, lo hacemos nosotras. ¿Y quién viene a buscar los materiales? La Policía Judicial. ¿Y en qué vienen, disimulados? No, en el camión grande de la Policía Judicial.

– Es un secreto a voces, digamos

– Claro. En Salta y Tucumán no aplicaron el protocolo y tuvo que intervenir la Justicia. En Córdoba nunca va a saltar este problema, por el trabajo que hace nuestro grupo dentro de esta institución. Además, por el resguardo del secreto profesional y el respeto a las mujeres, jamás vamos a poner en evidencia quiénes son las que vienen con nosotras.»

En el caso de los servicios de salud municipales, Ponte explica que se han capacitado desde distintas organizaciones a los servicios de primer nivel, como los dispensarios, y que hoy existen numerosos consultorios amigables y espacios de consejerías.

“El problema es que ellos no pueden intervenir, por ejemplo, cuando hay que hacer resguardo de materiales. Porque la municipalidad está también emparentada con aquel amparo. Si bien no se expidió, eso no significa que autorice, porque si no debería estar comprando misoprostol o financiando un programa de atención”, señala la médica.

Las personas que trabajan en esos espacios “hacen consejería y acompañan a las mujeres que toman la decisión de interrumpir el embarazo, sea por la razón que fuere, y les explican cómo hacerlo de manera segura, pero sin poder ofrecer el medicamento. Lo que hacemos acá es diferente, porque así sea ambulatorio o con internación, yo abro una historia clínica, pongo diagnóstico, pongo artículo 86, inciso 1º 2, hacemos la declaración jurada, firmamos los profesionales médicos”, detalla.

– ¿Qué cree que va a pasar si la interrupción voluntaria del embarazo se transforma en ley?

– Vamos a tener cien años del artículo 86, que consagra la legalidad del aborto en la Argentina. Con la causal salud, incluyendo la definición de salud de la OMS, el aborto es prácticamente legal. En la Argentina, el marco legal es amplísimo, si fuera tan fácil la aplicación de ese marco legal, este no sería, por ejemplo, el único territorio que garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo en Córdoba. La Educación Sexual Integral es ley desde al año 2006 y no se aplica. Y viene la Iglesia, y viene Abel Albino, y dice que hay que educar para el amor, que el preservativo y la anticoncepción no sirven y que hay que cuidarse con los métodos «naturales». Te traslado un segundo a Villa La Tela: decime, ¿adónde están los termómetros para saber el momento de la ovulación? ¿Cómo reconocer el flujo vaginal, etcétera?
Lo que sucede es que esos planteos están fuera de la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta, en Córdoba no va a pasar nada. Habrá algunos jóvenes que estarán sensibilizados para trabajar con esa realidad a la que les va a tocar enfrentarse, al menos tengo conocimiento de que algunos de mis alumnos del módulo de derechos humanos lo están.

– ¿Por qué cree que eso será así?

– Porque las dificultades que hay ¡son tantas!, y en gran parte son porque esta provincia es muy fundamentalista. Como otras, seguramente. No es tan feudal, pareciera, pero la Iglesia sigue siendo rectora en estos asuntos. Si uno mira con atención, ve también cómo las facultades de Ciencias Médicas y de Derecho están atravesadas por el fundamentalismo religioso. Si no, no pasarían estas cosas.

– ¿Usted cree que hoy hay un recrudecimiento del fundamentalismo?

– No, me parece que la sociedad ya ha aceptado la realidad del aborto. La sociedad en su conjunto. Pero las decisiones suelen estar en manos de un grupo pequeño de personas. Por eso, si vos me preguntás cuánto falta, qué va a cambiar, yo te digo que falta mucho.

– Como católica, ¿qué siente frente a las intervenciones de la Iglesia en el tema?

– Nada. Yo tengo diferencias muy profundas con la Iglesia. Provengo de una familia católica y mi fe tiene altibajos, pero siempre he tenido esta convicción, porque me parece que es un recurso al que a veces tengo que acudir. Cuando voy y comulgo, yo no dejo de recordar la gran cantidad de mujeres que pasaron por mis manos y se murieron. Entonces, me parece que es un lugar donde todavía tengo que ir. Porque no es fácil, ha sido una vida profesional atravesada por muchas cosas.

Fuente: UNCiencia