Las nuevas medidas con las que el Gobierno profundiza el ajuste
Números poco alentadores para la economía y nuevas políticas de ajuste marcaron la última semana, que estuvo signada por la incertidumbre que se profundiza de cara a lo que viene. Las últimas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 3,1% en comparación con el mes anterior.
Con estos resultados, la inflación en lo que va del año acumula un 19,6%. Es decir, casi cuatro puntos por arriba del aumento de precios que se tomó como referencia para el Presupuesto 2018 (preveían una inflación de 15,7%), en solo siete meses. Si contemplamos la variación de los precios desde julio de 2017 hasta el mismo mes de este año vemos un aumento de 47% en 12 meses.
Investigaciones de consultoras privadas sostienen que, en esta suba global y sostenida de los bienes y servicios, los precios al consumidor están subiendo menos que los mayoristas dado que la recesión y pérdida de poder adquisitivo del salario impide que el comercio minorista actualice al cien por ciento los nuevos precios, sin que ello repercuta negativamente en sus ventas.
Por su parte, el indicador del Sistema de Índices de Precios Mayoristas de Indec reveló que los productos nacionales mostraron un incremento promedio de 4,7% en julio, mientras que los importados aumentaron 5,6%.
El economista Marco Lavagna afirmó que, de acuerdo a la información oficial, con los aumentos de julio, la inflación de la era Macri supera el 114%. Es innegable que la devaluación del peso, que acumuló más de 55% en un semestre, es clave para entender el comportamiento de los precios internos.
Las Lebacs, un remedio peor que la enfermedad
El Gobierno no acusa recibo de la realidad empírica y persiste en su explicación monetarista y unicausal de la inflación, que considera una consecuencia de la liquidez monetaria.
En efecto, continúan con su política de restricción monetaria secando la plaza de pesos. Sin embargo, desde el Banco Central y la cartera económica advierten que “la bola de nieve de las Lebacs”, cercana al billón de pesos, implica un problema inquietante a resolver.
Por ello, el presidente del BCRA, Luis Caputo, pretende que los inversionistas vayan desarmando sus posiciones en Lebacs para llegar a fin de año habiéndose sacado el peso del gran stock de esas letras.
En consecuencia, para tener un diciembre con Lebacs cero, incentivan a los inversionistas tenedores de letras con una tasa elevada para depósitos a plazo fijo, para que liquiden sus títulos de deuda y encaucen el dinero hacia el sector bancario, a la par que ponen a disposición de los especuladores del mercado los dólares de las reservas.
El déficit financiero saltó un 90,6% debido al pago de intereses de la deuda, que trepó 352%, según informes que el propio Ministerio de Hacienda hizo el
pasado viernes.
Por otro lado, también ofrecen otras letras con diferentes tasas a mayor plazo de vencimiento para las entidades financieras (que tienen el 45% del stock de las Lebacs). Sin embargo, la realidad dicta que la negociación será más ardua de lo que esperan.
El martes pasado la entidad monetaria licitó Nobac (Notas del Banco Central) y la oferta de los bancos para hacerse de esos activos fue escasa ya que aguardan mayores incentivos.
“El dólar no tiene que ser una preocupación. Quien quiera, puede comprar lo que necesite”, sostuvo el flamante presidente del BCRA. Ahora bien, la realidad de la economía dicta que la restricción externa es un problema estructural, hay déficit de cuenta corriente, faltan dólares, hay recalentamiento de demanda de divisas y cuando esto ocurre, en un contexto de libertad cambiaria, el dólar aumenta su cotización, como viene sucediendo.
La estrategia del Gobierno licitando diferentes instrumentos para controlar los precios no está surtiendo efecto, puesto que la inflación se dispara y, sumado a esto, incorporan nuevos problemas, ya que deben enfrentar compromisos de deuda con los tenedores de esos instrumentos que los compran por sus jugosos retornos.
Para resolver esta situación se generan otros títulos de deuda (más compromisos a futuro) y ponen a disposición la moneda extranjera de las reservas, lo cual generará incremento de la demanda de divisas, corriendo el riesgo de que la moneda extranjera se dispare y termine repercutiendo, nuevamente, en los precios internos.
Asimismo, al elevar la tasa bancaria para canalizar “el excedente monetario”, paralizan la economía por el alto costo del dinero, no hay aumento de la actividad, no se generan riquezas y esto dificulta el funcionamiento de la economía. En conclusión, aumentan y se acumulan los pasivos del BCRA y no se generan las condiciones propicias para que el Central salde la deuda con sus acreedores con recursos genuinos.
DNU contra la caída de la recaudación
El mes pasado, en la Quinta de Olivos, el Presidente dijo en una conferencia que las retenciones eran “una política muy equivocada del gobierno anterior”, porque nadie en el mundo cobra impuestos a los empresarios que exportan aprovechando su competitividad. “El único país del mundo que castigaba las exportaciones era la Argentina”, reclamaba Mauricio Macri.
Más allá de que las retenciones a los bienes exportables son instrumentos impositivos de uso extendido en el mundo, la semana pasada el Gobierno incurrió en otra contradicción (u otro manotazo de ahogado) al criticar los impuestos a las exportaciones y, luego, oficializar la suspensión por seis meses de la baja de las retenciones para manufacturas de origen agropecuario (aceites y harinas a base de soja).
El gobierno sacrificó en la semana US$1036 millones de sus reservas para contener el dólar que cerró el viernes por arriba de los 30 pesos en el mercado minorista.
Mediante el decreto 757/2018 se informó que, frente a las necesidades fiscales, se “requiere la inmediata revisión de los derechos de exportación correspondientes a ciertos subproductos y productos de soja”. Desde la Casa Rosada no ocultan los desacoples fiscales de la baja recaudación por la mala performance económica, y esperan obtener un ahorro fiscal de más de 12 mil millones de pesos en lo que queda del año y unos 50 mil millones para el 2019, según informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Sin embargo, el mismo decreto oficializa la baja de las retenciones a la exportación del grano de soja en un 0,5% mensual a partir del 1 de marzo del próximo año. De acuerdo a la información oficial, las alícuotas a la soja se vienen reduciendo sostenidamente, desde el 35% en 2015 al 26% actual, previendo su convergencia al 18% a fines de 2019. Bajar la retención de las materias primas por debajo del impuesto que perciben bienes con valor agregado va a contrapelo de lo que hacen la mayoría de las economías del mundo, que buscan industrializar su estructura económica, no reprimarizarla.
Una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizada en 2014 sobre restricciones a las exportaciones concluyó que más del 80% de los países exportadores de materias primas analizados aplicó algún tipo de restricción o impuesto a sus productos transables. Dentro de los países considerados emergentes vemos que China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica y México aplican retenciones o directamente prohíben la exportación de determinadas materias primas.
En el mismo sentido, un informe elaborado en 2016 por el Directorio General para la Política Exterior del Parlamento Europeo concluye que los distintos tipos de restricción a las exportaciones de materias primas buscan controlar el precio local de bienes exportables que se consumen en el mercado doméstico, aumentar la recaudación fiscal, incentivar el valor agregado a las materias primas exportables y contener la extracción de recursos no renovables.
La reacción a la quita del “Fondo Sojero”
También en la semana que transcurrió, el Gobierno nacional eliminó el Fondo Federal Solidario, conocido como “Fondo Sojero”, que transfería a las provincias el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a la soja. Con la recesión económica y la devaluación, desde Balcarce 50 saben que el ajuste planificado en un principio puede verse perjudicado ante una posible caída de la recaudación fiscal.
Frente a esto, si bien en Córdoba el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, consideró “previsible” tal recorte a los recursos provinciales ya que “era una de las medidas planteadas” para el plan de austeridad al que deben adecuarse las gobernaciones, en otras dependencias provinciales ven con preocupación esta medida de ajuste ya que asumen que puede repercutir en el nivel de actividad local.
A diferencia del planteo que hizo público el Gobierno de Córdoba, otras provincias apelarán el decreto presidencial. Es el caso de Tucumán, donde aducen que el ajuste que propone Macri contradice lo firmado en el presupuesto del año en curso. El fiscal de Estado de esa provincia expresó en declaraciones radiales que presentarán un amparo ante la Corte Suprema porque el decreto “ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional, ya que dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación”. Se espera que otras provincias también rechacen del mismo modo el decreto.
De este modo vemos que, bajar el déficit, contener la inflación y estabilizar el tipo de cambio, son las metas que se propone Cambiemos en lo que queda de gestión. Es decir, los mismos objetivos que se propuso Macri al asumir en diciembre de 2015, solo que casi tres años después con un mayor porcentaje de la población debajo de la línea de pobreza, más desocupación, menos tejido industrial (menor margen de error) y más compromisos de deuda.
Fuente: La Mañana. La Mañana