Procesan a Cristina por la importación irregular de GNL

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Julio De Vido, y a su mano derecha Roberto Baratta por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado.

De todas maneras, Fernández de Kirchner no irá presa porque mantiene sus fueros parlamentarios en el Congreso.

El octavo procesamiento recayó sobre la actual senadora nacional en la causa por la importación, con presuntos sobreprecios, de buques de gas natural licuado (GNL). En la misma causa se investiga a un grupo de empresarios.

Además, ayer fueron procesados exdirectivos de Enarsa e YPF, así como el asesor empresarial Roberto Dromi, el exsecretario de Energía Daniel Cameron, y el extitular de Enargas Walter Fagyas.

La investigación de Bonadio comenzó en 2014 luego de la denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, en ese momento diputados del PRO. Según la investigación, entre los años 2008 y 2015 llegaron a la Argentina 497 buques con GNL: 265 al puerto de Escobar y 232 al de Bahía Blanca.

Según Bonadio, el precio que se pagó por los barcos fue mayor que el de mercado, por lo que existió una maniobra defraudatoria por parte de los exfuncionarios y empresarios implicados en los contratos.

Cristina Fernández viajó la semana pasada a Cuba para acompañar a su hija Florencia, quien atraviesa un problema de salud.

De Vido y Baratta ya habían sido procesados por esta causa. Ocurrió en octubre de 2017 y culminó en el desafuero de De Vido, (hoy suspendido de su cargo de diputado) y en la detención de Baratta.

Peritaje

Luego del primer procesamiento, la Cámara Federal dictó la falta de mérito de los implicados por cuestionamientos en el peritaje que se usó para determinar los sobreprecios, que estaban estimados en 7 mil millones de dólares.

Aquel fallido peritaje terminó con el procesamiento por “falso testimonio” del perito David Cohen, luego de que se determinara que el trabajo fue “técnicamente mal confeccionado, con valores erróneos para cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet”.

Pero nuevos peritajes ordenados por Bonadio derivaron en el nuevo procesamiento, que ahora incluye a Cristina Fernández.

En el procesamiento, el juez indicó que la prisión preventiva de la senadora “se hará efectiva cuando se apruebe su desafuero o bien cuando cesen sus fueros”.

En el escrito de 400 páginas, del que trascendieron algunos puntos, Bonadio indica que hubo sobrefacturación y subfacturación en la compra de GNL.

El juez también señaló la participación de “intermediarios y la selección de agencias marítimas también sin licitación, que facturaron a precios con variaciones injustificadas”.

También dijo que “el precio finalmente abonado, generó un perjuicio económico a las arcas del Estado, por un monto difícil de determinar ya que Enarsa no realizó un adecuado control (…)”.

En su momento, en un escrito presentado ante la Justicia, Baratta sostuvo que la compra de GNL fue auditado por Enarsa, con la intervención de auditores externos de ese organismo, además de la Sigen.

También aludió a una auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que no había detectado irregularidades en la compra de los envíos de gas.

Desde la defensa de Baratta y también desde el entorno de Cristina Fernández, se indicó que el 5 y el 12 de noviembre pasado, el falso abogado Marcelo D’Alessio se presentó espontáneamente a declarar y para aportar nuevas pruebas, esta vez relacionadas a la contratación de seguros marítimos para los buques gasíferos.

La causa también tiene como fiscal a Carlos Stornelli.

En esas declaraciones, D’Alessio dijo haber recibido información en “forma anónima” en su “estudio jurídico”. El procesamiento de Bonadio, sin embargo, no incluyó las declaraciones de D’Alessio aunque sí la versión respecto a una maniobra defraudatoria con los seguros marítimos.

D’Alessio, según afirmó el juez federal Alejo Ramos Padilla, integra una “red de espionaje ilegal judicial y político” y se comprobó que no es abogado. Está preso desde el 15 de febrero pasado.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior