Por la caída del ahorro, la provincia analiza recortes
Las alarmas, encendidas hace ya varios meses por la caída de la recaudación provincial y nacional, ahora se tomaron en serio. Pasadas las elecciones y a caballo del 57 por ciento de votos, se avecina un recorte en las cuentas de la Provincia. El mandato es prevenir: no se sabe si lo que viene, de acá al 10 de diciembre, será peor o igual de lo que ya pasó. La posibilidad de que todo vaya mejor se descarta.
Pasan varias cosas: por un lado, la recesión está siendo más larga de lo previsto. Los ingresos crecen al 35 por ciento y la inflación anualizada, al 55. Si bien mayo parece que algo repunta, en el Gabinete provincial imaginan que la recuperación será lenta en extremo.
Por otro lado, hay gastos que, al compás de una inflación que no afloja, crecen muy por encima de lo que se proyectó en el Presupuesto. El resultado es que la Provincia se viene “comiendo” el superávit corriente: a esta altura del año, en 2018 el ahorro era equivalente al 35% de sus ingresos y hoy su superávit corriente equivale al 22% de los ingresos.
Con 9.786 millones de pesos disponibles, el ahorro se achicó algo más de 37%. De hecho, a marzo había recaudado el 26,5% de lo presupuestado y hoy está en el 23%, según consta en la ejecución presupuestaria del primer trimestre. El único rubro que tiene al día en un ciento por ciento son los intereses de la deuda: 339 millones de pesos en el primer trimestre. En 2018, fueron 42 millones. Devaluación mediante, la exigencia sólo en ese ítem aumentó 707 por ciento.
Amenazas
Hay dos temores de fondo: que la Nación, por restricciones presupuestarias y no por desentendimientos políticos, deje de enviar los fondos que son para la Caja de Jubilaciones, y que la Provincia no pueda refinanciar los vencimientos de deuda, en especial los de 2021, que equivalen casi a la cuarta parte de los ingresos corrientes. Ese año vencen 181,7 millones de dólares en intereses y 957 millones de dólares en amortizaciones de capital.
Por más que sea Córdoba una excelente cumplidora en el pago de sus compromisos, forma parte de un contexto soberano del que no se puede sustraer. No tiene petróleo ni Vaca Muerta que puedan garantizar su cumplimiento escindida de la Nación.
Si a los ingresos de los que dispone la Provincia se les resta el pago de salarios, jubilaciones y coparticipación a los municipios, que son inflexibles, quedan en este 2019 –siempre y cuando se cumplan los supuestos– 64.650 millones de pesos “netos”. Con eso hay que solventar las obras públicas ya iniciadas (para esos trabajos ya no hay más crédito), la amortización de la deuda, todos los programas que hacen a la gestión de gobierno y reforzar la asistencia social a los sectores donde más estragos hace la inflación. Ya lo anticiparon los funcionarios y el propio Schiaretti: lo empezado, se terminará. Eso significa que habrá demora en todas aquellas que no arrancaron.
Un ejemplo son los acueductos, un proyecto de 540 millones de dólares con financiamiento de Kuwait, la Corporación Andina de Fomento y los Emiratos Árabes. Son 13 obras en diferentes puntos de la provincia. Hay dos en marcha (el de Pichanas-El Chacho y el de Alta Gracia-Valle Alegre) y se demorarán los tres que estaban en proceso de licitación: Altos de Chipión-La Para, Sierras Chicas Norte y Punilla Sur.
Gastos en la mira
En 2018, el aumento promedio de salarios fue del 28 por ciento, aunque medido diciembre contra diciembre cerró en 36%. Ahí no habría revisión: por el momento, gatillan con inflación, que se paga a mes vencido hasta agosto, cuando se puede considerar la variable recaudación. Cuánto va a crecer ese rubro es una incógnita.
Pero hay dos partidas que este año le demandaron aportes adicionales a la Provincia como consecuencia del Consenso Fiscal firmado con los gobernadores. Una es el subsidio a la tarifa social eléctrica; otra, el subsidio al transporte.
Al subsidio sobre la energía pura, que la Nación asumió hasta 2018, la Provincia lo mantuvo este año sólo para sus 180 mil beneficiarios históricos, a quienes el año pasado les recortó sustancialmente la cantidad de kilovatios gratis para consumir. A los 160 mil que subsidiaba la Nación, les dio el 50 por ciento hasta marzo. Muchos ni se enteraron aún, porque la boleta de abril no llegó. En ese ítem, presupuestó 1.250 millones de pesos y esa pauta podría cumplirse si Epec siguiera haciendo sus deberes de achique de gastos y si la Nación mantuviera congelado el valor de generación. Es decir, no es factible achicarla, pero al menos no aumentaría.
La partida que preocupa es la de asistencia al transporte, un servicio que funciona a fuerza de subsidios desde 2002, pero sobre el que Córdoba, con sus programas de boletos gratuitos y universales, le agregó más costo fiscal.
Este año, la Nación debería haber aportado 4.100 millones de pesos a todo el sistema de transporte que funciona en Córdoba: urbanos, metropolitanos e interurbanos. Eso iba a bajar a cero, pero con la continuidad del Impuesto sobre los Bienes Personales, la Nación enviará a Córdoba 1.230 millones. Para cubrir parte de la diferencia, la Provincia resolvió poner 2.000 millones de pesos, un gasto que en 2018 no tenía.
Además, destina 1.200 millones a subsidiar sus boletos gratuitos: educativo, del adulto mayor, social y obrero. Son 3.300 millones en total que se lleva el transporte, casi lo mismo que cuesta el Paicor y lo mismo que la Provincia recauda con el Impuesto Automotor todo el año.
El problema adicional que tiene este subsidio es que es muy sensible al contexto: la devaluación de marzo agregó presión a los combustibles, y los salarios de los choferes, tanto de UTA como Aoita, fuerzan hacia arriba esos presupuestos. Ahí ahora vendrá la sintonía fina.
Deuda en dólares: Un frente problemático
En 2021 la Provincia tiene vencimientos millonarios.
707 % Por efecto de la devaluación, el pago de los intereses de la deuda subió en un año de 42 millones a 339 millones de pesos.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior