YPF: el Gobierno busca evitar un pago millonario
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio ayer un nuevo revés a la Argentina por la reestatización de YPF, al confirmar que el juicio contra nuestro país se llevará a cabo en los tribunales de Nueva York, un hecho que podría costar tres mil millones de dólares.
El máximo tribunal estadounidense se expresó así en contra de lo solicitado por el gobierno de Mauricio Macri para que el caso se resuelva en tribunales ordinarios de la Argentina.
El fallo dejó a la Argentina en manos de la jueza del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, quien en otras ocasiones ha tomado decisiones en contra del país.
Argumentos
El Gobierno, no obstante, no pierde las esperanzas y pedirá a Preska que desestime la demanda, sobre la base de tres argumentos: el primero es que la Corte estadounidense no tiene jurisdicción, ya que el estatuto de YPF está atado a la ley argentina.
Según señaló Sebastián Maril, analista financiero y director de FinGuru, el segundo argumento esgrimido en los Estados Unidos será que la Argentina ha identificado testigos cruciales para el caso que actualmente están encarcelados en el país y no pueden viajar a declarar.
Y el tercer argumento será que las firmas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (que ya no pertenecen al original Grupo Petersen) no tienen estatus legal sobre la causa, por lo que el litigio no se puede sostener.
Apuro de querellantes
Minutos después de que se conoció el fallo, el estudio global Burford Capital, a cargo del caso contra Argentina, anunció que había vendido en 100 millones de dólares el 10 por ciento de los derechos económicos del juicio conocido como “caso Petersen” a 40 inversores institucionales (fondos de inversión).
Hace unos años, Burford Capital había comprado parte de la demanda por 15 millones de dólares y ya vendió casi 40 por ciento de esas opciones en 236 millones de dólares.
Después de que se produjo la compra de ayer, los fondos de inversión pidieron a la jueza Preska que convocara una audiencia entre las partes para “discutir un rápido cierre del caso y el cálculo de los daños económicos”.
Preska es la jueza que debe continuar con el caso después de suspenderlo a principios de este mes, a la espera del fallo de la Corte sobre el pedido de jurisdicción de Argentina.
Maril consideró ayer que no habrá pago inmediato a las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dado que YPF y el Gobierno cuentan con vías legales adicionales para continuar litigando.
“La Argentina e YPF podrían pedir a Preska que suspenda el caso Petersen hasta que el tribunal supremo de España publique su fallo en un caso paralelo. La alternativa podría ser el discovery que demoraría entre seis y nueve meses en presentaciones cruzadas”, dijo Maril.
En septiembre de 2016, Preska había rechazado los argumentos presentados por el Estado argentino y por YPF en el caso Petersen: ley de inmunidad soberana; expropiación como acto soberano; identidad del demandante; jurisdicción, y mérito. Tales fueron los argumentos contrarios a la demanda derivada de la reestatización del 51 por ciento de la petrolera que en 2012 llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante una ley del Congreso impulsada por el entonces ministro Axel Kicillof.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior