Preocupado por la deuda, Llaryora prepara emergencia y consolidación
A cinco meses del cambio de mando municipal, crece el desacuerdo sobre el estado de las cuentas de la Municipalidad de Córdoba. Desde el equipo del intendente Ramón Mestre, prometen una transición con cuentas en orden y un traspaso de mando sin sobresaltos, mientras que el equipo del intendente electo, Martín Llaryora, se prepara para asumir en una situación muy adversa por los vencimientos financieros y una deuda flotante que estiman muy elevada.
De hecho, Llaryora ya decidió que entre sus primeras medidas estarán la declaración de emergencia económica y la puesta en marcha de un esquema de consolidación de deudas que le permita blanquear ese pasivo con los proveedores y reprogramar los pagos. Aunque no hay nombres confirmados para el futuro equipo, el economista Guillermo Acosta –quien reemplazó a Llaryora como Ministro de Industria de la Provincia y luego integró el gabinete de Producción de Mauricio Macri– es quien articula esos planes.
El futuro intendente no hará grandes innovaciones en la instrumentación de ese sistema: lo más probable es que aplique un esquema idéntico al que instrumentó Mestre poco después de asumir, cuando canceló con títulos de consolidación buena parte de la abultada deuda flotante que heredó de la gestión de Daniel Giacomino. Esto supuso un sistema de verificación de acreencias y una serie de alternativas de pago a plazo para acreedores de todo tipo.
Recién el 15 de noviembre próximo, a menos de un mes de dejar el poder municipal tras dos gestiones, Mestre terminará de saldar aquellas deudas que dejó Giacomino. Ese día el municipio debe pagar los últimos títulos de consolidación, por un total de casi 90 millones de pesos. En los primeros meses de 2012, cuando el actual intendente debutaba en el cargo, la consolidación permitió la reprogramación de deudas por más de 800 millones de pesos.
Entre los proveedores municipales crece la inquietud. Estos días se conoció la existencia de cortes de servicios al municipio por falta de pago –la comida en algunos hogares de día y, desde ayer, el servicio de limpieza en 13 de esos espacios– y desde varios rubros relataron a La Voz que los pagos se retrasan, muchas veces por “ardides” formales a los expedientes para dilatar la cancelación. “Sólo cobran en plazos razonables los que meten ‘pronto despacho’ con un abogado”, relató un proveedor de servicios de mantenimiento.
Con la transición sin comenzar aún, en la administración Mestre rige la orden de no polemizar. No obstante, niegan un estiramiento de los plazos de pago a proveedores y también desmienten que se esté incrementando la deuda flotante.
Ayer se publicó la cuenta general del ejercicio 2018, que incluye el “estado de la deuda pública”: el rubro Residuos pasivos y obligaciones del Tesoro registraba al 31 de diciembre último 1.510 millones de pesos, mientras que también había cheques de pago diferido por casi 320 millones. “Esas cifras no crecieron y no llegan al cinco por ciento del Presupuesto”, indicaron desde la Secretaría de Economía. Recalcaron que ayer se pagaron los sueldos y que el medio aguinaldo ya fue depositado días atrás.
También se indicó que los atrasos no siempre suceden por falta de recursos: el itinerario de los expedientes continúa siendo laberíntico puertas adentro del Palacio 6 de Julio; y en la actualidad, la instalación de un nuevo sistema para administración financiera estaría ralentizando más la secuencia.
Ayer el municipio publicó datos de ingresos y de gastos correspondientes al primer cuatrimestre de 2019. Según esos datos, el gasto comprometido-devengado fue de 8.307 millones, mientras que los recursos llegaron a 9.292 millones: le sobraron fondos al municipio.
El frente financiero
La deuda flotante –es decir, las facturas impagas de bienes y servicios ya consumidos por el municipio– no constituye el único pasivo que preocupa en el equipo de Llaryora.
Hay tres series de Letras del Tesoro por un total de 1.050 millones de pesos emitidas por el municipio. Cada una de esas series es por 350 millones de pesos, con tasas de interés en ascenso (la última pagó 64 por ciento anual).
La primera serie vence en septiembre y la segunda, el 23 de noviembre. Mestre debe disponer más de 800 millones de pesos para cancelar capital e intereses entre septiembre y noviembre. También puede decidir emitir más Letras para cancelar las anteriores. En febrero, quien tendrá en sus manos esa decisión será Llaryora.
En 2018, un pasivo de $ 10.212 mil millones
La Municipalidad de Córdoba ayer publicó la cuenta general del ejercicio 2018, que informa un superávit presupuestario de 67 millones de pesos, sobre un gasto total de 23.106 millones de pesos en el transcurso del año pasado.
La gestión de Ramón Mestre llegó a ese resultado positivo incluyendo como ingresos los 650 millones de pesos que obtuvo en 2018 por la colocación de Letras del Tesoro. Fue la única fuente de financiamiento a la que accedió en el transcurso del año pasado.
El reporte del Ejecutivo, que debe ser analizado y aprobado por el Concejo Deliberante, incluye también el “estado de la deuda pública”: a diciembre de 2018, la ciudad adeudaba 10.212 millones de pesos.
Más de la mitad de esa deuda (5.655 millones de pesos) correspondía al bono de 150 millones de dólares emitido por Mestre en 2016. Ese capital debe devolverse en tres cuotas de 50 millones de dólares que vencen en septiembre de 2022, de 2023 y de 2024.
De momento, esa deuda no preocupa a Mestre ni a su sucesor, Martín Llaryora. El total del rubro “deudas financieras” superaba, a diciembre, los 6.500 millones de pesos, que incluyen también las Letras del Tesoro, que el año pasado eran 650 millones de pesos y ahora son mil millones de pesos, dos tercios de los cuales vencerán antes de que termine la gestión Mestre.
El rubro que más pesa
El rubro que le sigue en magnitud es el que sí preocupa en el corto plazo: el de las deudas corrientes. A diciembre de 2018, eran 1.823,8 millones de pesos, que se adeudaban principalmente a proveedores de bienes y servicios.
Desde el Ejecutivo municipal, aseguran que esa cifra no creció demasiado desde fin del año pasado hasta la actualidad. Por el contrario, en el equipo del futuro intendente, Martín Llaryora, sospechan que sí creció esa deuda flotante y que será un gran problema hacia el 10 de diciembre próximo.
¿A quién más le debe la Municipalidad de Córdoba? El rubro de deudas en remuneraciones y en cargas sociales ascendía, a fin de 2018, a 1.342 millones de pesos. No obstante, el Ejecutivo aclara que esa cifra incluía casi 600 millones de pesos de los sueldos de diciembre, que se pagaron en la primera semana de enero de 2019.
Restado ese concepto, quedaba un pasivo de más de 700 millones de pesos vinculado a los salarios. El principal acreedor es la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, con casi 500 millones de pesos.
A fin del año pasado, el municipio tenía deudas fiscales por 274 millones de pesos.
La deuda corriente a diciembre de 2018
Datos oficiales sobre la deuda flotante municipal.
1.510 millones. Es lo que la Municipalidad de Córdoba informó como “residuos pasivos y obligaciones del Tesoro” a fin del año pasado. En su mayoría, se trata de deuda flotante con proveedores.
320 millones. Es lo que adeudaba a fin del año pasado la Municipalidad de Córdoba en concepto de cheques de pago diferido. Ese instrumento se usa prioritariamente con los proveedores.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior