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El ajuste presupuestario que pone en jaque la educación universitaria

Las universidades nacionales ajustan sus cinturones frente a la devaluación y la recesión que afecta, día tras día, su poder adquisitivo. Con el presupuesto vigente, aprobado a fines de 2018, las instituciones de educación superior no sólo no cubren los gastos de funcionamiento básicos -como es el caso de los servicios públicos-, sino que también han disminuido su capacidad de compra en relación a insumos y equipamientos que se cotizan en dólares.

Ante esta crisis, rectores de todo el país advierten sobre el peligro que significa para la educación superior no poder resguardar las necesidades elementales de la comunidad universitaria. Es por eso que pidieron un refuerzo económico al Gobierno nacional para intentar paliar la gravísima situación.

Hasta el momento, sus pedidos no tuvieron respuestas y temen que el panorama se continúe agravando de la mano de las proyecciones inflacionarias y presupuestarias para 2020.

“Un refuerzo que nos permita llegar a fin de año”

El pasado 30 de agosto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una solicitada que puso en evidencia las dificultades que atraviesan las entidades para sobrellevar las actividades de educación, investigación y extensión pública.

Para las autoridades de diferentes universidades nacionales y provinciales resulta imperioso garantizar que los estudiantes continúen sus estudios, y subrayan que las dificultades económicas se incrementaron de forma considerable. Por tal motivo, solicitaron un refuerzo económico para la partida 2019 que rondó en 144 mil millones de pesos.

“El presupuesto 2019 fue aprobado en septiembre del año pasado, y ya venía muy ajustado en relación a los gastos de los funcionamientos de las universidades. Estaba retrasado en cuanto a los costos que se tenían en cuenta. Con la devaluación y la inflación, ha quedado absolutamente exprimido por lo que pedimos un refuerzo presupuestario para poder llegar a fin de año”, aseveró Jaime Perczyk, presidente del CIN.

El presupuesto 2019 fue aprobado en septiembre del año pasado, y ya venía muy ajustado en relación a los gastos de los funcionamientos de las universidades.

En declaraciones exclusivas a La Nueva Mañana, el también rector de la Universidad Nacional de Hurlingham se mostró preocupado por el silencio que demostró el Gobierno a no otorgarles respuesta sobre el pedido de actualización de 4 mil millones de pesos que solicitaron en carácter de urgente.

Además, aseguró que lo que se está solicitando “representa solo el 40% de los gastos actuales de funcionamientos” que poseen. “Estamos pidiendo un refuerzo que ni siquiera se equipara a los valores de la inflación”, añadió.

Perczyk contó que “hay compras paradas y existen dificultades para cumplir con los programas que benefician a los estudiantes”. “Nosotros estamos conscientes de que existe una necesidad de actualizar las becas de comedores y residencias, por ejemplo, pero necesitamos fondos para poder hacerlo. Son necesidades que tenemos, pero que hoy no las no estamos pudiendo cubrir”, sentenció.

Un presupuesto “desfasado” y los peligros del ajuste

Como lo establece la ley, el ministro de Hacienda presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2020. Hernán Lacunza asistió el lunes pasado a una audiencia en la Cámara de Diputados donde señaló algunas de las proyecciones para el próximo año: inflación de 34%, dólar a $75 y crecimiento del 1%.

En ese marco, el Ejecutivo presentó además las partidas correspondientes a la Secretaría de Políticas Universitarias que asciende a una cifra aproximada de 195 mil millones de pesos. Este número representa casi 53 mil millones de pesos menos del estimativo básico presentado por el CIN.

“Hemos hecho una actualización de presupuesto anterior que incluye las paritarias acordadas por el Gobierno. El total contabilizado es de 248 mil millones de pesos, en base a los costos que hoy tenemos”, indicó Perczyk.
A eso se suma el hecho de que, en general, la mejora en el último año fue del 32%. No obstante, algunas casas de estudios estuvieron lejos de ese porcentaje. El caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto logró un avance de apenas el 24%.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos el pedido fue desoído y la propuesta elevada por el Gobierno corre por detrás a la inflación.

En sus cálculos, el Consejo Interuniversitario tuvo en cuenta además la progresión con respecto a las paritarias de los trabajadores universitarios que representa un importante porcentaje del total. “Este porcentaje ronda entre un 85 y un 90% en todo el sistema universitario. Si bien los acuerdos se van a consolidar el año que viene, deben estar incluídos en ese cálculo. A eso, se debe sumar la posible inclusión de la cláusula gatillo que será sometida a discusión”, detalló en declaraciones a La Nueva Mañana, el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Ricardo Rovere.

También, resaltó que las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las universidades viene con una rémora que impacta en lo referente a las obligaciones de funcionamiento. “Estamos tratando de ajustarnos a un nivel de acción mínimo para conservar la normalidad”, añadió.

Rovere explicó que la partida proyectada por la gestión ejecutiva no tiene en cuenta lo referente a obras de ampliación e infraestructura que tienen que llevar a delante en algunas de las dependencias. “Hay universidades que hoy tienen que hacer frente a un alquiler para seguir funcionando, porque no tienen espacios propios. El contemplar partidas para obras te permite disponer de ese gasto corriente”, detalló.

A pesar de los pedidos de reivindicación financiera para la educación superior y el desarrollo de sus actividades, habrá que esperar hasta después de las elecciones generales para que inicie el debate de la “Ley de Leyes” en el Congreso.

Sólo resta saber entonces si las universidades podrán finalizar este convulsionado año con el refuerzo que necesitan para seguir a flote, o si deberán seguir priorizando necesidades básicas para garantizar su subsistencia.

Fuente: La Mañana. La Mañana