El Ministerio de Trabajo se ofrece como mediador en el conflicto Judicial

La Provincia, de la mano del Ministerio de Trabajo, se ofrecerá hoy como mediador entre el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y el gremio de los judiciales para zanjar el prolongado conflicto de los empleados por reclamos salariales.

Pero se descarta de plano la alternativa de que dicte una conciliación obligatoria o voluntaria, a partir de la propia postura del alto cuerpo respecto de la intervención de la Provincia.

Desde 2014, los sueldos de los judiciales se desengancharon de la pauta salarial de la Provincia y quedaron atados a los aumentos que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los magistrados y funcionarios.

En ese marco, como la Corte dispuso una mejora del 10 por ciento para el primer semestre, el gremio pidió un extra salarial de al menos el cuatro por ciento, antes de que el máximo tribunal de la Nación otorgue el segundo aumento en junio que será del 15 por ciento.

El gremio objetará que en ese mismo período los magistrados provinciales percibieron un cuatro por ciento más, pero desde el TSJ subrayan que esa diferencia responde a un retroactivo del último tramo de la ley de equiparación de los magistrados con el fuero federal.

Con esa disputa como eje de, se acordó una reunión en el Palacio de Justicia para hoy a las 14 entre vocales del alto tribunal; el ministro de Trabajo, Omar Sereno, y el titular del gremio, Federico Cortelletti.

Fuentes próximas a la cartera laboral graficaron que la intervención de Sereno sólo se limitará a la de un “amigable componedor”, para tratar de buscar una salida para el gremio, que mantiene un reclamo salarial y plantea negociar un convenio, pretensiones que no son aceptadas por el TSJ.

Desde el TSJ, Carlos García Allocco sostuvo que la presencia del ministro de Trabajo “es una herramienta que se suma a todas las herramientas que pudieran existir para superar un conflicto en relación a un servicio que ese esencial”.

El vocal admitió que “nadie discute que la inflación tritura a los sectores de menores ingresos”, pero subrayó que en el sector público “cuando se elige un sistema salarial no se puede cambiar después si en un año no se recibe el aumento esperado”. Remarcó que el año pasado, por los incrementos de la Corte, los empleados sumaron más de un 32 por ciento de aumento y dijo que el propio gremio reconoció que fue superior al otorgado por la Provincia.

García Allocco resaltó que de los 2.519 ascensos que se realizaron en abril y mayo 
–que abarcan al 48 por ciento del total de personal de la Justicia– los de la categoría más baja (maestranza) tuvieron una mejora salarial del siete por ciento, y para las tres primeras categorías de la planta judicial, un cuatro por ciento.

Medida de fuerza

Ayer los judiciales realizaron un paro por 24 horas con asistencia a los lugares de trabajo en Capital y poco más de un centenar de delegados y empleados, bajo la conducción de Cortelletti, mantuvieron una ruidosa toma en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, que se levantó pasadas las 14.

Por otra parte, el gremio dispuso asambleas en todas las sedes tribunalicias para mañana, para evaluar la marcha del conflicto, y de allí saldrá un mandato para una asamblea extraordinaria que el lunes decidirá los pasos por seguir.

Corteletti dijo que la expectativa del gremio para la reunión de hoy es plantear frente a interlocutores del Ejecutivo “los problemas de fondo y coyunturales” respecto del salario y “avistar al menos alguna salida en lo inmediato, mediano o largo plazo”.

Insistió en que en lo coyuntural están “cobrando un 10 por ciento de aumento para el primer semestre, lo que no ha pasado con ningún sector”, y en la cuestión de fondo señalan que “la ley de equiparación de magistrados generó un doble estándar salarial y una brecha inmensa” con los empleados.

Corteletti dijo que pretenden, con la regulación del Ministerio de Trabajo, una paritaria con el TSJ e ir hacia un convenio colectivo que regule la actividad.

Garcia Alocco descartó una paritaria para el sector y sostuvo que por sus características la actividad no puede ser regulada por convenio.

Sin paros de choferes

Larga distancia. El Ministerio de Trabajo dispuso ayer la conciliación obligatoria por el diferendo salarial que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresariales de ese sector, por lo que, este fin de semana, los colectivos de larga distancia funcionarán con normalidad. El vocero de prensa de UTA, Mario Caligari, dijo:

“El fin de semana habrá servicio normal de micros de larga distancia porque la cartera laboral nos impuso la conciliación obligatoria”. El gremio había anunciado un paro de 48 horas en el servicio de larga distancia a partir de las 0 del sábado hasta las 24 del domingo, que quedó desactivado.

Fuente: La Voz del Interior. http://www.lavoz.com.ar/politica/paro-judicial-trabajo-ofrece-mediacion?cx_level=flujo_2