Acuerdos de precios y salarios: intentos de riesgo
Una de las medidas que destacó en campaña el ahora presidente electo, Alberto Fernández, fue un acuerdo de precios y salarios para poner freno a la inflación. Los distintos actores económicos recuerdan que este tipo de convenios nunca terminó bien en la historia argentina pero reconocen que, en la actualidad, sería importante para controlar la espiralización de precios.
A la luz de experiencias anteriores en el país y en otros lugares del mundo, parece claro que un pacto de ese tipo ayudará en el muy corto plazo para ganar tiempo, mientras se trabaja en resolver los problemas de fondo. Sin esto, la contención sólo funciona como una olla a presión que explota cuando termina el plazo del acuerdo.
Es por esta razón que las iniciativas que funcionaron, como el Pacto de la Moncloa, en la España de 1977, incluyen acuerdos mucho más amplios que los precios y salarios: abarcan cuestiones monetarias, de gasto público, reformas impositivas y políticas externas, entre otras que hacen al funcionamiento macroeconómico.
En la Argentina de hoy, se suma otro elemento: la renegociación de la deuda en un sendero fiscal consistente hacia adelante.
Plan Austral. En 1985, se logró bajar la inflación del 30 al tres por ciento mensual. El acuerdo incluía la reforma del Estado para cerrar el déficit fiscal. La ley nunca pasó el Congreso. (Gentileza Clarín)
Plan Austral. En 1985, se logró bajar la inflación del 30 al tres por ciento mensual. El acuerdo incluía la reforma del Estado para cerrar el déficit fiscal. La ley nunca pasó el Congreso. (Gentileza Clarín)
La política es otro condicionante, ya que todo pacto requiere de confianza y de expectativas. En este aspecto, el inicio de una nueva gestión de gobierno es un momento muy oportuno.
La historia nos condena
Los acuerdos en Argentina no son nuevos. Comenzaron en la época de Perón con estrictas listas de precios y siguieron, en distintas versiones, hasta hoy.
“Nunca han sido exitosos en el mediano plazo. Sólo tuvieron algún efecto positivo en el cortísimo plazo para desactivar aumentos muy altos de la inflación”, dice José María Rinaldi, economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.
“Siempre fracasaron porque se pensaba que esa era la solución. Cuando sólo era un anestésico sin tomar la solución de fondo. Tienen que venir de la mano del equilibrio fiscal, la raíz de la inflación”, agrega Jorge Colina, director de Idesa.
Luego de la posguerra, hubo un intento de acordar entre empresarios y sindicatos para llevar a cabo mejoras de productividad, que fracasó con el fin del gobierno constitucional de 1955.
En 1973 se produjo uno de los intentos más conocidos y amplios. El que llevó a cabo José Ber Gelbard, denominado “Plan Cero”. “Es el más parecido a lo que ahora se quiere lograr porque la inflación rondaba el 60 por ciento, incluía los salarios y una lista de precios congelados”, explica Rinaldi. Incluía a empresarios, a la CGT y al Gobierno.
Marcelo Capello, presidente del Ieral, acota que el acta tripartita tenía un “objetivo central primordialmente redistributivo; la meta de contención inflacionaria aparecía mencionada sólo como subobjetivo y la evolución de las variables macro no fue consistente y agudizó la inflación”. Esta época, de gran turbulencia política, terminó con el llamado “Rodrigazo”, cuando se quiso poner fin a las inconsistencias económicas que se venían generando.
El otro gran intento, que fue exitoso durante un par de años, fue el Plan Austral, de 1985. En lo inmediato, bajó la inflación del 30 al tres por ciento mensual. “El acuerdo tripartito incluía control de precios, salarios y reforma del Estado para cerrar el déficit fiscal. Pero esta última parte, que requería una ley de reforma del Estado, nunca pasó el Congreso. En 1988 y en 1989 hubo que hacer ajustes y terminó fracasando. Al final, la reforma se hizo en el gobierno de (Carlos) Menem”, dice Colina.
Necesario, pero no suficiente
Pese a estos antecedentes, la mayoría de los economistas coincide en que un pacto sería importante en la actualidad, pero tiene que cumplir varias condiciones para que no se transforme en un problema más adelante. Para Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, un acuerdo de precios y de salarios es necesario para bajar la nominalidad. “No hay forma de bajar la inercia inflacionaria solamente con política monetaria, hace falta un acuerdo político”, remarca y agrega que debería considerar también tres precios: dólar, tarifas y jubilaciones.
Rinaldi explica que es importante el pacto “porque va a haber una política económica que traccionará la demanda. Habrá una expansión monetaria muy importante, se va a volcar dinero al mercado, habrá gasto social, emergencia alimentaria, mejora en el poder adquisitivo, y la oferta no reacciona en forma inmediata”. Como condición, menciona que sea integral: “Paritarias, tipo de cambio, precios, liquidación del sector externo, un compromiso de grandes, pymes, CGT y el Estado”. Y para el largo plazo, “eliminar restricciones externas, fiscales, concertación financiera, recrear el crédito y el crecimiento”.
“De realizarse, además de servir para coordinar expectativas sobre inflación y salarios, debería ser acompañado por la definición de una política monetaria y fiscal consistente con los objetivos fijados para precios y salarios, con un plan gradualista para bajar la inflación”, opina Capello. Y agrega que “debería ser complementado por un pacto político, en el que se incluyan objetivos de competitividad y de equilibrio fiscal”.
Colina coincide en que “debe ser muy creíble el plan para bajar el déficit primario por parte de empresarios y sindicalistas, pero también de los acreedores”. “El acuerdo tendría que incluir aumentos de precios y de salarios decrecientes a futuro, debería abarcar todos los precios, no sólo una lista, y considerar también tarifas y tipo de cambio”, sostiene.
Empresarios apoyan, pero le piden un esfuerzo al Estado
Una de las claves para llegar a un acuerdo entre partes que en muchos aspectos tienen intereses contrapuestos es que todos estén dispuestos a ceder algo.
Si bien en el inicio de una negociación las posiciones están siempre alejadas, en este caso el margen de maniobra es bastante chico y el dilema de la sábana corta es una gran restricción.
Los empresarios están al límite de la caída de rentabilidad, luego de una larga recesión y de una situación financiera asfixiante; los trabajadores ya perdieron varios puntos de poder de compra debido a la inflación, y el Estado necesita sanear sus cuentas fiscales, pero con poco espacio para subir impuestos o bajar gastos (más bien, todo lo contrario).
Una cuestión por considerar son los precios relativos. Mantener una estructura insostenible con el resto del andamiaje económico tiene poco vuelo y llevaría a nuevos ajustes en el futuro. El economista José María Rinaldi recuerda que esto es clave al implementar un plan de estabilidad.
Del lado de los trabajadores, las pretensiones de los sindicalistas es recomponer el salario real, muy rezagado frente a la inflación. “Un acuerdo para mantener el poder adquisitivo del salario es fundamental. Estamos conformes con el acuerdo que tenemos desde hace unos cinco años de ajuste trimestral sobre la base de una combinación de índices de inflación”, define José Porras, secretario general adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) de Córdoba.
El sindicalista señala que sería deseable un acuerdo de ese tipo, como el que tienen con terminales y autopartistas, corto y reconociendo la inflación, y no se muestra muy conforme con poner topes y cláusulas de revisión.
Por su parte, Néstor Chavarría, titular de la delegación Córdoba de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), sostiene: “Es necesario sentarnos en una gran mesa, empresas, sindicatos y cámaras profesionales, a discutir políticas de Estado que perduren en el tiempo. Todos tenemos que aportar un poco. Lo fundamental es lo que va a pasar con la economía. Para que la inflación no siga haciendo estrago en los salarios”.
Por su parte, Vanesa Ruiz, gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Minoristas de Córdoba, considera que, “después de 15 meses de caídas de ventas, hay que trabajar sobre la inflación, el precio de la canasta básica alimentaria y una recomposición salarial”. Y advierte de que el anuncio de un acuerdo ya subió varias listas de precios en los días previos a la elección.
Desde la Cámara de Comercio de Córdoba, su presidente José Viale no es demasiado optimista. “Creemos que es muy necesario hacer un acuerdo, pero no sobre precios y salarios, sino sobre seis o siete puntos en torno de los problemas originarios. El tema del megaestado, que consume una cantidad de esfuerzo a los contribuyentes, por ejemplo. Eliminar el déficit fiscal debe ser el primer objetivo”, asegura.
En un sentido similar se pronunció Jorge Yapur, vicepresidente de la cámara de industriales de la alimentación (Adiac). “Los industriales necesitamos conocer el plan económico general que propondrá el próximo gobierno. Y ese plan deberían firmarlo todos. No sólo el sindicalismo y los sectores productivos, sino los tres niveles de Gobierno, que muestren cuál es el esfuerzo que van a hacer en materia salarial puertas adentro, y en lo impositivo, con el sector privado”, agrega.
Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), dice que “podría funcionar un pacto en el que cada parte pusiera lo suyo para evitar que la inflación se espiralice. Tres o cuatro meses para mitigar la situación, pero no más de eso, para darle tiempo a tomar medidas de fondo”, remarca.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior