El paquete de medidas –de la más variada índole: energética, previsional, deuda pública, salud– pone su acento en la faz impositiva, en general con incrementos de impuestos a fines de lograr un menor desequilibrio en las cuentas fiscales.

Así, podemos resumir las importantes modificaciones de la siguiente manera:

MORATORIA

Medida muy solicitada por las empresas por la acumulación de deudas con AFIP dada la severidad de la crisis económica. El beneficio está orientado exclusivamente a empresas PYME. Cuando hablamos de PYMES, pueden encuadrarse desde cualquier trabajador independiente (ya sea monotributistas o responsables inscriptos) hasta empresas con más de 100 empleados, según sea su facturación anual. La clave: realizar el empadronamiento en AFIP.

Los beneficios son muy importantes: se condonan porciones importantes de intereses y multas en su totalidad, los plazos son extensos (planes de 60 y hasta 120 cuotas); asimismo, para quienes estén pagando algún plan anterior sin las ventajas que otorga la moratoria, pueden ingresar a la misma.

BIENES PERSONALES

En general se duplican las alícuotas, manteniendo fijos los mínimos a partir de los cuales se paga (lo que también provocará que haya más contribuyentes por efectos de la inflación en la valuación de los patrimonios). Además, se faculta al Poder Ejecutivo a aplicar una tasa máxima (que podría llegar hasta el 2,5% anual del importe) para bienes fuera del país (salvo repatriación en el caso de activos financieros).

Esta medida, aunque ya era conocida de antemano, difícilmente traiga un incremento recaudatorio sustancial, e impactará principalmente en las clases medias que lograron hacer durante su vida activa un cierto patrimonio. Las grandes fortunas tienen los modos de eludir este impuesto por distintas vías.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

En este impuesto, las dos principales medidas son las siguientes:

– Eliminación de parte del “Impuesto a la renta financiera”: Se eximen a los intereses de plazos fijos en pesos y otros instrumentos de ahorro utilizados por el público. Una muy buena medida, aunque en mi opinión se tendría que haber hecho extensivo al ahorro en dólares también, para incentivar el depósito de las divisas en los bancos.

– Para empresas, se suspende la rebaja de la alícuota del 30% al 25% prevista en la reforma tributaria de 2017; algo que –a mi criterio– debería haberse segmentado entre PYMES y empresas grandes como para evitar una mayor presión sobre las empresas más vulnerables.

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IMPUESTO A COMPRAS EN U$S

Como ya se ha informado ampliamente, el impuesto se aplica a distintas situaciones (turismo, servicios y compras con tarjetas al exterior, compra de dólares para atesoramiento, etc.). Como punto clave a resaltar es que se crea un nuevo impuesto, a diferencia de lo vivido en el cepo de los años 2012 a 2015, en el cual se aplicaba un recargo a cuenta de otros impuestos (ganancias y bienes personales). Por lo que no hay que esperar devolución ni compensación alguna en este sentido.

RETENCIONES A EXPORTACIONES

La ley no incrementa las alícuotas del tributo, pero faculta el Poder Ejecutivo a hacerlo, con topes de hasta el 33% (soja). Otra medida que se veía venir desde hace tiempo. Aunque abarca todo tipo de exportaciones (industriales, mineras, etc.), el más afectado por la cuantía de las retenciones y el volumen exportado es el sector agropecuario, cuyos dirigentes ya hicieron notar su malestar.

CARGAS SOCIALES SOBRE EMPLEADOS

Se produce un reacomodamiento de alícuotas y beneficios, que redunda en una moderada suba del impacto de este tributo. Así, la reforma tributaria de fines de 2017 planteaba una reducción gradual (del 2018 a 2022) permitiendo restar de la base de cálculo un mínimo no imponible por empleado. Dicho importe que se resta quedará “congelado” en pesos a valores de 2019, lo cual implica una fuerte pérdida de su importancia por efectos de la inflación.

CONCLUSIONES FINALES

Indudablemente, ante la coyuntura económica actual, el gobierno eligió la vía del aumento de impuestos para equilibrar números, camino que lleva la presión fiscal a un límite extremadamente alto. Resta por ver si la visión económica del nuevo gobierno es acertada: que un ajuste fiscal por el lado del gasto sería contractivo y enfriaría la actividad; asumiendo que la economía se reactivará con este paquete de medidas, sumado a otras que alienten el consumo (como la reducción de la tasa de interés) y el intento por recuperar parte del poder adquisitivo de los salarios, que sufrieron una pérdida considerable en la gestión presidencial anterior.

En mi opinión, la gran duda está puesta en la capacidad de generar empleo que tenga nuestra economía: se palpa en la calle que los empresarios PYMES son reacios a tomar nuevo personal. El talón de Aquiles de las seis medidas comentadas es justamente, a mi criterio, no haber hecho más viable (mediante una fuerte reducción de las cargas sociales) la contratación de empleados. Esto se ve agravado por el decreto presidencial estableciendo la doble indemnización por despido. Así, mi conclusión es que quizás se detenga la sangría de puestos de trabajo, pero que difícilmente las empresas (salvo en sectores económicos puntuales) salgan a contratar nuevo personal con el marco legal e impositivo actual.