Se cortó el diálogo entre el Gobierno y los dueños de Vicentin, que van a la Justicia
El Gobierno ratificó ayer que está dispuesto a avanzar en la expropiación de la empresa Vicentin mientras los dueños de la agrícola anunciaron que recurrirán a la Justicia, en un contexto en el que ya no hay diálogo entre ambas partes para resolver el conflicto.
Según admitieron ayer desde el Gobierno y desde el directorio de la compañía, los puentes de diálogo que se habían construido la semana pasada “ya no están”. El único nexo es hoy la intervención que lidera Gabriel Delgado.
Además, ni Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ni ninguna otra autoridad de la petrolera tenía previsto volver a reunirse con Delgado ni con los accionistas de Vicentin, según afirmaron fuentes de la empresa semipública.
Ahora, todo está en manos de Delgado y su segundo en la intervención, Luciano Zarich, quienes tienen el control de la firma. En un plazo de 60 días, ellos deberán decirle al presidente Alberto Fernández cuál es el estado y si hay que expropiar todo el grupo o sólo la compañía concursada.
Delgado responde directamente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Ayer, el titular de Agricultura, Luis Basterra, admitió que no estaba al tanto de la decisión de expropiar la empresa en el momento del anuncio, el lunes 8 de junio.
“Anabel (Fernández Sagasti) plateó los lineamientos. El ministerio responsable de llevar adelante el estudio fáctico es el de Kulfas. Esto debía hacerse con la reserva que se hizo porque es sobre el mundo de los negocios”, justificó Basterra.
El único nexo
El nexo de Delgado es completamente técnico. No hay diálogo político para hallar una salida consensuada. Y la diferencia principal sigue estando en la cuestión de fondo: la administración Fernández quiere expropiar la compañía y los dueños prometen resistir.
Sí hay una idea en la que los accionistas Sergio Nardelli y Alberto Padoán, que controlaron Vicentin en los últimos años, y Fernández coinciden: la creación de una empresa mixta con YPF y las cooperativas ingresando como accionistas.
Fuentes de la empresa dijeron a La Voz que están de acuerdo en ello, pero siempre y cuando se desarrolle en el contexto concursal, sin expropiación. “Esto es un tema judicial”, dijeron ayer desde la compañía santafesina.
En el entorno de Nardelli y Padoán dicen que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y su ministro de Producción, Daniel Costamagna, bendicen la iniciativa de la empresa mixta sin expropiación.
La propuesta privada no es la misma para el Banco Nación, al cual Vicentin le debe 18.500 millones de pesos. Nardelli, Padoán y los otros 107 accionistas quieren refinanciar ese pasivo y pagarlo.
Basterra respondió que ese instrumento que proponen “no es factible bajo los códigos de la debida competencia, el debido ejercicio de la gestión pública y el debido proceso”. Y señaló que el Gobierno “no va a pisar el palito” para después tener que rendir cuentas en Comodoro Py.
Los abogados de los accionistas se presentarán ante la Justicia para impugnar la intervención e intentar evitar la expropiación. Se basarán en cuestionar la validez del DNU que firmó Fernández con una legislación de expropiaciones de 1977 como plafón.
Fernández dijo el domingo que “el único instrumento” que ve posible para “rescatar” Vicentin (con una deuda de casi 100 mil millones de pesos) “es la expropiación”, porque “el Estado no tiene otro elemento” para “salvar la empresa que va al precipicio”.
Ayer, Basterra agregó que la expropiación es “el camino excluyente hasta este momento” porque nadie está ofreciendo una “alternativa superadora”. Y aseguró que la Justicia “debe investigar la forma” en que los dueños de Vicentin endeudaron a la compañía.
Admitió que Vicentin necesitará entre 300 y 400 millones de dólares para que la empresa funcione en un plazo de cinco o seis meses, cuando se empiece a proyectar la próxima cosecha, para lo que deberá apostarse por “mecanismos de prefinanciación”, porque el Tesoro no tiene ese dinero.
El proyecto de ley
No hay fecha para el envío del proyecto porque el Gobierno no tiene claro aún qué es lo que se expropiará. Para definirlo, Delgado y Zarich tienen un plazo de dos meses.
Fuentes oficiales señalaron ayer a este medio que antes de enviar la iniciativa al Congreso se necesita contar con la “especie de auditoria” que la intervención confeccionará en las próximas semanas.
Lo que generó confusión sobre la velocidad del tratamiento legislativo fueron las declaraciones que hizo el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans. “Si el Gobierno envía el proyecto de la expropiación, lo vamos a tratar enseguida”, dijo el formoseño.
Por tener mayoría, al Frente de Todos le será más sencillo aprobar el proyecto en el Senado que en Diputados, dado que si aumenta la presión sobre los legisladores del centro del país, la iniciativa puede naufragar y convertirse en una derrota política para Fernández.
La Mesa de Enlace busca amplificar el malestar rural
La dirigencia rural de Córdoba, organizada a través de la Mesa de Enlace provincial, comenzó ayer a llevar a la práctica su objetivo de potenciar y visibilizar su rechazo al proyecto de expropiación de la cerealera Vicentin, anunciado hace una semana por el Gobierno nacional.
En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María hubo unanimidad entre la dirigencia agropecuaria y la totalidad de los senadores y diputados de Juntos por el Cambio de rechazar la iniciativa oficial.
En ese marco, se acordó sumar a otros sectores que también se oponen a la idea de estatizar empresas bajo la consigna “hoy es el campo, mañana puede ser cualquier empresa”.
“La reunión fue muy positiva. Es un primer paso para visibilizar y sumar caudal gremial ante este verdadero atropello. El tema no es sólo Vicentin, es lo que esta decisión deja como antecedente”, aseguró a La Voz Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María.
“Este es el inicio de un conflicto. Es la gota que rebalsó el vaso”, aseguró, en tanto, Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de CRA y extitular de Cartez.
Del encuentro también participaron, entre otros, Javier Rotondo (Cartez), Alejandro Buttiero (Coninagro), Agustín Pizzichini (Federación Agraria) y Guillermo Vitelli (SRA).
Entre los parlamentarios estuvieron Mario Negri, Luis Juez, Héctor Baldassi, Gabriel Frizza, Diego Mestre, Soledad Carrizo, Soher El Sukaria, Hugo Romero, Adriana Ruarte, Leonor Martínez, Brenda Austin, Ernesto Martínez, y Laura Rodríguez.
“Estamos frente a la inconstitucionalidad de medidas tomadas por el Gobierno nacional. Ante la ilegalidad de llevarlas adelante a cualquier precio y a cualquier costo”, sostuvo Negri.
Los diputados de Hacemos por Córdoba dijeron en un mensaje por Twitter que esta semana se reunirán con los ruralistas.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior