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El reemplazo del IFE alcanzaría a 200 mil personas en Córdoba

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, confirmó que en agosto terminará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanza a casi nueve millones de personas en todo el país.

Sin embargo, en el Gabinete Económico y Social que preside el propio jefe de Gabinete ya están pergeñando otro programa social, que apunta a una asistencia estatal para desocupados.

Ya se comenzó a hablar del Salario Social Universal que alcanzaría a unos tres millones de personas en todo el país. Se comenzaría a pagar en octubre.

En Córdoba, según datos que maneja la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el universo de beneficiarios alcanzaría a las 200 mil personas.

El IFE es una ayuda de 10 mil pesos que la Nación puso en marcha de emergencia para asistir, fundamentalmente, a los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos por la cuarentena.

En un primer momento, en el Gabinete Social y Económico estimaron que al IFE lo podrían cobrar unas cuatro millones de personas.

Finalmente, fueron más de nueve millones de beneficiarios en la primera cuota de junio, y poco más ocho millones en la que se terminará de cobrar este viernes.

Para Córdoba, los números indican que en junio percibieron los 10 mil pesos 738 mil cordobeses, mientras que ahora lo recibirán 651 mil personas.

Asistencia y contraprestación

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, días pasados, le brindó a La Voz los trazos gruesos de lo que será este ingreso universal para desocupados, una especie de seguro de desempleo.

“El IFE fue una ayuda de emergencia evitó que más de dos millones de personas cayeran debajo de la línea de la pobreza. Además, de este dato que es muy importante, también nos permitió tener una base de datos con la cual se regirá el futuro ingreso universal, que será una especie de seguro para desocupados”, dijo Arroyo.

El funcionario nacional dio más precisiones sobre el futuro plan social. “De los nueve millones de personas que cobran el IFE, detectamos que hay tres millones de personas en todo el país que difícilmente consigan trabajo, aun cuando termine la cuarentena. A ese universo estará dirigido el ingreso universal”, argumentó Arroyo.

El funcionario nacional también aclaró que el futuro programa social tendrá una exigencia: una contraprestación por parte de los beneficiarios.

En este sentido, los dirigentes de las principales organizaciones sociales de Córdoba, también se pronunciaron a favor de recibir una asistencia para desocupados, pero que no sea un subsidio.

Silvia Quevedo, de Barrios de Pie, pronosticó una empeoramiento de las situación social.

«No hay dudas de que después de la pandemia habrá más desocupación y pobreza. Nosotros venimos reclamando una asistencia universal para desocupados, pero con contraprestación. La dignidad se consigue con el trabajo», manifestó.

Por su parte, Pablo Montes, referente del Movimiento Evita, y secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep), rechazó la posibilidad de un subsidio.

«El IFE fue un ingreso de emergencia para atender la crisis de la cuarentena, pero un ingreso universal para desocupados debe ser con contraprestación. Todos queremos trabajar», dijo el dirigente social.

Negociación

El Salario Social Universal es un pedido que las organizaciones sociales ya le reclamaban al anterior gobierno de Mauricio Macri.

Si bien fueron opositoras a la gestión macrista, con distintas movilizaciones callejeras, las organizaciones piqueteras consiguieron la aprobación en el Congreso de la Ley de Emergencia Social, que contiene un ingreso universal para desocupados.

Ahora, las principales organizaciones sociales –como Movimiento Evita y Barrio de Pie– integran el Gobierno nacional, por lo cual, hay un diálogo directo.

La discusión que ya arrancó es por el monto del ingreso universal. En la Casa Rosada hablan de un salario mínimo, vital y móvil, que hoy es de 16.750 pesos. Mientras que las organizaciones sociales apuntan a que este ingreso sea un promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT).

La primera, en junio se ubicó en 17.900 pesos, mientras que la canasta total (CBT) trepó a los 42.594 pesos.

El reclamo de las organizaciones sociales es que el seguro de desempleo cubra la canasta total. Una inversión del Estado nacional que hoy no podría afrontar.

De allí, que en el Gobierno nacional piensen en la salario mínimo como un parámetro para el ingreso a desocupados. El costo fiscal será de alrededor de 50 mil millones de pesos mensuales.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior