La reforma judicial de Fernández se desmorona por falta de consenso

El proyecto de reforma de los Tribunales de Comodoro Py obtendrá la media sanción la semana que viene en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría, pero en Diputados al oficialismo le faltan votos y nada parece indicar que se vaya a revertir esa desventaja.

Lo mismo ocurre en el Senado con el pliego de Daniel Rafecas a procurador General de la Nación: Alberto Fernández lo propuso en diciembre, pero para ser designado se necesitan los dos tercios, que el oficialismo no tiene ni los tendrá, a juzgar por la dura postura que adoptaron 29 senadores opositores.

Además de esta ley, que crea una nueva Justicia federal penal cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia, el paquete de reforma judicial se compone de otras tres propuestas, cuyo diseño fue encomendado a una comisión de juristas expertos.

Los anteproyectos que elaborarán los expertos –entre quienes figura Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner– atañen a la Corte Suprema, con el posible aumento de su cantidad de integrantes; al Ministerio Público, el mundo de los fiscales federales, y al Consejo de la Magistratura, encargado de los concursos y de la selección de los jueces federales.

Esa parte de la reforma judicial de la Casa Rosada corre a una velocidad más lenta que la del proyecto de ley, de organización y competencia de la Justicia federal, que le costará al Estado 1.939 millones de pesos en creación de nuevos cargos, y que avanza en la Cámara Alta.

Pero no parece que fuera a ser convertida finalmente en ley si se toma nota de los rechazos anticipados del peronismo no kirchnerista y de otros bloques, que suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.

Esta vez –y sobre todo tras la marcha del lunes 17– no quieren saber nada con quedar pegados a una reforma a la que no sólo consideran inoportuna e inconveniente en su redacción, sino también peligrosa en lo político, porque buena parte del electorado la asocia directamente con un plan para salvar de la cárcel a la vicepresidenta, investigada en varias causas de corrupción.

“No hay apuro con la reforma judicial, tenemos todo el año legislativo para debatirla”, dijo Sergio Massa en el programa de Viviana Canosa, de Canal 9.

Como presidente de la Cámara Baja, Massa está al tanto de los números. A juzgar por los rechazos anticipados, una vez girada la media sanción del Senado, el oficialismo hoy por hoy sólo obtendría 126 apoyos, sumando nueve aliados, contra los 129 rechazos de la oposición.

Eventuales ausencias podrían jugar un rol clave, pero sería extraño que el oficialismo convocase a una sesión para perder una votación, sin tener el número firme, y más tratándose de un proyecto del presidente de la Nación.

Es decir que el proyecto de ley que inaugura la reforma judicial podría quedar en la nada, así como el pliego de Rafecas, una designación considerada clave para el esquema judicial impulsado por Alberto Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Intereses

Quienes conocen el mundo judicial afirman que, contrariamente a lo que suponen en Juntos por el Cambio, el verdadero interesado en la reforma es el Presidente, en acuerdo con los mismos magistrados federales, y no la vicepresidenta, que se juega su suerte en instancias judiciales superiores.

Afirman, inclusive, que a la presidenta del Senado no le importa ni siquiera la designación de Rafecas, pliego al que dan por caído, y sí el desplazamiento del actual procurador, Eduardo Casal, para que pueda asumir en su lugar Víctor Abramovich, un funcionario judicial afín al ideario kirchnerista.

Desmentida

Rafecas aclaró ayer que no declinó su postulación a jefe de los fiscales federales. “La pandemia demoró el tratamiento del pliego. Sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo”, dijo en su cuenta de Instagram, después de que trascendieron, en una nota de Infobae, apreciaciones sobre la reforma judicial que realizó en una reunión por videollamada.

Por ejemplo, expresó su disgusto con los ataques del kirchnerismo a Casal y advirtió: “No cuenten conmigo, no acepto que se elija al procurador con mayoría simple”.

Aludió así a la supuesta intención de facilitar, con la reforma judicial, la mayoría requerida para el nombramiento del jefe de los fiscales federales: la mitad más uno en vez de los dos tercios de los presentes. Rafecas entiende que esto le quitaría legitimidad a su nombramiento.

También dijo: “Me cuesta entender el esfuerzo que están haciendo para reformar la Justicia con un proyecto que atrasa 50 años. Yo creo que sería más útil avanzar rápidamente hacia el sistema acusatorio”.

Esa es, precisamente, la crítica central que realizaron los juristas –tanto los opositores como inclusive los más afines al oficialismo– que expusieron durante las últimas dos semanas en las reuniones del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, que el miércoles firmaron los dictámenes sobre la iniciativa.

Desde abril, cayó 27% la confianza en el Gobierno

Lo reveló la medición de la Universidad Di Tella.

La confianza en el Gobierno nacional sigue en retroceso. Y lo viene haciendo desde abril pasado, cuando alcanzó una suba considerable, gracias a las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández para combatir al coronavirus. Desde abril, la caída ha sido de casi el 30% (27,7%). Así lo afirma el último estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que dio a conocer el índice de confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente al mes de agosto de 2020.

El ICG de agosto fue de 2,38 puntos, con una caída de 6 % respecto de la medición del mes anterior, la cuarta consecutiva luego del pico de abril.

Aún no se conoce la versión final del dictamen de comisión del Senado

Mientras crece la discusión política por la reforma judicial, senadores opositores denunciaron hasta anoche que aún no se conoce el dictamen final surgido de las comisiones y que fue aprobado el miércoles.

Los senadores opositores cordobeses Laura Rodríguez Machado (PRO) y Ernesto Martínez (Frente Cívico) cuestionaron al Frente de Todos por esta situación. “Dicen que hubo cambios, pero ningún senador oficialista nos pudo decir cuáles fueron esos cambios”, coincidieron los legisladores de Juntos por el Cambio.

Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) presentó una propuesta para que los Tribunales federales de Villa María y de San Francisco no perdieran su competencia penal, como decía el proyecto original que envió el oficialismo.

Caserio no integra ninguna de las dos comisiones en las cuales se trató la reforma. Por lo tanto, hasta que se oficialice el dictamen, no se conocerá si están incluidos estos cambios propuestos por el senador albertista.

Fuentes de la Cámara Alta comentaron que el dictamen estaba listo, pero, como la firma de los senadores de las comisiones es digital, recién se conocería hoy. El jueves próximo se trataría en el recinto y se aprobará sólo con el voto del oficialismo.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior