Con media sanción cantada, el Senado trata un punto clave de la reforma judicial
Juntos por el Cambio le pidió a Alberto Fernández que retirara el proyecto. En el último feriado, del lunes 17, se realizaron marchas en contra en todo el país. Lo criticaron juristas, propios y ajenos. Entre ayer y hoy, frente al Congreso, se realiza el “acampe por la República”, también en rechazo. Y la propia Cristina Kirchner lo ninguneó, al señalar que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que se va a debatir este jueves”.
A pesar de todo, el Senado, con la mayoría imbatible del Frente de Todos (41 sobre 72 senadores), le dará hoy media sanción a la iniciativa, impulsada por el Presidente y cuyo diseño se atribuye al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, como encargada de un cabildeo que parece insuficiente.
La vicepresidenta está más interesada, dicen quienes la conocen, en aumentar la cantidad de integrantes de la Corte y meter cambios en instancias superiores del Poder Judicial que en modificar el esquema de los jueces de instrucción, corazón de la propuesta gubernamental. Cristina no solamente no defendió la iniciativa sino que le quitó importancia.
Con todo, para hoy se proyecta un 42 –del Frente de Todos y aliados– a 29 –de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero–, resultado que se condice con la fortaleza numérica del oficialismo, no con su convencimiento.
Pero la ley podría quedar en la nada, porque en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, el Frente de Todos no tiene los votos y no parece que los vaya a conseguir, a juzgar por los rechazos ya anticipados de la mayoría de los opositores.
Una prueba de ello es que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, salió rápidamente a abrir el paraguas, esta misma semana, al señalar que el proyecto tendrá un debate profundo y que no será tan veloz como en la Cámara Alta.
En Diputados, el Frente de Todos tiene 118 integrantes (sin contar a José Ignacio de Mendiguren, de licencia). Es decir que le faltan 11 diputados sentados (ahora, conectados, porque son sesiones virtuales) para poder iniciar una sesión. La misma cantidad le faltarían para aprobar la ley, en caso de que todos los miembros de la Cámara estuvieran presentes.
El oficialismo construye mayoría con el apoyo de los ocho diputados del espacio que lidera el mendocino José Luis Ramón, el de la neuquina Alma Sapag (MPN) y varios del interbloque Federal, que integran el lavagnismo, el peronismo no kirchnerista, el Frente Progresista de Santa Fe y el bloque Córdoba Federal, que responde a Juan Schiaretti.
Los cuatro peronistas cordobeses ya hicieron saber no solamente que no votarán la iniciativa gubernamental, inclusive a pesar de los cambios que el oficialismo le introdujo en el Senado, sino que además no contribuirán al cuórum de la sesión en que eventualmente se discuta este proyecto (lo que, de todas maneras, hoy parece improbable).
“Están muy equivocados, porque creo que tenemos que tener presencia siempre. Si le hemos dado cuórum al gobierno de Mauricio Macri, ¿por qué no le vamos a dar el mismo cuórum al gobierno de Alberto Fernández?”, cuestionó el senador Carlos Caserio, alejado del schiarettismo y fuertemente identificado, ya desde la campaña presidencial, con el Frente de Todos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dijo que “no es justo” que los diputados de Córdoba Federal hayan decidido rehusarse a debatir el proyecto. “La misma gobernabilidad que le dimos a Macri la merece Alberto”, dijo Caserio, que hoy votará a favor de la iniciativa de la Casa Rosada.
En ese contexto, con las consignas #AcampePorLaRepública y #NoALaReformaJudicialK, grupos de manifestantes fueron a protestar a las puertas del Congreso en contra de la iniciativa, que en verdad forma parte de un paquete de reforma judicial, cuya elaboración está encomendada a un comité de juristas.
Ellos —entre quienes figura Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner— serán los encargados de aconsejar al Presidente sobre iniciativas para “mejorar el funcionamiento” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura.
El camino hacia una reforma judicial en la Argentina asoma no solamente largo sino lleno de obstáculos.
Un proyecto para Comodoro Py. La iniciativa crea una nueva Justicia federal penal, la de Comodoro Py, cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia (serán 46: los 12 actuales, los 11 en lo Penal Económico y otros 23 nuevos).
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior