Reforma judicial: el Senado aprobó una ley clave con mayoría del oficialismo
El Senado dio esta madrugada de viernes el primer paso hacia la reforma judicial ideada por el gobierno de Alberto Fernández, al darle media sanción al proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos (FDT) no tiene mayoría y deberá negociar duro con la oposición si quiere que la iniciativa se convierta en ley.
El proyecto crea una nueva Justicia Federal Penal cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia, porque serán 46: los 12 que funcionan de Comodoro Py, los 11 en lo Penal Económico y otros 23 nuevos.
Fernández tendría la posibilidad, entonces, de nombrar a al menos la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más resonantes del país.
En la noche de este jueves, en el afán de calmar las aguas que él mismo había agitado, el ultrakirchnerista Oscar Parrilli anunció que del texto del oficialismo se quitaría la cláusula que obligaba a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura eventuales presiones de los poderes «mediáticos». «Así alejamos fantasmas», dijo.
Si ya estaba complicado el panorama en Diputados —con los rechazos anticipados de los opositores que, justamente, suelen ayudar al oficialismo a aprobar leyes—, esa palabra, «mediáticos», que se había agregado a la redacción entre gallos y medianoche a instancias de Parrilli, había terminado de espantar todo posible apoyo a conseguir en la otra cámara.
La discusión en Diputados será larga. Lo anticipó el presidente del cuerpo, Sergio Massa, como abriendo el paraguas a un posible fracaso: dijo que se tomará su tiempo y que invitarán a opinar a una gran cantidad de personas.
Es que Juntos por el Cambio (JPC), el principal espacio de la oposición, le pidió directamente al presidente Fernández por carta que retire la iniciativa. Y después anticiparon sus rechazos el lavagnismo, el schiarettismo, el Frente Progresista santafesino y hasta algunos diputados del interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón, que suele apoyar al oficialismo de forma monolítica.
En verdad, nadie pone en duda que es necesaria una reconfiguración de los tribunales federales penales, que en la Capital Federal se ubican en el edificio de la avenida Comodoro Py 2.002, para «evitar el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos», como dijo el propio presidente Fernández, el 1º de marzo.
Pero el oficialismo y la oposición sí discrepan acerca de la oportunidad de tratar esta iniciativa y, sobre todo, de la redacción del proyecto, diseñado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.
Mientras en FDT creen, en línea con la Casa Rosada, que es conveniente aumentar la cantidad de jueces de Comodoro Py porque así se les licúa su poder, JPC y otros espacios opositores consideran que el único fin de la propuesta del Presidente es garantizar la impunidad sobre las causas de corrupción. Y, en particular, aquellas en que está denunciada la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Con esas diferencias, irreconciliables, se desarrollo el debate en la Cámara Alta sobre este proyecto de ley. La discusión arrancó pasada las 4 de la tarde del jueves y terminó alrededor de las 00.30 de este viernes. Y el proyecto terminó siendo aprobado por 40 votos afirmativos a 26 negativos.
Pero el camino de la reforma judicial es largo y corre a distintas velocidades: ahora no solamente falta la discusión en Diputados sino también que el comité de expertos elegidos por Fernández le presente propuestas para «mejorar el funcionamiento» de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura. Todo ese paquete es lo que se da en llamar reforma judicial.
«Lawfare» y «festival de cargos»
La encargada de presentar el proyecto del FDT, que sufrió cambios respecto de la redacción enviada por el Ejecutivo, fue la ultrakirchnerista María de los Angeles Sacnun, quien condujo el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales (la preside) y Justicia.
«Hemos asistido a una oposición cerrada, que no pretendió generar ningún tipo de cambio en el proyecto que venía del Ejecutivo», dijo Sacnun.
La santafesina señaló que para el oficialismo la iniciativa sí es oportuna y cuestionó que durante la presidencia de Mauricio Macri «se estableció una mesa judicial”, cuya función era perseguir a “tal o cual juez”, según las conveniencias del poder.
Sacnun, al igual que la mayoría de los oficialistas, dedicó la mayor porción de su discurso no tanto a defender el texto del proyecto sino a cuestionar a la gestión de Cambiemos. En ese marco, acusó a la oposición de sentirse «muy cómoda con esta Justicia» y señaló que «por eso no quiere reformarla».
En la vereda de enfrente, la encargada de sentar la postura de JPC fue la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien sostuvo que «tanto los senadores del oficialismo como la presidenta del Senado se han sincerado, afirmando que el proyecto no es la reforma judicial en su conjunto sino sólo una parte», porque, según dijo, «después viene un avance mucho más profundo sobre la Justicia».
«Con este proyecto se está aprobando un gasto de 6 mil millones de pesos para la Justicia Federal, que atiende a los poderosos y a los que cometen delitos de corrupción», aseveró y cuestionó que el consejo de expertos esté «integrado por el abogado Carlos Beraldi, que defiende a Cristina Fernández en las causas de corrupción».
«El proyecto original (del Ejecutivo) creaba 279 cargos, pero después, en el despacho que firmó el oficialismo, se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados», dijo Rodríguez Machado, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Más tarde, el radical mendocino Julio Cobos detalló que con esta iniciativa «se están creando 316 magistrados, 908 nuevos cargos», en total, y que por el debate en comisiones pasaron «48 expositores, de los cuales 11 hablaron a favor; 8, con críticas; 27, en contra, y 2, nada más, que se dedicaron al informe de las transferencias de la Ciudad de Buenos Aires».
«No vamos a acompañar porque entendemos que esta reforma es inoportuna; no ha sido consensuada ni política ni socialmente; le falta consistencia; tiene muchas improvisaciones; acarrea un gran costo económico; duplica la cantidad de magistrados sin guardar relación directa con la eficiencia, y no resuelve el problema de Comodoro Py ni el del fuero Contencioso Administrativo», dijo Cobos.
Menos concentración en Comodoro Py y más juzgados en el interior del país
La reforma del fuero federal contempla los siguientes aspectos centrales:
Creación del fuero Penal Federal. Plantea la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de “fuero Penal Federal” con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Ese fuero quedará integrado con los tribunales orales, con las cámaras de apelaciones y con los juzgados ya existentes en los fueros que se unifican, y los órganos que se crean con esta ley.
Se crearán 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes y los que se crean actuarán con una secretaría cada uno, sin perjuicio del juzgado que tiene a su cargo la secretaría electoral.
De esta manera, de los 12 juzgados federales que hoy existen en Comodoro Py, se pasará a una estructura con 46 jueces. La idea del Gobierno es licuar el poder de los jueces federales actuales para que no concentren todas las investigaciones de corrupción.
Ministerio Público Fiscal. A partir de la sanción de la nueva ley, cumplirá sus funciones ante los tribunales orales, las cámaras de apelaciones y los juzgados del fuero creado por el proyecto de ley, y se crearán 23 fiscalías que actuarán ante los juzgados en lo Penal Federal, con una secretaría cada una, y seis que lo harán ante los tribunales orales en lo Penal Federal, también con una secretaría cada una.
Sistema acusatorio. El proyecto establece que, dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso significa que se pone en práctica el sistema acusatorio que les traslada el peso de la investigación a los fiscales y transforma a los jueces en meros guardianes de que en esa investigación se respeten las garantías constitucionales.
Causas en trámite. Las radicadas en tribunales orales en lo Criminal Federal, tribunales orales nacionales en lo Penal Económico, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y juzgados nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión, según las competencias establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación. Ello sin perjuicio de los cambios de denominación.
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo. Se impulsa la unificación de los fueros nacional en lo Civil y Comercial Federal y nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Quedará integrado por una Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, por juzgados de primera instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal y por juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias, todos con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
Reglas de actuación. Los jueces deberán: a) mantener trato equivalente con las partes. b) No caer en favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes. c) Garantizar un trato digno e igualitario. d) Ejercer sus funciones libres de interferencias. e) Comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia de poder político o grupos de presión. f) Evitar la influencia del “clamor público”, y g) no valerse del cargo para promover o defender intereses privados.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior