IFE: con en el recorte, Córdoba perderá $ 4.400 millones en consumo
La cuarta y última etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se abonará en diciembre, pero con un importante ajuste. Según admitieron fuentes oficiales de la Casa Rosada, la asistencia llegará a menos de tres millones de beneficiarios, en lugar de los 8,7 millones que alcanzó el último pago en septiembre pasado.
Además de ser una asistencia de 10 mil pesos para los desocupados, el IFE también se había convertido en una inyección sustancial para el consumo en todo el país, en una economía deteriorada por la caída de la actividad que generó la prolongada cuarentena.
Por ejemplo, en la provincia Córdoba, la última cuota (que se terminó de cobrar el 22 de septiembre) llegó a 641 mil personas. Es decir, ingresaron 6.410 millones de pesos al consumo en toda la provincia.
En su momento, el propio ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Juan Carlos Massei, reconoció la importancia de estos recursos que se vuelcan en el sector comercial.
“Además de ser una asistencia importante para quienes se quedaron sin la posibilidad de trabajar durante la cuarentena, el IFE es una inyección muy importante para el consumo en todo el país. Esos 10 mil pesos van principalmente a los comercios chicos en todas las provincias, incluida Córdoba”, refirió el titular de la cartera social provincial.
Desocupados jóvenes
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el organismo que implementa este subsidio, aún no confirmó oficialmente la cantidad de beneficiarios que tendrá la última etapa del IFE.
Lo que trascendió es que llegará a menos de tres millones de beneficiarios. En su mayoría, desocupados jóvenes, de entre 20 y 30 años.
Según el padrón de beneficiarios que manejan en la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Córdoba habría alrededor de 200 mil personas en ese universo.
Por lo cual, de los 6.410 millones de pesos que se inyectaron al consumo en Córdoba, en septiembre pasado, en diciembre, ahora serían alrededor de 2.000 mil millones de pesos.
El ajuste en la última etapa del IFE significará para Córdoba un recorte de 4.410 millones de pesos que ya no llegarán a los comercios.
El IFE fue uno de los principales programas asistenciales que implementó el Gobierno nacional para paliar la situación de emergencia económica que generó la cuarentena por el Covid.
Como en gran parte de los distritos, sobre todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), se han reanudado buena parte de las actividades, la Nación decidirá interrumpir esta ayuda estatal, con el último pago de diciembre, con un importante ajuste.
La otra asistencia importante fueron los ATP que llegaron a las empresas para pagar la mitad de los salarios a los trabajadores formales.
Contraprestación
Esta ayuda estatal también finalizará en diciembre para el sector privado. En julio pasado, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le dijo a La Voz que el subsidio del IFE debería reconvertirse en un plan asistencial para desocupados, pero con contraprestación.
“La crisis económica que generó la cuarentena obligó a implementar este subsidio, pero en el futuro se deberá reconvertir en un plan para desocupados, con contraprestación. El mejor plan social es un trabajo”, señaló el funcionario albertista.
Arroyo manifestó que en el padrón de casi nueve millones de personas del IFE, había alrededor de tres millones de desocupadas y desocupados jóvenes a los que el Estado deberá asistir.
“Hemos detectado a alrededor de tres millones de desocupados que no encontrarán trabajo de manera inmediata cuando se normalicen las actividades económicas. A ellos tenemos que llegar, pero con contraprestación. No puede ser un subsidio”, remarcó Arroyo.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron a este medio que se mantiene la intención de implementar un programa para desocupados, pero hay un dato no menor: en el Presupuesto que deberá transformar en ley el Senado, no figura una partida para esta iniciativa.
Es más, el ingresos para desocupados, con contraprestación, sería un salario mínimo, vital y móvil, por lo cual, sería un desembolso de 50 mil millones de pesos, en un contexto de un intento del Gobierno por reducir el déficit fiscal.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior