Aborto legal: concluyó la rueda de exposiciones de este martes en el Senado
Veinte especialistas en derecho plantean durante este martes sus opiniones respecto a cuestiones como la constitucionalidad o no del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el marco del debate del proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados.
El primero de los expositores fue el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, quien consideró que esta iniciativa «tiene que pasar el test de constitucionalidad» y cuestionó que en los debates «no aparezca el interés superior del niño y de la niña». «Todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates. Se ha hablado mucho de la mujer y poco del niño», expresó, y añadió que la Argentina aún «debe aclarar» su posición respecto a si «se es niño desde la concepción».
El ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien se pronunció a favor de la propuesta, declaró que «no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto» y precisó que «todos los órganos de derechos humanos a nivel internacional han establecido que puede practicarse el aborto temprano». Respecto al comienzo de la vida humana, sostuvo que quienes se oponen al aborto «personifican u humanizan al proyecto de vida y esto no es así» y remarcó que «el embrión no es una persona ya nacida» y «el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer» ya que «la vida necesita un desarrollo para nacer».
«Es una ficción sostener que un embrión es un chico», añadió y refutó la «creencia de que si se despenalizan los abortos se van a multiplicar como un método anticonceptivo». Para Gil Lavedra, «no hay bebé si no hay madre y la maternidad no puede ser forzada» ya que «la mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar un embarazo no deseado».
En tanto, Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que la Constitución «protege la vida desde la concepción», señaló que el Estado «debe ofrecer opciones» a la mujer gestante que no desee la maternidad como la adopción y consideró que este proyecto «da derecho a abortar pero no a decidir». «Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica», dijo la abogada, y advirtió que la ley, en caso de aprobarse, obliga «a toda la sociedad a financiar el aborto».
La ronda de consultas fue abierta este lunes por los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y por la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Cada expositor tiene siete minutos. Cada cinco disertantes, se hace una ronda de preguntas, mientras que el tiempo que disponen para responder es de tres minutos.
En el segundo turno, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), Pablo Garat, apuntó que «ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto y mucho menos a imponerlo a las provincias». «Este proyecto tiene que superar el test de constitucionalidad y el de convencionalidad frente a los tratados sobre derechos humanos. Todo nuestro orden jurídico se apoya en el principio del interés superior del niño y la niña, esto no puede estar ausente», agregó Garat.
Por su parte, María Cristina Álvarez Travieso, magister en Ciencias Políticas y especialista en políticas públicas para la infancia apuntó en su exposición al bloque oficialista del Senado al recordar que «Néstor Kirchner siempre ratificó su rechazo al aborto». Y agregó: «Cristina Kirchner fue más lejos: con la asignación universal por embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer con los de los ya nacidos».
Continuando el segundo bloque de expositores, se expresaron Edgardo Young, miembro de la Academia de Medicina, y Aida Kemelmajer de Carlucci, integrante de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.
Young expresó su postura en contra del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo y señaló: «La vida humana empieza en el proceso de la fertilización y cuando empieza la multiplicación celular, se va desarrollando un nuevo ser. No es persona todavía, pero sí es una persona en potencia y debe tener el mismo valor que una en desarrollo».
A su turno, Kemelmajer de Carlucci, cuya postura a favor de la legalización es conocida y también la expresó durante el debate de 2018, reconoció en esta oportunidad que «el ordenamiento jurídico» argentino «tiene que resolver conflictos de derecho». Al respecto explicó: «Hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción. Esa norma está allí de la misma manera que las normas y principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada al llevar adelante su propio proyecto de vida, es decir, a la autonomía».
La especialista afirmó que no hay «derechos absolutos» y explicó que «si el feto tuviera un derecho absoluto a la vida en cualquier circunstancia por escaso desarrollo que tenga, ese feto tendría un derecho superior al de las personas vivas». «En la legítima defensa se contempla que una persona prive a otra del derecho a la vida», agregó Kemelmajer para graficar.
Además, afirmó que «el proyecto de ley no viola la Convención de los Derechos del Niño, porque cuando menciona el interés superior del niño no significa que el niño sea ese feto».
La abogada e investigadora Débora Rainieri discrepó con esta visión e hizo hincapié en los efectos psíquicos que según algunos análisis el aborto genera en mujeres que decidieron interrumpir embarazos en aquellos países donde esas prácticas son legales. «Estamos ante una legislación preocupante para nuestro país. La consecuencias que seguirán de esta legislación, ustedes serán los responsables», dijo desafiante al concluir su intervención.
El abogado constitucionalista Alfredo Vitolo reconoció que hace 100 años el Código Penal de Vélez Sarsfield «despenalizó determinadas circunstancias de abortos», pero señaló que «en ningún modo podemos entender que el Código Penal obliga al médico a realizar el aborto en esas condiciones».
La abogada feminista Natalia Gherardi resaltó que «todos los comités de tratados internacionales de Derechos Humanos indicaron que nada en ello prohíbe la regulación del derecho a la interrupción del embarazo» y que de hecho «son pronunciamientos sostenidos, reiterados y oportunamente ampliados».
La abogada y licencia en Ciencias Políticas María Inés Franck se opuso a la iniciativa y comentó que «lo que este proyecto agrega a lo que ya tenemos (el aborto no punible por causales) es el aborto libre, que no esta permitido en nuestro derecho porque se sabe que la vida está protegida en las primeras etapas de su desarrollo».
Por otra parte, destacó que la media sanción contemple la objeción de conciencia pero expresó sus reparos respecto de aquellos médicos que no se anoten en el registro de objetores de conciencia. «Al médico no objetor de conciencia que decida no hacer un aborto porque cree que no es la mejor decisión desde el punto de vista sanitario, es a quien se amenaza en la media sanción. El médico se convierte en el mero ejecutor del deseo de una mujer», alertó.
«Si esta ley se aprobara se estaría legalizando la eliminación de la vida humana hasta la semana semana 14 por razones arbitrarias o por lo menos por razones privadas sobre las cuales no tendrían por qué explicarse . Todo lo demás puede compensarse. La pedida de la vida, no. No admite grados ni regulación. Se tiene o no se tiene- Eso es lo que se nos dijo cuando comenzó la cuarentena, que el cuidado de la vida bien vale la paralización de un país», argumentó.
La antropóloga Marta Lamas Encabo aportó un dato sobre la experiencia concreta en México, donde se legalizó el aborto hace 13 años. «En México la idea de que las mujeres son unas irresponsables, que abortan de manera frívola empezó a irse para abajo ya que la mayoría de las mujeres que iban a solicitar una ILE lo hacían entre la semana 8 y la 10 que es cuando puede ser por medicamento», manifestó.
En tanto, el doctor en derecho Santiago Alfonso opinó que «el proyecto para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional y debe ser rechazado» a raíz del «desconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana».
Fuente. La Mañana. La Mañana