La Provincia cubrirá el ATP que Nación quita a las clínicas
El sector privado de la salud en Córdoba tiene, por estas horas, tres certezas: la primera es que se termina el salario complementario (ATP) con que el Estado nacional venía sosteniendo al sector; la segunda, que la Provincia asumirá ese subsidio al menos por tres meses; y la tercera, que todas las que puedan deberán presentarle al Gobierno provincial proyectos para ampliar todavía más sus internados de terapia intensiva, ya que habrá financiamiento oficial.
El gran paraguas que aglutina todas esas certezas tiene datos objetivos: la segunda ola de Covid-19 llegará al país y será más virulenta que la primera, tal como pasó en Europa.
La presunción es que a partir del 15 de enero, la provincia retomará la suba ascendente de casos y que hacia febrero-marzo tendrá otra vez un número alto de contagios.
El problema es que tocará enfrentarla con un personal sanitario extenuado, una ciudadanía rebelde a los cuidados elementales y con un panorama económico y financiero de catástrofe para la salud, porque los costos son cada vez más altos y los ingresos, menores.
El panorama es tan complejo que por primera vez en la historia se conformó una Federación Argentina de Prestadores de Salud, que reúne a todos los prestadores privados del país y que hoy, en señal de protesta, no atenderá consultas médicas entre las 10 y las 13.
“Estuvimos con (Claudio) Moroni y nos terminó de confirmar que nos olvidemos del ATP, no hay recursos”, enfatiza Jorge Cherro, presidente de Adecra, unas de las entidades que forma parte de la Federación.
Tampoco seguirá el diferimiento de las contribuciones patronales ni se pagará el bono de $ 5.000 a los trabajadores de salud.
“Sin el ATP, el sector está fundido, porque el Gobierno no ha autorizado la suba de precios, el Pami y las obras sociales no han compensado la inflación ni de cerca, las prepagas han aumentado 10% con una inflación del 40, y tenemos una paritaria que se firmó contra la continuidad del ATP, que no va a estar”, dice Marcos Losada, del Sanatorio Allende.
“Hay aumento de costos, no le dejás al sector subir los precios y le cortás los subsidios”, remarca.
Provincias
Aunque el panorama es complejo y casi terminal para el 80% de los prestadores del país, cada provincia atiende su situación en particular, ya que son los gobernadores los que tienen a su cargo el servicio de salud.
En Córdoba, por el momento, el Gobierno pondrá fondos propios para compensar la caída del ATP.
“Los vamos a acompañar y la posibilidad que tenemos es que sean anticipos a cuenta de prestaciones futuras”, señala Nicolás Carvajal, titular del Apross.
La ayuda sería a través de esta entidad, bajo el formato de anticipo, que después se resolverá cómo se compensa. “Es el sector más importante de preservar para una segunda ola”, remarca.
Aclisa y Caescor, las dos entidades que en Córdoba agrupan a los prestadores privados, ya hicieron un relevamiento y lo presentaron en la mesa de trabajo de la que participan junto al Apross y el Ministerio de Salud.
En Córdoba, el sector privado tiene 12.500 empleados. Cada uno recibió en promedio, $ 24.284 por mes de parte de Anses en concepto de salario complementario. La otra mitad la aportaron los empleadores, difiriendo cargas patronales.
Cubrir al menos el ATP para las clínicas cordobesas le significará al Estado provincial $ 303,64 millones mensuales.
Los que no son prestadores de Apross accederían a una ayuda directa de Salud, cuya formalidad se está discutiendo.
De todos modos, Apross está “censando” a todos los trabajadores del sector privado a los fines de precisar la ayuda.
La ayuda provincial sería en enero, febrero y marzo. Sólo esta asistencia representará el 20% del Fondo especial de $ 5 mil millones que este 2019 se creó para afrontar el Covid.
Camas
También se está buscando una tercera ronda de ampliación de la capacidad instalada de camas de terapia.
La primera fue apenas comenzó la pandemia, cuando se duplicó el parque en el sector público y se llegaron, entre públicos y privados, a 1.327.
Con el correr de los meses se fueron agregando camas en los hospitales destinados a Covid, más el modular que construyó Nación.
A inicios de octubre, en pleno pico de la pandemia, la Provincia les dio a los prestadores privados respiradores automáticos, el Apross les reconoció el pago de un módulo Covid e instó a los privados a sumar más camas. Eso, más la “rotación” de terapias (destinar a Covid las tradicionales, que son más amplias) permitió incrementar otro 30% la capacidad del sector. Así, a mediados de octubre, el sistema público-privado pasó a tener 2.143 camas. El pico de internados críticos se alcanzó el 30 de octubre, con 1.712 pacientes.
Ahora se busca una tercera ampliación.
“Nos pidieron que todo el que pudiera ampliar la capacidad que presente proyectos, que nos van a otorgar la financiación”, cuenta Ignacio Escuti, titular de la Romagosa. Fue una de las que amplió en la crisis.
Problemas
“En líneas generales, el ATP es el 20% del presupuesto de una clínica media, y otro 20% son los aportes patronales que las instituciones no están pagando. Así que de una forma u otra el Estado te estaba asistiendo con el 40% y eso desaparece”, plantea Juan Grass, titular del Hospital Italiano y presidente de Aclisa.
La finalización de la ayuda estatal es una parte del problema. La otra es que la demanda está lejos de recuperarse. Se arrastra el daño de haber cerrado prácticamente entre marzo y agosto, cuando la atención se redujo hasta 90% en algunas prácticas.
Hoy ya la atención es casi normal, pero dentro de los márgenes que permite la pandemia.
“En la consulta presencial estamos cercanos a la capacidad máxima. Disponibilidad que está en el 60% de la capacidad, ya que hay que prever el distanciamiento y espaciar los turnos”, dice Losada.
“Pami no se mueve desde hace un año; la consulta médica que paga está en 164 pesos”, dice Gras.
Las obras sociales recibieron aportes extraordinarios del Ministerio de Salud, pero no los trasladaron a los prestadores, al igual que las prepagas, que sólo obtuvieron 10% de aumento, lo que significa que también “pedalean” los pagos a quienes efectivamente prestan el servicio de salud.
REPRO II. El Gobierno nacional ya anunció que, caídos los ATP, seguirá ayudando a empresas privadas a pagar salarios al menos hasta abril. Lo hará con el REPRO II, que aporta $ 9.000 por empleado.
El 80% del sector privado de la salud ya está atravesando dificultades
El sector privado de la salud advierte, pasados 10 meses de pandemia, que está al borde del colapso, con peligros críticos en el frente financiero, económico y sanitario. El agravante es que el 31 de diciembre se terminan tres ayudas del Estado nacional y, pese a diferentes gestiones, la decisión oficial sigue siendo darles punto final.
Una es el pago del salario complementario, que representa unos $ 24 mil por trabajador, tanto administrativo como sanitario, y que según cálculos en el sector colaboró con el 20% de los gastos totales que tiene.
La otra es que se termina uno de los beneficios del decreto 300/2020: si bien continuará la alícuota reducida para el impuesto al cheque, se termina la reducción en 95% de las contribuciones patronales que pagaba el sector.
Y la tercera es que se termina también el pago de los $ 5.000 que abonaba la Nación a los trabajadores y en el sector temen que el gremio presione para que lo asuman los empleadores.
Además, en enero comienza al traslado al básico del aumento de siete mil pesos mensuales que se acordó en paritaria.
Hace unas semanas se conformó la Federación Argentina de Prestadores de Salud, que nuclea a nueve cámaras de envergadura, que representan a todo el sector prestador de salud del país: clínicas, sanatorios, geriátricos, laboratorios, diagnóstico por imágenes, salud mental y emergencias médicas. Son unos 5.500 atravesados por la misma situación: el riesgo de supervivencia.
“El prestador independiente, grande o pequeño, va a tener dificultades y ya las estamos viendo: se están pagando los aguinaldos en cuentagotas y se están atrasando los pagos” dice Jorge Cherro, presidente de Adecra, una de las entidades que conforma la Federación.
“El 80% a 90% de los prestadores va a tener algún tipo de dificultad”, sentencia.
Establecimientos
Son más de 5.500 establecimientos los que prestan el servicio de salud en el país, pero con una lógica muy particular: enfrentan aumento de costos en dólares y en pesos que no pueden trasladar al usuario, ya que el arancel por cada uno de los servicios que presta es fijado por el Ministerio de Salud y los financiadores (Pami, prepagas y obras sociales), que este año no han reconocido casi nada en materia de inflación.
Calculan un desfasaje acumulado de 70,7 puntos porcentuales en los últimos cuatro años respecto del IPC y de 119,7 puntos porcentuales respecto del Índice de Costos en Salud.
Además, han tenido que espaciar turnos, lo que implica el uso de una menor capacidad instalada respecto de la prepandemia y han debido afrontar el costo de insumos que, además de subir sideralmente de precio, multiplicaron varias veces su tasa de uso, como todos los elementos de protección personal.
Desde hace tiempo reclaman soluciones de fondo, como la entrega de un bono por el IVA que no pueden compensar, o poder transferir ese IVA a terceros; una moratoria similar a la de 2007 y un ordenamiento distinto en materia impositiva.
Protesta
Como no se dio ni lo de fondo ni se atendió lo urgente, se decidió una medida de protesta: hoy se reprogramarán los turnos de todas las atenciones ambulatorias no urgentes entre las 10 y las 13.
“Es una medida de alerta para visibilizar lo que nos pasa y lo que puede pasar si desaparecemos”, dice Cherro.
Apoyo. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) significó, para el Gobierno nacional, una inversión de $ 240 mil millones. Se pagará hasta diciembre y luego no se renovará, según dijeron las autoridades.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior