Crisis: en enero, 551 mil empleos se quedaron sin la ayuda estatal

Todos, de forma individual o colectiva, hicieron sus reclamos. Hubo cámaras que lograron reunirse en persona con el presidente Alberto Fernández o con los ministros Martín Guzmán o Matías Kulfas. Otras hicieron el intento con las áreas provinciales de Producción o de Trabajo. Algunos hablaron por los medios de comunicación, publicaron pedidos por redes o despotricaron por Zoom. Lo cierto es que no hubo caso: pese a toda esa cadena de reclamos, el programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) terminó en diciembre pasado y tampoco tendrá continuidad para los sectores críticos, como esperaban los que levantaban la voz.

Sólo albergan una mínima expectativa los prestadores de salud, dado que la segunda ola de la pandemia parece inevitable, aunque por el momento Economía nacional les sigue diciendo que no.

El argumento repetido es unánime: Nación priorizó la economía cuando a fines de diciembre el ritmo de casos crecía aceleradamente. Se decidió no endurecer la movilidad ni restringir las actividades justamente porque la suspensión de la ayuda oficial –tanto el ATP como el IFE para los trabajadores informales– eran un hecho dadas las restricciones fiscales.

Así, en el último mes de 2020, se terminó la última asistencia directa que todavía tenía el sector privado. En todo el país estaban comprendidos 551 mil trabajadores de 38.400 empresas de sectores críticos, el ocho por ciento del total del empleo formal de la Argentina.

En abril, cuando arrancó el programa, la ayuda llegó a 2,4 millones de empleados de 250 mil empresas, con un auxilio promedio de 20.800 pesos por trabajador. La condición era tener variación cero en la facturación y, cuando las actividades se habilitaron y la rueda comenzó a girar, muchos se cayeron del programa y pasaron a créditos blandos para pagar sueldos.

En octubre, la decisión del Ministerio de Producción fue acotarlo sólo para los sectores críticos: entretenimiento, cultura, salud, esparcimiento, gastronomía y hotelería. Para el resto, se reflotó el programa de Recuperación Productiva (Repro), con un tope de hasta nueve mil pesos por trabajador. Esto significa apenas el 44 por ciento de la ayuda promedio que contemplaba el ATP.

Entre diciembre y enero –con las habilitaciones parciales en algunas provincias y el arranque del turismo luego para todo el país–, mucho de eso empezó a funcionar. Y, como está girando, Economía y Producción sostienen que el auxilio estatal debe terminar. Quienes continuaban recibiendo el ATP, aun con una actividad muy lejos de la aceptable, tienen la opción de sumarse al Repro II.

Para eso, la facturación puede haber variado hasta el 10%, las importaciones no pueden haber crecido por encima del 20% y el consumo de gas y de luz no debe tener variación cero, entre otros parámetros de endeudamiento y liquidez corriente.

“El Repro es menos plata y más difícil de conseguir, es casi como tramitar un procedimiento preventivo de Crisis, no sale así nomás”, advierte Marcelo Urribarren, titular de la Unión Industrial Córdoba.

En diciembre, lograron anotarse 3.400 empresas que representan a 110 mil trabajadores. Pero el dato clave se sabrá esta semana: el jueves 28, cierra la inscripción del Repro para enero y ahí se sabrá cuántos efectivamente lograron pasar el tamiz.

“Nosotros albergamos todavía alguna esperanza para actividades críticas como la nuestra”, dice Fernando Desbots, titular de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Córdoba. El empresario cuestiona que para acceder al Repro II se exija el balance 2019 aprobado, paso que se debería haber dado en 2020. “No había plata entonces, ¿quién podía pagar certificación de balance con los hoteles cerrados?”, se pregunta. Están pidiendo que les permitan presentar los de 2018 y, a la vez, presionan en Jefatura de Gabinete para que se haga uso de una prerrogativa que contempla la Ley de Emergencia para el Turismo, que permite prorrogar por seis meses el ATP al sector. En Argentina hay 5.500 agencias de viaje que emplean a unas 25 mil personas. En tanto, se calcula que hay 10.200 hoteles formales en el país, de los cuales ya desaparecieron 2.500.

Pero si efectivamente se confirma que el ATP se cae también en ese sector, muchos acelerarán la decisión de cerrar, como hizo el Amérian Park de Córdoba esta semana.

“Igual, el ATP es la mitad del sueldo; eso sirve para aguantar dos, tres meses… pero estar 10 meses sin trabajar es insostenible”, dice Desbots.

En el país, el promedio de ocupación de los hoteles es del 35%, pero la situación es mucho más grave en las capitales de provincias, donde no supera el 10%, ya que no hay convenciones ni actividad empresarial por las restricciones que impone la pandemia.

Las 5.500 clínicas y sanatorios del país hacen cuentas parecidas. Sostienen que la inflación en salud (por impacto del dólar y por el encarecimiento de productos muy demandados) tiene un desfasaje de 71 puntos en los últimos cuatro años respecto de la inflación general.

Además, muchas han debido encarar inversiones para enfrentar el Covid y asumir mayores costos de personal. Ayer se publicó el decreto 34/2021 que prorroga por tres meses la reducción del 95% de las cargas patronales y una alícuota diferencial para el Impuesto al Cheque, pero siguen excluidos del ATP.

“No va a volver a salir el ATP, los prestadores se están anotando en un Repro Salud, pero sin saber los parámetros que habrá para recibir los beneficios”, dice Jorge Cherro, presidente de Adecra, que reúne a las clínicas de todo el país. Y asegura que el personal administrativo no estará alcanzado por el Repro Salud, cuando el ATP sí los alcanzaba a todos los empleados.

“Si no nos dan el ATP, se funde el 70 por ciento, no se puede subsistir y está todo muy complicado”, coincide Ignacio Escuti, secretario de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Córdoba.

La Provincia, a través del Apross, les había prometido un ATP provincial a sus prestadores, a razón de 24 mil pesos por trabajador, al menos por tres meses. Por el momento, la discusión está trabada porque la obra social plantea la ayuda en términos de adelanto de prestaciones futuras y no de subsidio directo, como era el ATP, aunque una forma elegante de salir del brete hoy es aceptar el arreglo así y revisar la situación en mayo.

Hasta ahí, algunos de los sectores que, aun pudiendo trabajar, están muy complicados en su funcionamiento y en riesgo de desfinanciarse por completo sin asistencia estatal.

Hay otros sectores todavía más castigados. La gastronomía es despareja según el local; los cines acaban de abrir hace algunas semanas; los salones de cumpleaños con hasta 25 invitados pueden trabajar desde hace un mes, y los casinos arrancaron en enero.

El fin del IFE también golpea a los informales

En Córdoba recibían esa ayuda unas 650 mil personas.

Corte de la asistencia a desempleados. La Nación confirmó que en 2020 ya no estará vigente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esa ayuda de 10 mil pesos mensuales llegó a nueve millones de personas en todo el país y en Córdoba la percibieron cerca de 650 mil desocupados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el jueves que se trató de un programa diseñado para el momento más crítico de la pandemia, cuando la circulación estuvo más restringida. También aseguró que habrá otros programas en su reemplazo.

Aumento para la Tarjeta Alimentar. Casi en simultáneo, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trascendieron inminentes aumentos en los montos que la Nación transfiere a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que en la actualidad reciben entre 4.000 y 6.000 pesos, según la cantidad de hijos. Esos montos se actualizarán un 50 por ciento y la madre que tiene un solo hijo recibirá 6.000, mientras que las familias con más hijos pasarán a cobrar 9.000 pesos mensuales. Esos fondos sólo se pueden usar para comprar productos básicos alimenticios.

Los sectores que nunca pudieron volver a trabajar y aún esperan

La inmensa mayoría de las empresas no logró recuperar el ritmo previo a la pandemia. Pero hay rubros que siguen sin trabajar desde marzo, porque la actividad no volvió o está inhabilitada por ser considerada riesgosa. Es el caso de los boliches y productores de eventos en general.

Algunos trabajan bajo el formato de restaurantes con espectáculos en vivo, pero una gran mayoría no se ha podido adaptar.

Los boliches están prohibidos hasta el 31 de marzo en Córdoba y los 230 que hay en la provincia esperan con ansias el permiso para abrir sus puertas. “La presunción del COE era que íbamos a estar entre los tres mil y cuatro mil casos y que el cierre de la gastronomía era inminente, pero en este momento no pasa eso y tenemos la esperanza de poder abrir; somos la única actividad cerrada y hay juntadas clandestinas por todos lados”, dice Juan Collado, titular de la cámara que agrupa a los boliches en Córdoba.

El punto es que estas actividades no tienen más asistencia estatal y tampoco tienen permiso de trabajar: el “no” está en los dos mostradores.

Están también los comedores escolares y transportistas, vinculados directamente al regreso de la actividad escolar, que podrían empezar a ver la luz al final del túnel en dos meses.

De todos modos, hay un respirador que todavía sigue en pie: el 223 bis, que permite el pago del 75% del salario no remunerativo a los trabajadores que estén suspendidos. Si bien ya cayó el acuerdo general UIA-CGT, ahora hay acuerdos sectoriales entre gremios y cámaras, sujetos a las condiciones generales de esa actividad.

Esta semana se conoció la prórroga por 90 días de la prohibición para despedir, además de la continuidad de la doble indemnización para todo 2021, con un tope de 500 mil pesos en el recargo. El punto es que el Estado, que alega que no puede continuar con el IFE ni con el ATP y que ajusta jubilaciones en nombre de la reducción del déficit fiscal, le pone un cepo casi imposible al sector privado que necesita achicarse.

“Para una pyme, despedir es una tragedia, el dueño conoce a su empleado, vive en el mismo pueblo, pero hay casos en que, si no lo hace, no sobrevive la empresa”, dice Uribarren. “Se parte de un análisis primario, porque para nadie es negocio despedir”, agrega. Y hace una pregunta de fondo: “¿Quién va tomar nuevos empleados si la preocupación está puesta en despedir?”.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior