Energía eléctrica: habrá subas, pero las tendrán que anunciar los gobernadores

Todos los actores involucrados en el sistema eléctrico tiene una certeza cada vez más robusta: el Gobierno nacional no reconocerá en 2021 mayores costos de la energía. Sí habrá, posiblemente, aumentos direccionados en la sintonía que ya anunció el presidente Alberto Fernández: de acuerdo con “la capacidad patrimonial”, en el marco de un esquema de transición y todo a costo de los gobernadores.

El congelamiento tarifario, al menos en el segmento de la generación, constituye una de las grandes aspiraciones del Instituto Patria para este electoral 2021, cuyos técnicos participan de modo directo en las decisiones de la Secretaría de Energía y de la cada vez más golpeada Cammesa. Chocan esas pretensiones con los objetivos de Martín Guzmán, quien sostiene que los subsidios al sector no deben superar el 1,8% del PBI. Hoy están al límite.

De hecho, a marzo, los cálculos indican que el usuario paga sólo el 49% de lo que cuesta la energía: el resto es subsidio.

El punto más bajo de cobertura se produjo en 2015, cuando apenas cubría el 14%: eran años de congelamiento tarifario y, como consecuencia natural, desinversión y cortes frecuentes. En la gestión de Mauricio Macri, se pasó al 30% en 2016, al 49% en 2017, al 54% en 2018 y al 66% en 2019. La suba para muchos analistas explica casi en su totalidad la pérdida de las elecciones; no obstante, hay un dato que sigue siendo alarmante: lo máximo que pagó el usuario fue el 66%. Para ese entonces, el Estado todavía cubría el 34% de la factura. Hoy paga el 51%.

El miércoles pasado, las distribuidoras de todo el país se reunieron con autoridades de Cammesa, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Energía. Había representantes incluso del Instituto Patria. Están discutiendo la aplicación de la resolución N°40 de Energía, que pone como fecha de corte septiembre de 2020, con un plan de pagos hasta esa fecha y la obligación de no atrasarse de nuevo. Para las que adeuden hasta una posición (una factura mensual), tendrán una serie de créditos que se les reconocerá en las siguientes facturaciones.

Sucede que Cammesa, que regula el mercado eléctrico en la Argentina, apenas logra cobrar el 51% de la energía que despacha. Es como si un comercio vendiera y cobrara todo lo que tiene, pero pagara la mitad de lo que le entregan sus proveedores, con la enorme diferencia de que Cammesa no les corta la provisión nunca: pone el Estado.

Al 20 de enero pasado, Cammesa acumulaba 151.374 millones de pesos por cobrar. En noviembre, por caso, vendió energía por 27.326 millones de pesos, pero le pagaron, incluyendo planes de financiación, apenas 13.947 millones. De la deuda total, el 28,2% lo deben Edenor y Edesur y siguen la EPE santafesina, con el 10% y, luego, las siete cooperativas de Chubut, con el 9%. Epec adeuda el 4,5% del total, 6.450 millones de pesos.

Una válvula que se abre

Sí avanzaría Nación en reconocer mayores costos al sector transporte, que es donde hoy está el cuello de botella del sistema nacional. Para discutir el régimen de transición de las empresas de transporte de energía, hay audiencia fijada el 29 de marzo y las versiones indican que esas tarifas podrían aumentar 30%. Eso se traslada directamente a los usuarios y supondría una suba en torno del 2%.

¿Cómo hará un distribuidor para cumplir con el plan de pagos y a la vez no atrasarse en las posiciones corrientes con Cammesa?, fue la pregunta del millón. La respuesta fue elíptica: podrán aplicar aumentos tarifarios, pero son los gobernadores los que deberán asumir el costo político de hacerlo. La distribución está en manos de empresas de alcance provincial, sean públicas, privadas o bajo el régimen cooperativo. Ese esquema deja afuera a Edenor y a Edesur, prestatarias del servicio donde se concentra la mayoría del electorado del Frente de Todos.

Previendo eso, Epec pidió al Ersep audiencia pública para prorrogar dos mecanismos que vencieron en diciembre pasado: al pase directo de los aumentos que disponga Nación en cuanto a transporte y generación y la actualización automática trimestral de los costos de transporte y distribución dentro del territorio provincial.

En enero pasado, la empresa aplicó una suba del 10,5%, que corresponde a los meses de enero a agosto de 2020. Queda pendiente una actualización del último trimestre, que rondaría el 7,5%, según cálculos extraoficiales. Por ahora, no hay pedido de audiencia para discutir ese aumento, pero la decisión del propio Juan Schiaretti es mantener las revisiones trimestrales. Sostiene que después es muy difícil recuperar el atraso tarifario y que eso puede complicar a Epec, ahora que está saneada financieramente.

Abona esta teoría el ejemplo de la EPE de Santa Fe, que incluso no trasladó el aumento de 2019 que dispuso Nación. Hoy tiene un atraso del 60% y está contra las cuerdas, sin inversiones de peso y con 15.205 millones de pesos adeudados a Cammesa.

En tanto, también en el marco de la resolución 40, Energía pidió a las distribuidoras datos exhaustivos de los usuarios alcanzados por el decreto 311, que fue el que durante la cuarentena dispuso el congelamiento de las tarifas y la prohibición de corte del servicio a un universo de vulnerables, entre los que se cuentan beneficiarios de planes sociales y asalariados, jubilados y monotributistas que no superen dos salarios mínimos.

La presunción es que para este segmento, que en Córdoba son 133.400 usuarios, el Gobierno dispondría una especie de crédito o descuento en la boleta con la leyenda “subsidio del Estado nacional”. Ese subsidio se compensaría con el aumento que se aplicaría sobre los usuarios de mayor capacidad patrimonial, un esquema del que todavía se sabe poco. Sí hay dos certezas: Energía cuenta con las bases de datos detalladas de todos los usuarios y 2021 es un año electoral.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior