El 62% de los argentinos recibe ingresos del Estado
En la Argentina del 2021, 28 millones de ciudadanos reciben ingresos monetarios directos de parte del Estado nacional: en la mayoría de los casos, esa transferencia es la única vía de subsistencia de esos hogares; en otros, es un paliativo que se complementa con ingresos generados por el trabajo, formal o informal. El 22% de los beneficiarios se sumó a la lista en virtud de la pandemia: el resto ya estaba en ese universo, que nunca ha dejado de crecer.
Con una población estimada en 45 millones de personas, la cifra es alarmante: el 62% de los argentinos depende todos los meses de un cheque del Estado para sus gastos diarios, total o parcialmente. Si se lo compara con 2019, sin pandemia, el incremento fue del 40%. En ese entonces, el padrón total era de 20,41 millones de argentinos.
En 2020, la cifra de asistidos fue todavía mayor, ya que 9,5 millones de personas percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tres veces con 10 mil pesos durante el 2020. En abril de 2020 el Estado implementó el ATP, una ayuda de hasta el 50% del salario de los trabajadores formales, que empezó con 2,5 millones de beneficiarios. Con el recupero de la actividad fue mermando, hasta que en diciembre pasado el Gobierno lo terminó.
El IFE fue reemplazado por la tarjeta Alimentar: un depósito de dinero para las mamás con niños de hasta seis años, que ahora se amplió hasta los chicos de 14. Son 3,98 millones de beneficiarios: seis mil pesos si la familia tiene un hijo; nueve mil con dos y 12 mil con tres.
Una aclaración: el número de 28 millones es una aproximación, ya que muchos beneficiarios reciben más de una ayuda oficial, y a este rosario de planes hay que sumarles los que implementan los estados provinciales y los municipios, que no siempre coinciden. Tampoco se tiene en cuenta la asistencia indirecta, a través de subsidios a la tarifa de gas de luz o de colectivos, como la sube en Buenos Aires o los programas gratuitos de la Provincia. Lo indiscutible es que el crecimiento de la asistencia es estructural en la Argentina y que la pandemia lo agravó.
EN AUMENTO
“En 2019, el porcentaje de hogares que recibía algún tipo de programa social estaba en 33,4%, contando las transferencias monetarias directas como también los comedores o caja de comida, es decir, toda la batería de apoyo”, dice Santiago Poy, uno de los autores del trabajo que acaba de terminar el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina sobre los efectos de la pandemia en el trabajo de la Argentina urbana. “En el 2020 pasa al 47,3% de los hogares, lo que significa que casi la mitad recibió alguna asistencia en el contexto de la pandemia”, dice. Entre los hogares pobres alcanzó al 76,6%.
El Estado es un gran asignador de recursos que no produce: cobra y si necesita más, se endeuda o emite dinero. Sí, con la maquinita: imprime. Los recursos que le demandan al Estado asistir a 28 millones de personas provienen, en primera instancia, del sector privado que paga impuestos. Según informó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero al Congreso, hay 381.100 autónomos a febrero pasado, 4,3% menos de los 390 mil que existían en febrero del 2020. En tanto, los asalariados privados son 5.873.500, 2,6% menos de los que había en febrero del 2020. Además, hay 605 mil empresas en Argentina, de las cuales el 99% son Pymes.
El problema de fondo es que la ecuación es muy despareja: son pocos los que aportan para sostener a los que viven de ingresos que transfiere el Estado. “Es grave, no existe en ningún lado del mundo esa relación”, dice el economista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso. “En algún momento el país quiebra, hoy son seis millones los que pagan con sus impuestos los cheques que salen del Estado”, agrega.
Todos están de acuerdo: el Estado debe asistir en la emergencia que supone el Covid. “Tiene que estar presente para ayudar a la gente que quedó muy mal con la pandemia y a las empresas que no pueden trabajar”, subraya el economista Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora.
“Todos los países han asistido tomando deuda y Argentina, emitiendo dinero, lo que es difícil que no se vuelque a la inflación”, plantea Rubinstein. Es una encerrona: el dinero puede irse al dólar libre, lo que agrava la brecha cambiaria; si va a consumo, presiona los precios porque la producción no aumenta y si el Central busca absorberlos, se queda en los bancos al 38% anual de las Leliq. En intereses se paga más que si hubiera un IFE 2021.
Si la consecuencia directa de asistir genera inflación, la herramienta en sí plantea un límite gigantesco. “Si no podés endeudarte y cuando hacés paquetes de estímulo se van por la inflación, entonces el margen de acción del Estado es acotado”, advierte el economista Fernando Marengo, del estudio Arriazu Macroanalistas.
FALTA EL CRECIMIENTO
Ante este límite concreto, una opción podría ser la generación de empleo productivo, de modo que el auxilio estatal no sea la única salida. “El problema de fondo es la dinámica de crecimiento, que no llega a cubrir las necesidades de una parte importante de la población argentina: tiene baja productividad y no alcanza a generar ingresos por la vía del trabajo suficientes para evitar la pobreza”, plantea Poy, de la UCA.
Esta lógica asistencialista en la que quedaron entrampadas las relaciones económicas en la Argentina genera otros problemas adicionales. “Hay sectores como salud que son como las empresas energéticas o de transporte, que están todo el tiempo hablando con el Estado para destrabar los subsidios, terminan más preocupados en que salga rápido el subsidio que en enfocarse en su principal actividad”, advierte Jorge Colina, del centro de estudios Idesa.
¿Cómo se sale del subsidio estructural? Cuando la pandemia pase, ¿la asistencia pasará? ¿Cómo derivar esos recursos a la generación de empleo genuino? Las respuestas no son fáciles ni parecieran estar en la agenda de Gobierno.
“Los planes sociales no pueden ser una forma de vida, hay que terminar con eso y armar una escuela de oficios”, propone el economista Roberto Cachanosky. Tiene una propuesta concreta, que repite desde hace años: crédito blando del Banco Mundial para financiar la estructura de estas escuelas y una quita progresiva del subsidio, del 15% por vez, hasta que se forme para el trabajo. “Siempre hay una excusa para no hacerlo y la pandemia no puede serlo… como estamos estancados hace 10 años, hace 10 que dicen que no se puede hacer nada”, refuta.
QUÉNES COMPONEN EL LISTADO DE BENEFICIARIOS
El grupo más numeroso de beneficiarios se explica por los jubilados y pensionados: son 6.762.119, de los cuales el 48% no tenía suficientes aportes al momento de jubilarse y se acogió a una moratoria. Les siguen luego los empleados públicos: 4,45 millones, sumando nacionales, de provincia y de municipios.
Hay, en tanto, 4.277.646 beneficiarios de la asignación por hijo (de 4.504 pesos) y 3.889.120 titulares de deferentes planes de empleo. Acá el universo es vasto: hay programas en los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Salud, Pami y Anses. El más numeroso son las Becas Progresar, de 3.600 a 9.600 pesos para un millón de estudiantes y el Potenciar Trabajo, que beneficia a 902.522 con 12.204 pesos por 80 horas de trabajo comunitario.
Están también los planes nacionales de Desarrollo Alimentario, de Protección Social y de Primera Infancia, el Hacemos futuro, el Potenciar Joven, el monotributo social y el Más y Mejor Trabajo, entre otros. Además de la AUH, Anses paga 1.591.403 pensiones no contributivas: la más llamativa es la de invalidez, que alcanza a 1.032.786 beneficiarios, según datos de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación. En el 2001 había 332 mil pensiones de esta naturaleza: se incrementó 204%.
Se agregan, además, este año los 700 mil profesionales de la salud a quienes se les prometieron tres bonos de 6.550 pesos cada uno, aunque todavía no se los pagaron.
Fuente: La Voz del Interior.