Argentina: La seguridad alimentaria y la cooperación internacional en el contexto de la pandemia del COVID-19
Postulado inicial: La Argentina podría articular, en el contexto internacional actual de pandemia provocada por el COVID 19, propuestas de cooperación internacional que alivien la situación de vulnerabilidad de diversos pueblos, al mismo tiempo que aliviar su situación financiera por la deuda externa.
Contexto internacional y regional
Según el Informe Especial COVID-19 realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre los países de América Latina y Caribe se observa “de acuerdo con la intensidad con que se verían afectados por las medidas de contención, hay tres grupos de sectores con pesos muy diferentes en el PIB según los países; estos pesos se estiman de forma directa sin considerar impactos secundarios o intersectoriales: i) Los menos afectados: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. ii) Los medianamente afectados: explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera, inmobiliarias, servicios empresariales y de alquiler, administración pública, servicios sociales y personales. iii) Los más afectados: comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios en general.”
No obstante ello, yendo al contexto más global El “Programa de Alimentación Mundial” (WFP) de Naciones Unidas sostiene que la pandemia del coronavirus ha desatado una crisis en la seguridad alimentaria global, que afecta ya a 130 millones de personas, a las que es preciso sumar los 135 millones de hambrientos preexistentes al flagelo. De esto modo, aproximadamente 265 millones de personas que habitan en latitudes tan disímiles como Colombia, Kenya, países del Africa Subsahariana, entre otros se encuentran en una dramática situación de desnutrición y abandono, al borde de la inanición. Es más se plantean casos como el de países como los Estados Unidos, principal potencia agrícola mundial, donde la severidad de la crisis ha llevado a cerrar plantas estratégicas de producción de carne porcina.
Otro hecho del mismo tipo se da en una potencia cerealera como Rusia, donde el fuerte impacto del COVID -19 hizo que se decidiera limitar agudamente hasta fines de junio las exportaciones de granos a terceros mercados, con excepción de cuatro países vecinos de la ex URSS. Todo ello genera situaciones sin precedentes en el comercio internacional de alimentos y profundiza las debilidades de ciertos países donde la agricultura y alimentación son factores claves que figuran en primer orden entre los más afectados por la pandemia actual.
En tal sentido, América Latina y Caribe, tienen una situación de privilegio por tener en términos generales sectores agrícolas fuertes y, con diversos desniveles, bastante desarrollados y complejos. En lo que hace a la Argentina, dicha aseveración cobre aún más intensidad, ya que justamente es el sector agrícola el que tradicionalmente ha generado las condiciones para aliviar situaciones de ahogo económico interno y desequilibrios macroeconómicos. Ello sin desmedro de análisis críticos sobre la industrialización incompleta del país y los recurrentes cuellos de botellas sistémicos que ello produce, junto con el desbalance energético cíclico.
Siguiendo el mencionado estudio de la CEPAL, se observa que, en diferente medida, “los países de América Latina y el Caribe han tomado rápidas e importantes medidas para responder a la etapa inicial de la crisis mediante la adopción de conjuntos amplios de políticas económicas para mitigar sus efectos sociales y económicos. Esas medidas se enfocan en incrementar la disponibilidad de recursos públicos para el sector de la salud, proteger a los hogares —especialmente los más vulnerables—, proteger la capacidad productiva y el empleo, evitar una crisis de liquidez y evitar el colapso del sistema económico. “ Al respecto, la Argentina se encuentra hasta la actualidad entre los países con mejor desempeño en el manejo de la crisis por el COVID-19 y ello, no sólo en el contexto regional, sino en el internacional.
Siguiendo el informe de la CEPAL, en la región la pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando del 11,0% al 13,5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas. También se deterioraría la distribución del ingreso. El aumento del desempleo resultaría en un incremento del índice de Gini de entre un 1% y un 2%, sin considerar el aumento adicional que provendría de la una caída en los ingresos del empleo que afecte en mayor medida a los hogares de menores recursos.” Todo ello plantearía dificultades en términos de seguridad alimentaria, tal como ocurre en otras partes del mundo, ya que como pocas crisis alimentarias anteriores, la actual está planteada por la desaparición de fuentes de trabajo de aquellos que viven del trabajo del día a día.
Los paquetes fiscales anunciados por los gobiernos en la región son la primera respuesta al impacto socioeconómico del COVID-19, lo que puede ir en aumento según la escala de la crisis. Ello, a su vez, se conecta con el acceso a condiciones de financiamiento favorables. En tal sentido, la CEPAL observa que “un número cada vez mayor de países de la región ha solicitado financiamiento de emergencia a las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial , el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), las que han ampliado el acceso al crédito a los países miembros.”
Es en este marco que fue planteado en diversos organismos internacionales, por diversos gobiernos y hasta por el S. S. el Papa Francisco, la condonación y el alivio de los servicios de la deuda, incluido a los países de ingresos medios de la región que lo requieran, lo que aumentaría significativamente su espacio fiscal. Según la CEPAL, “abordar la problemática de la deuda es urgente y debe ser liderada por acreedores oficiales para luego atraer a acreedores privados. Las quitas de deuda deberían combinarse con mecanismos innovadores de financiamiento cuando la deuda sea una característica estructural de las economías.”
En lo que se refiere a los procesos productivos, la crisis actual ha dejado descubierto las vulnerabilidades de la internacionalización y transnacionalización de las cadenas de integración productiva. Ello ya trae como consecuencia que los países y empresas busquen privilegiar la localización geográficamente cercana de sus proveedores y/o procesos productivos críticos. Es decir, la geoeconomía vuelve a tener un rol que amenguará los efectos de la globalización en el sector empresarial transnacionalizado.
Ello a su vez daría un impulso a aspectos de integración regional y análisis de tomas de decisión política con aportes de la geopolítica y primacía del bien común nacional. Algunas de estas tendencias ya se observaban con relación a fenómenos como el Brexit en la Unión Europa y “Trump” en los Estados Unidos.
Siguiendo el estudio de la CEPAL antes mencionado, “el contexto internacional posterior al COVID-19 que es posible ir perfilando apunta a una creciente importancia de los procesos de regionalización de la producción.” En ese contexto, la integración regional está llamada a desempeñar un papel clave en las estrategias de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Un mercado integrado de 650 millones de habitantes constituiría un importante seguro frente a perturbaciones de oferta o de demanda generadas fuera de la región. Asimismo, permitiría alcanzar la escala requerida para viabilizar nuevas industrias, así como promover redes de producción e investigación compartida entre los distintos países y subregiones. Para la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las soluciones de alcance exclusivamente nacional no serían viables por razones de economías de escala, tecnológicas y de aprendizaje.”
Propuesta de acción política para la Argentina
Del contexto previamente descripto surgen diversos elementos que el gobierno argentino puede tener en cuenta para articular una respuesta acorde sus necesidades y las demandas de actores regionales e internacionales. Rol central le cabe a la coordinación con los países lationamericanos en materia macroeconómica y productiva para negociar una salida conveniente a corto y mediano plazo, principalmente en los aspectos financieros, que permitan un desarrollo inclusivo y sustentable.
Como hipótesis de máxima y no tan remota, figura la posibilidad latente de posibles desórdenes sociales en diversas sociedades, tal como ya ocurrió en la crisis de 2008, como consecuencia de la triple crisis actual, económica, sanitaria y de seguridad alimentaria. Es sobre esto último que la Argentina tiene posibilidades de realizar una propuesta en el seno del G-20, ya que justamente es dicho factor, el de potencia alimentaria, el que define la presencia de nuestro país en dicho ámbito. Ello previa consulta y coordinación hasta donde sea posible con los países de América Latina y Caribe en el ámbito de los mecanismos de diálogo de la ALADI.
La propuesta consistiría en llevar una posición consensuada internamente con los diversos sectores productivos y exportadores de alimentos del país, con el respaldo de los países latinoamericanos, para poner a disposición de la ONU y sus organismos competentes, capacidades exportadoras alimenticias para subsanar problemas graves de alimentación en diversas latitudes del planeta.
Ello supondría un estudio sobre los productos a ofrecer; precios de exportación convenientes para que efectivamente funcione como un mecanismo de ayuda y un esquema de cooperación internacional por el que también se realicen traspasos de tecnología y conocimiento para mejorar capacidades productivas y alimentarias de los países que ante la actual crisis lo necesitaren.
El otro aspecto de este curso de acción es que esta mecanismo de trabajo mancomunado internacional se podría llevar a cabo siempre que al interior de las sociedades latinoamericanas se atiendan los serios condicionantes financieros y económicos antes descriptos. Es decir, la condonación y/o reducción de deuda externa ante organismos internacionales sería la “moneda de pago” por tal cooperación.
Si bien a primera vista la propuesta luce mercantilista, en realidad, responde a la situación paradójica de los países latinoamericanos, que históricamente han contado con una dotación ventajosa de recursos naturales estratétigos, pero sin correlato en el desarrollo armónico y estable de sus economías. Estas primordialmente con problemas cíclicos desde los ‘80 con el pesado y siempre presente lastre de sus deudas externas que han dificultado el desarrollo productivo y de infraestruturas básicas de modo estable y duradero.
La “oportunidad” histórica de plantear una acción política en estos términos se produce por la agudeza de la crisis internacional, la incertidumbre de la evolución futura de la pandemia y sus efectos en el normal funcionamiento económico y social de los países y el rol estratégico que adquiere la producción alimenticia en este marco.
Si bien ello es así, esto supone al interior del país una coordinación nacional que permita definir posibilidades reales, posiciones consensuadas y una política de Estado que puede convertirse en un ejemplo de esfuerzo multisectorial en la historia de la Argentina. El gran activo que tiene el país es que ha logrado en cierto grado que la agricultura y la industria alimentaria funcionen como un eje inclusivo que históricamente ha sido causa fundamental de desarrollo y crecimiento para el país. La propuesta es que ese modelo se optimice visto la urgencia del momento actual y el contexto internacional “favorable” para nuestro país. Sobre los sectores productivos a privilegiar hay diversos estudios ya en marcha que detectaron las industrias que están en mejores condiciones después de la pandemia.
La producción agroalimentaria mundial es cada vez más una prioridad estratégica absoluta del sistema global, lo que queda más evidente en contextos de crisis globales. Así también lo entienden los Estados Unidos y sobre la emergencia actual ya han comenzado a planificar y ejecutar acciones para disminuir efectos adversos de corto plazo y trazar líneas de acción con un sentido más estratégico para impulsar la agricultura de ciertas economías. Si bien la Argentina no estaría en las mismas condiciones para llevar a cabo políticas asistencialistas de corto plazo, sí podría trazar un curso de acción de mediano y largo plazo centrado en la cooperación técnica, dentro de un plan integral que también implique un alivio para nuestro país, tal como se describió a grandes rasgos más arriba.
La propuesta de plantear este tema en el seno del G-20 y previamente a nivel regional en el marco de la ALADI, también se vincula con el hecho que las economías a las cuales brindar este tipo de cooperación seguramente enfrentan grandes problemas sistémicos, agravados con la pandemia, lo que requeriría una acción conjunta con otros países. Es decir, en primer lugar figura la cuestión logística, el transporte y canales de distribución para llegar a la población necesitada. Las dificultades para operar son un factor que seguramente requerirá el apoyo mancomunado de otras naciones con mayores facilidades de despliegue y distribución. Otros factores que plantearían dificultades del tipo son las dificultades para trabajar, adquirir elementos y llevar a cabo actividades económicas de todo tipo en los posibles destinatarios de la cooperación mencionada. Asimismo, el factor del procesamiento de datos y uso de tecnologías digitales aplicadas al agro y producción alimentaria es un factor determinante a la hora de brindar una cooperación técnica del tipo, por lo que el trabajo mancomunado con otros países brindaría mayores posibilidades, a la vez que enriquecimiento del conocimiento propio.
Conclusión
El estudio de la experiencia en crisis globales anteriores y cursos de acción tomados subrayarían la importancia de un urgente esfuerzo coordinado internamente, en primer lugar, para reunir dirigentes, representantes y decisores técnicos, políticos y económicos para definir una respuesta nacional a este desafío.
Lo que se busca es aprovechar la actual coyuntura desde el punto de vista comercial exportador, de cooperación técnica y de re-negociación financiera de las condiciones de la deuda externa, principalmente con organismos multilaterales. Una respuesta a la actual encrucijada, llevada al plano regional e internacional en los términos planteados en el presente trabajo, permitiría asegurar resultados efectivos de un oportuno planteo de cooperación internacional.
(*) El autor es Doctor en Politología y Licenciado en Relaciones Internacionales.