Biocombustibles: el cambio de régimen impacta en Córdoba
El Frente de Todos aprobó durante la madrugada en la Cámara de Diputados, con apoyo de algunos integrantes de Juntos por el Cambio y de otros bloques de la oposición, el nuevo régimen de los biocombustibles, que regula el corte obligatorio del biodiésel y bioetanol en el gasoil y la nafta.
El oficialismo se aseguró el avance de la iniciativa con apoyo de diputados de Juntos por el Cambio provenientes de provincias azucareras (Tucumán y Jujuy), el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por José Luis Ramón, y otros aliados como la neuquina Alma Sapag y el salteño Andrés Zottos.
El rechazo fue encabezado por Córdoba Federal (en la provincia hay alrededor de 23 plantas productoras), el lavagnismo, los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani y los dos integrantes del Frente de Izquierda.
El proyecto, que ahora pasó al Senado, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio del biodiésel en el gasoil y mantiene en 12% el de bioetanol en la nafta, con un 6% a base de caña de azúcar y el otro 6% a base de maíz. Sin embargo, Juntos por el Cambio advirtió que los porcentajes son abstractos porque la Secretaría de Energía podrá modificarlos.
En ese sentido, la diputada Jimena Latorre (UCR) advirtió que en el dictamen se quitó del concepto de mezclas obligatorias la palabra “mínimas”. “Lo único que estamos discutiendo es una autoridad de aplicación y sus facultades, y, como le gusta al oficialismo, es una autoridad de aplicación con superpoderes”, lamentó.
La dependencia hoy a cargo de Darío Martínez podrá reducir el corte al 3% tanto para el biodiésel como para el bioetanol de maíz si los precios internacionales de los commodities suben y disparan un aumento del precio del combustible en el surtidor, o bien ante situaciones de escasez.
EL DEBATE
“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, destacó, al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar “Chafi” Félix.
Su compañero de bloque Fernández aportó: “De fondo, estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios”.
“Los diputados que dicen que este proyecto es ‘anti-cordobés’ porque hace peligrar fuentes laborales son los mismos que defienden el modelo que convirtió a Córdoba en la capital nacional del desempleo, según los últimos datos del Indec”, lanzó el oficialista.
La respuesta llegó de parte de Soher El Sukaria (PRO), quien denunció que “la ley es un ataque más del kirchnerismo contra Córdoba, un golpe certero a una industria en pleno desarrollo que pone en jaque miles de puestos de trabajo en nuestra provincia. Es un verdadero volantazo hacia la imprevisibilidad; y un castigo a quienes apostaron a la inversión y a la creación de trabajo genuino”.
Desde el mismo bloque, Omar De Marchi también habló de una “súper Secretaría” que “va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones a sola firma del secretario. Lo más grave es que esta ley prohíbe la instalación de nuevas empresas, y esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio”.
Desde Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez alertó que el Gobierno “no tiene una política de biocombustibles” y que “el rumbo se empezó a perder cuando, después de haberse votado por unanimidad en el Senado la prórroga del régimen el 30 de octubre, esa oportunidad se desechó”.
Por el contrario, el mendocino Ramón consideró que se trata de “una propuesta superadora de la simple prórroga para los próximos cuatro años”. “Con esta ley no estamos yendo para adelante ni para atrás. Tan solo estamos sentando las bases por el lobby de 54 empresas que han logrado establecerse en un negocio millonario y generar empleo por más de 30 mil puestos de trabajo”, dijo.
Además de Unidad Federal para el Desarrollo, se disponían a votar a favor los tucumanos y jujeños de Juntos por el Cambio, ya que el bioetanol a base de caña de azúcar tiene un trato favorable: sólo podrá reducirse el corte de 6% por razones de escasez “general y comprobada” y de forma transitoria.
“Si no tuviéramos esta ley y la producción de bioetanol, esa azúcar debería destinarse a un mercado externo, que tiene precios de quebranto. Sin esta ley, la industria azucarera estaría hundida, no tendría futuro”, explicó el tucumano Domingo Amaya (PRO).
El proyecto prohíbe a las empresas que produzcan o destilen hidrocarburos ser titulares o tener participación en empresas o plantas productoras de biocombustibles. Juntos por el Cambio se disponía a proponer una modificación para que las petroleras puedan participar del mercado de biocombustibles de segunda y tercera generación.
Fuente: La Voz del Interior.