Inflación: Massa lanzó su congelamiento de precios que se extenderá hasta marzo
El ministro de Economía presentó el programa “Precios Justos”, que incluirá más de 1700 productos esenciales de consumo masivo. “Este es un programa que resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación”, aclaró.
El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó formalmente su plan de congelamiento de precios, que incluye más de 1.700 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza, y que se extenderá hasta marzo con el objetivo de aliviar a los consumidores frente a una escalada inflacionaria récord que aún no mostró su final.
El plan denominado “Precios Justos” es parte de las múltiples acciones que implementó Massa para tratar de constituir un puente para llegar hasta marzo, bajo la convicción de que el primer trimestre del 2023 cerrará con una economía más serena.
“Leí por ahí que este es un programa que va a bajar la inflación. Este es un programa que resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación. La inflación se resuelve con política fiscal ordenada, con política de acumulación de reservas, con un trabajo también coordinado con las cadenas de insumo difundido porque si las empresas alimenticias que hoy nos acompañan sufren modificaciones drásticas se van a encontrar contra una contradicción”, diferenció Massa.
El titular de la cartera de Hacienda encabezó la presentación en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien lideró las negociaciones con cada una de las casi 114 empresas que, hasta el viernes, se sumaron al programa.
“Hay más de 1.700 productos, que los próximos cuatro meses deben valer lo mismo y la semana que viene, cuando se termine de cerrar el esquema, serán 2.000 o un poco más”, adelantó Massa. La lista completa se podrá consultar en https://www.argentina.gob.ar/preciosjustos.
Los valores que regirán en “Precios Justos” podrán tener subas de hasta el 4% respecto a octubre, pero se tendrán que mantener sin variación durante 120 días. El ministro de Economía resaltó que “el resto de los 30.000 productos” que elaboran las empresas adheridas “no pueden aumentar más del 4%” mientras esté vigente el programa.
Tombolini emprendió gestiones contrarreloj ante la directiva que bajó Massa para tratar de frenar los aumentos en la división de alimentos, que tanto golpean al bolsillo y, consecuentemente, agravan el ánimo social.
En septiembre, ese segmento avanzó 6,7% y así así acumuló un salto del 69,5% desde diciembre del año pasado. “La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,7%) fue lo que más incidió en todas las regiones”, precisó el último informe del Indec, que conduce Marco Lavagna.
Las gestiones no fueron fáciles porque los empresarios se mostraron reticentes, pero en el equipo económico buscaron puntos de encuentro. Tombolini destacó que quienes se sumaron al acuerdo tendrán acceso a los dólares para importar insumos para que “no haya quiebres de stock”.
Las acciones oficiales apuntarán en los próximos días a definir acuerdos con los representantes de las cadenas de insumos difundidos, entre los que figuran el cartón, el polietileno y el aluminio, entre otros. El objetivo es evitar presiones externas que pongan en riesgo la implementación del congelamiento.
Para exponer el consenso alcanzado, Massa reunió a figuras del sector privado y a referentes sindicales. Incluso uno de los invitados fue el cosecretario de la CGT Pablo Moyano, quien apuntaló junto a los sectores kirchneristas los reclamos para promover la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
“Por favor, le pedimos al sector empresario, al sector de la comercialización que cumpla con el programa. Si no, creemos seriamente que está en peligro la estabilidad social en nuestro país. Creo que este programa apunta a garantizar la estabilidad social en nuestro país”, lanzó Héctor Morcillo, secretario general del sindicato de la Alimentación.
El Gobierno diseñó una aplicación para dispositivos móviles, que servirá tanto para identificar los productos como para denunciar eventuales incumplimientos. Pero también se convocó a los intendentes a sumarse a la fiscalización, a cambio de un beneficio: recibirán el 25% de cada una de las sanciones que se apliquen.
“Hay un compromiso de las cadenas de supermercados y de las cadenas mayoristas de rechazar las listas de precios de las empresas que violen el acuerdo. Eso nos da garantías a todos”, complementó Massa.
BENEFICIOS PARA LOS INTENDENTES QUE SALGAN A CONTROLAR
Los municipios cobrarán el 25% del total de las sanciones que apliquen en su distrito por incumplimientos del programa Precios Justos.
El programa Precios Justos se convirtió en un crisol donde el ministro de Economía, Sergio Massa, hace confluir parte de su plan de estabilización para alcanzar tal vez el objetivo más desafiante de su gestión: frenar la escalada inflacionaria y balizar el camino que le permita ubicarla en el orden de 3% en diciembre de 2023.
En esa línea esta vez sumó a los municipios al control del programa que propone fijar el valor de 1800 productos hasta febrero, luego del fracaso de anteriores experiencias que sólo quedaron en flashes para la viralización en redes sociales.
Alguna vez fueron inspectores de la Afip, en otras ocasiones empleados municipales discretamente instruidos, y en los momentos más álgidos aparecieron los militantes con pecheras “defendiendo las góndolas”.
Ninguna de las variantes alcanzó el efecto deseado y los carteles de “producto sin stock por no entrega del fabricante” –eufemismo de la palabra desabastecimiento– caracterizó al ahora absorbido Precios Cuidados.
Con una cuota de mayor pragmatismo, en esta ocasión Massa jugó una carta mucho más apetecible: compartir los beneficios de las multas que podrán aplicarse a productores y comercios incumplidores con los municipios, intentando lograr apoyo por la víscera más sensible, el bolsillo.
La “zanahoria” quedó convalidada mediante un convenio cuyo alcance fue publicado este viernes en la Resolución 75/2022 de la Secretaría de Comercio.
A partir de esta norma quedó establecido que los municipios cobrarán el 25% de las multas que apliquen a fabricantes, distribuidores y comercios que incurran en faltas.
Para recibir el plus, la sanción debe quedar “firme” y la Ley de Defensa de la Competencia contempla apelaciones.