La Unicameral aprobó la reforma al Código de Convivencia para frenar intentos de saqueos
Se estableció hasta 15 días de arresto o 20 de trabajo comunitario y sanciones pecuniarias para los que en aglomeraciones violenten la propiedad pública y privada. Hubo rechazos de la izquierda, del bloque Independiente, de Encuentro Vecinal y de parte de la UCR, que votó dividida.
En un debate que se extendió por tres horas, los legisladores provinciales aprobaron este miércoles en la Unicameral cordobesa una reforma al Código de Convivencia Provincial que establecerá sanciones más severas para quienes afecten o violenten la propiedad pública o privada como una medida para evitar los intentos de saqueos.
La modificación de la ley 10.326, que fue presentada por legisladores oficialistas, contó con el apoyo de toda la bancada de Hacemos por Córdoba, además de los votos de Juntos por el Cambio, Identidad Peronista, junto con el bloque unipersonal de Orlando Arduh, y el acompañamiento parcial de Juntos UCR. El radicalismo votó de manera dividida, ya que la gran mayoría se opuso, a excepción del presidente de esta bancada, Juan Jure; además de Antonio Rins y Marcelo Cossar, quienes sí hicieron observaciones. En total, la sesión tuvo 16 oradores.
Los que expresaron su rechazaron fueron las bancadas de la izquierda, Encuentro Vecinal y el bloque Independiente, de Cecilia Irazuzta. El eje del debate estuvo centrado en la incorporación del artículo 70° Bis que contempla sanciones para grupos de más de tres personas que busquen violentar la vía pública como la propiedad privada.
Bajo el nombre “Acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada” se fijaron sanciones de hasta 20 días de trabajo comunitario, multas de hasta 30 Unidades de Multa o arresto de hasta 15 días para quienes tengan una actitud amenazante o intimidante, y “que formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios”.
También se precisó que quedarán exentos quienes “acaten la orden de disolver la aglomeración impartida por la fuerza de seguridad actuante”. Y se fijaron, además, máximas de sanciones en caso de que se incite o convoque por cualquier medio, incluidas las redes sociales, a las aglomeraciones. De esta forma, el código también alcanzaría a las personas que estén detrás del armado, por ejemplo, de intentos de saqueos.
Se sancionó, además, que las multas se duplicarán para quienes hagan participar a menores, y para aquellos que “usen vehículos o motovehículos” a la hora de cometer la falta.
Dentro de las incorporaciones (artículo 122°), se aprobó el retiro de elementos de telefónica celular, tablets, inhibidores de alarmas, así como motos y todo vehículo que haya sido usado por los infractores.
A lo largo del debate, en el que hubo varios cruces debido a que el proyecto no fue debatido en comisión e ingresó unas horas antes de su tratamiento, hubo exposiciones de legisladores que coincidieron en la celeridad de la reforma atendiendo el contexto actual con situaciones de robos e intentos de saqueos. Este código había sido aprobado en 2015, en medio de un debate en el que se puso fin a la figura de merodeo.
En esta sesión, por el oficialismo hablaron los legisladores Julieta Rinaldi, Leandro Carpintero, Franco Miranda, Nadia Fernández y Leonardo Limia, quien como presidente del bloque, fue el encargado de cerrar el debate.
“No podemos permitir que los sueños de comerciantes se vean truncados, toda una vida de trabajo se vea suspendida por el temor a perderlo todo. Esto requiere soluciones concretas, que nos pongamos a trabajar a través de soluciones, aspiramos a que podemos ejercer nuestros derechos sin poner en riesgo la seguridad colectiva, en que nuestra provincia se respire tranquilidad”, dijo Fernández, que fue una de las autoras del proyecto.
“Nuestro rol es dar marcos normativos necesarios para que haya herramientas acordes a cada momento de la historia, para defender a las víctimas, no podemos esperar para dar soluciones, hay que actuar inmediatamente porque no son hechos comunes ni espontáneos, son nuevos modos de organización delictiva”, aseguró Limia.
Los cuestionamientos más duros a la modificación fueron expuestos por las dos bancadas de la izquierda que insistieron en responsabilizar al Gobierno provincial de criminalizar la protesta. “Esto es un verdadero escándalo, un atropello y después se llenan la boca hablando de institucionalidad, cuántas lágrimas de cocodrilo por los derechos humanos”, dijo Luciana Echevarría, del MST – Nueva Izquierda. “Qué piensan hacer con las marchas de docentes, de salud, de los movimientos sociales”, preguntó Noelia Agüero, de la Izquierda Socialista – FIT.
También se mostraron con duras críticas los dos legisladores de Encuentro Vecinal: Álvaro Zamora y María Amelia Moscoso, los que reiteraron los pedidos de otras fuerzas nacionales, y criticaron la no discusión en comisión. “El proyecto, lejos de brindar una solución de fondo, cae en un populismo penal que lo único que plantea es una reforma legal exprés”, sumó la legisladora Irazuzta.
Por el radicalismo, Dante Rossi y Daniela Gudiño expresaron el desacuerdo con la modificación a la que calificaron como un “parche”, por lo que volvieron sobre el pedido de declaración de emergencia. Rins y Cossar, dos de los tres radicales que acompañaron, dijeron que priorizaron el pedido de los habitantes por más seguridad y el consenso en situaciones complejas. También Alberto Ambrosio, de Juntos por el Cambio; y Arduh expresaron el apoyo al proyecto.