El Gobierno envió un proyecto que permite terminar el matrimonio sin pasar por la Justicia
Se trata de una de las reformas propuestas en la Ley Bases. La iniciativa busca agilizar el trámite para que pueda concretarse por vía administrativa. En qué casos entra en vigencia.
El gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca transformar radicalmente los procesos de divorcio en Argentina.
La iniciativa propone la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial de manera administrativa, es decir, sin la necesidad de recurrir a la Justicia. Esta medida, que solo será válida si ambos cónyuges están de acuerdo, apunta a simplificar y agilizar los trámites, reduciendo costos y tiempos, según señala Clarin.com
¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de divorcio exprés?
La propuesta del Ejecutivo consiste en modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial, incorporando una nueva causal de disolución del matrimonio: el divorcio administrativo. De esta manera, se suma una cuarta opción a las ya existentes (muerte de uno de los cónyuges, ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio judicial).
Para acceder a este nuevo mecanismo, ambos cónyuges deberán presentar una solicitud conjunta ante el Registro Civil correspondiente al último domicilio conyugal. Una vez realizada la petición, se procederá a la disolución del vínculo matrimonial, equiparando los efectos a los de un divorcio judicial.
Beneficios y objetivos del proyecto del Gobierno por el divorcio exprés
Los principales argumentos que sustentan esta iniciativa son:
- Agilización de los trámites: el divorcio administrativo permitirá a las parejas disolver su matrimonio de manera más rápida y sencilla, evitando los largos procesos judiciales.
- Reducción de costos: al eliminar la necesidad de contratar abogados y abonar tasas judiciales, el divorcio administrativo será una opción más económica para los ciudadanos.
- Descongestión de la Justicia: derivar los casos de divorcio consensuados a la vía administrativa contribuirá a aliviar la carga de trabajo de los tribunales.