Aborto legal: senadores quieren realizar cambios al proyecto

El proyecto de legalización del aborto aprobado en Diputados la semana pasada no convence a varios senadores, que ya estudian cambios. Si la media sanción es modificada, deberá volver a la Cámara Baja, que podrá convertirla en ley por mayoría simple o insistir en el texto original, pero para eso se necesitarán dos tercios de los votos, lo que es improbable.

Se contactó a senadores, que hicieron saber que quieren estudiar el proyecto y aplicarle cambios porque consideran que hay aspectos que están en un terreno de grises. En particular, les preocupa el costo que supondrá para las arcas provinciales.

“Estoy dispuesto a votar una ley que legalice el aborto en la línea que viene de Diputados. Pero también creo que la media sanción debe ser revisada por el Senado. No es justo que se les cargue el costo a las provincias, que ya realizan un esfuerzo tremendo al sostener la salud pública”, dijo a La Voz el senador por Córdoba, Carlos Caserio. El vicepresidente del bloque Justicialista manifestó que “el Gobierno nacional, impulsor de su tratamiento, debe asumir compromisos serios al respecto”.

A su vez, el misionero Maurice Closs señaló que “pocos” diputados “se han detenido en la cuestión” del costo de la ley, y afirmó que “obligar a obras sociales y a todo el esquema de salud del país a realizar no sólo el aborto, sino también todo lo previo y lo posterior en materia de atención y contención no solamente es algo discutible, sino también hasta de dudosa justicia”.

En este sentido, se preguntó “quién les da contención psicológica a los miles de familias que pierden a alguien en un accidente de tránsito, qué pasa si llega un niño a internarse en un hospital y le dicen que no hay camas porque están ocupadas por quienes pasaron por un aborto, quién obliga a un gobernador a que deje de destinar recursos para medicamentos para luchar contra el cáncer, puesto que deben asignar los recursos para cumplir esta ley”.

Consultado al respecto, el diputado macrista Daniel Lipovetzky, uno de los principales impulsores de la legalización del aborto, dijo que el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, ya manifestó que la ley supondría una baja del gasto en internaciones por abortos clandestinos.

Además, señaló que en la Argentina ya está vigente una ley de producción pública de medicamentos, con lo cual las provincias pueden evitar comprarles a laboratorios privados el misoprostol y otras drogas para la realización de abortos. “Cada artículo de la media sanción tiene una explicación para los senadores que tengan dudas”, dijo el diputado del PRO.

No será exprés

La desgracia del jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, quien ayer sufrió la muerte de su esposa y de su hijo (ver página 16), provocó la cancelación de las reuniones previstas esta semana para empezar a discutir la media sanción de Diputados.

El primer encuentro formal en la Cámara Alta sobre el aborto legal, entre senadores del PJ, que lidera Miguel Pichetto, e integrantes de organizaciones de mujeres y diputados promotores de la ley, se suspendió de inmediato cuando se conoció la tragedia familiar del senador formoseño. También se suspendería la reunión de jefes de bloque del Senado que estaba prevista para hoy, con el fin de definir un cronograma de trabajo.

Sin perjuicio de esta demora por razones de fuerza mayor, La Voz pudo saber de altas fuentes parlamentarias que el debate del proyecto no será exprés, sino que se demorará cuanto menos 30 días.

A diferencia de Diputados, donde el proceso de debate duró dos meses, con 738 expositores y tres reuniones posteriores del plenario de comisiones, en el Senado el trámite sería más corto, aunque también habría invitados. Entre ellos, se menciona a Rubinstein y a ministros de Salud provinciales.

Mientras tanto, el conteo provisional de votos arroja un virtual empate, similar al resultado en Diputados: 27 senadores a favor, 26 en contra y 19 indefinidos.

Voces a favor y en contra entre los profesionales

Hay clínicas que se oponen a cumplir una eventual ley.

Las dos asociaciones que nuclean establecimientos privados de salud (Aclisa y Caescor) se reunirán este jueves para debatir el tema. El hospital Privado y la clínica Reina Fabiola ya anticiparon su rechazo al proyecto. Y tres centros de salud de San Francisco pidieron no ser obligados a cumplir con la norma.

Juan Grass, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), opinó que las instituciones no pueden negarse a garantizar un derecho: “Es ridículo no adherir a una ley”.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior