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Alarma en las Universidades Públicas: más del 85% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza

La crisis salarial que afecta a los docentes y nodocentes de las universidades públicas argentinas sigue profundizándose, según un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundido recientemente.


La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) publicó en la mañana de este martes 3 de septiembre un informe preocupante en sus redes sociales sobre la crítica situación salarial que afecta tanto a docentes como a nodocentes de las universidades públicas argentinas. Este informe, elaborado por un equipo de las Universidades Nacionales de Río Negro y San Martín, expone cómo la inflación y la falta de una recomposición salarial adecuada han deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios en todo el país.

La crisis salarial que afecta a los docentes y nodocentes de las universidades públicas argentinas sigue profundizándose, según un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundido recientemente. La situación alcanza niveles alarmantes, con más del 85% de los docentes y más del 60% de los nodocentes por debajo de la línea de pobreza al mes de julio de 2024.

Desigualdad salarial y emergencia en las universidades

De acuerdo con el informe del CIN, el 92% de los docentes universitarios sin antigüedad y el 87% de aquellos con diez años de antigüedad perciben salarios que no alcanzan la línea de pobreza. En el caso del personal nodocente, el 79% de los trabajadores sin antigüedad con categorías cuatro, cinco, seis y siete y el 63% de aquellos con diez años de antigüedad están en la misma situación.

Salarios muy por debajo de los estándares regionales

En comparación con otros países de América Latina, los docentes universitarios argentinos son los que menos ganan. Tomando en cuenta el valor del dólar en el circuito financiero argentino, los salarios docentes equivalen a apenas 1.124,55 dólares mensuales. Este deterioro salarial ha llevado a una emergencia económica en las universidades públicas, destacándose la falta de una recomposición salarial que compense el aumento de la inflación.

Inflación y pérdida del poder adquisitivo

Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, los salarios de los docentes y nodocentes de las universidades públicas han experimentado una pérdida de poder adquisitivo del 33,33%. Durante ese período, la inflación acumulada fue del 134,54%, mientras que la recomposición salarial apenas llegó al 56,97%. Este desfasaje de 77,57 puntos porcentuales ha generado una brecha salarial significativa y justificado la declaración de emergencia salarial en las universidades.

En comparación, los trabajadores del sector privado experimentaron aumentos salariales del 87,2% en el mismo período, con una brecha de 27,3 puntos con respecto a la inflación. Por otro lado, en las universidades, los aumentos salariales fueron del 48%, resultando en una diferencia de 66,5 puntos porcentuales con respecto a la inflación.

Distribución por cargos: un retrato de la desigualdad

En las universidades públicas, el 70% de los docentes poseen cargos de dedicación simple, lo que implica una jornada laboral mínima de nueve horas semanales. Un docente titular sin antigüedad percibe un salario neto de 261.384,45 pesos, mientras que uno con diez años de antigüedad cobra 326.730,56 pesos. En contraste, solo el 2% de los nodocentes cuentan con una categoría uno, que prevé un salario neto de 1.322.593,42 pesos (sin antigüedad) y 1.552.943,51 pesos (con diez años de antigüedad).

Mes a mes: la lucha por la reivindicación salarial

La crisis en las universidades públicas ha ido escalando mes a mes. En febrero de 2024, la falta de fondos para cubrir gastos básicos ya hacía peligrar el inicio del ciclo lectivo. Para marzo, los reclamos por reuniones con el Gobierno se centraron en cinco puntos críticos: gastos de funcionamiento, salarios, becas, obras y presupuesto para ciencia y técnica.

En abril, la tensión alcanzó su punto máximo con una marcha federal convocada por el Frente Sindical Universitario, a la que adhirió el CIN. La movilización reunió a un millón de personas en un paro universitario sin precedentes. En mayo, el Gobierno anunció una actualización de los gastos de funcionamiento para la UBA, lo que desencadenó reclamos de igualdad de trato para todas las universidades.

A pesar de la promesa de una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas, la falta de avances en la recomposición salarial, las becas y el presupuesto para ciencia y técnica llevó a la realización de nuevos paros nacionales universitarios en agosto.