Anestesistas no atenderían Apross ni al resto de obras sociales
En el marco del conflicto que sostiene Adaarc desde el año pasado con la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), y luego de conocerse una nueva ampliación de la cautelar que los obliga a continuar con la cobertura, los anestesistas cordobeses habrían resuelto el viernes pasado no atender no sólo a los afiliados de la obra social provincial, sino tampoco a los del resto de obras sociales y prepagas.
La advertencia surge del ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, quien informó a La Voz que este fin de semana recibió llamados de directivos de las principales clínicas de la Capital e interior, que le comunicaron la restricción de las prestaciones.
«Me informaron que fueron notificados por los anestesistas que este lunes (por hoy), no sólo no cumplirían con el fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa que ordena desde el 20 de este mes la inmediata continuidad de todas las prestaciones para los afiliados de Apross, sino que además, van a hacer extensiva la medida al resto de las obras sociales y prepagas del sector privado, limitando la atención solo a urgencias y emergencias», aseguró.
La parte pública, en cambio, no se vería afectada, según indicó.
Néstor Jaimovich, director de la Clínica Vélez Sársfield -220 camas de internación y unas 35 cirugías diarias- confirmó a este diario que el fin de semana fue notificado en forma verbal por anestesistas de su staff la decisión de no realizar prácticas en procedimientos programados para ninguna obra social ni prepaga .»No fue una amenaza, fue una decisión», dijo Jaimovich, que señaló que por eso se vieron obligados a suspender la mayoría de las cirugías previstas para hoy. «Acá hay 11 anestesistas, y avisaron que van a dejar uno de guardia», indicó.
Ante esa situación que afectaría a alrededor de dos tercios de los cordobeses, Fortuna informó que la cartera sanitaria tendrá hoy a disposición «un dispositivo especial para receptar y registrar todas las denuncias de pacientes, familiares, obras sociales, directivos de clínicas, a los que se niegue la prestación anestésica».
«La intención es que constatado que los pacientes fueron lesionados en su legítimo derecho de recibir una anestesia en una práctica diagnóstica o terapéutica, se dará parte en forma inmediata a la Justicia, con la denuncia en el fuero penal o civil que corresponda», indicó Fortuna, quien recordó que en febrero Apross incrementó un 50 por ciento los honorarios de los anestesistas, y ahora piden otro 25 por ciento.
«Pero el conflicto no es sólo por eso, sino por la pérdida de su poder histórico en fijar el número de nuevos anestesistas que se forman en la provincia, a partir de la decisión del Ministerio de determinar la cantidad de residentes de la especialidad, e incrementarla en forma sustancial», sostuvo.
Las denuncias se receptarán en la Subsecretaría de Fiscalización y Control de la Atención Médica en el Pablo Pizzurno, telefónicamente al número (0351) 468-8633, o por mail a alejandro.gauto@cba.gov.ar, y a victorjury@cba.gov.ar.
«En función de lo que ocurra, se evaluarán nuevas medidas para garantizar a la población, con el auxilio de la Justicia, el resguardo de su salud», dijo Fortuna.
Un largo conflicto
El jueves pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2° Nominación hizo lugar a una nueva ampliación de la cautelar presentada por Apross para garantizar las prestaciones anestésicas a los afiliados por parte de los profesionales nucleados en Adaarc.
En esta oportunidad, el Tribunal ordenó a Adaarc y Apross «la inmediata continuidad y efectividad del servicio de prestaciones médico anestesiológicas para los afiliados» en las mismas condiciones instrumentales reguladas en el convenio rescindido de 2015, bajo apercibimiento de ley.
Además establece que la medida provisional ordenada tendrá vigencia «hasta el dictado de la sentencia definitiva». Y también reitera la exhortación a ambas partes a que «intensifiquen las gestiones y negociaciones tendientes a la instrumentación formal de un nuevo convenio».
La primera presentación había sido hecha por la obra social provincial a fines del año pasado, luego de la renuncia en masa de los anestesistas en noviembre de 2016 al convenio vigente desde el año anterior.
El 17 de febrero pasado, a su vez, luego de la rescisión unilateral por parte de Adaarc a la carta intención suscripta el 30 de enero entre ambas partes, y el anuncio de que se cobrarían los actos anestésicos a los beneficiarios, Apross solicitó una ampliación de la primera cautelar, que fue concedida al día siguiente por el Tribunal, por un plazo de 30 días hábiles.
Luego el 4 de marzo, ante el incumplimiento de prestaciones por parte de los profesionales, el SEP y la Uepc realizaron una denuncia penal, cuya principal derivación fue la imputación del secretario general de Adaarc, José María Catá, por haber cobrado una práctica en forma directa y por anticipado a una afiliada de Apross.
El viernes pasado, el nuevo titular de Adaarc, Fabián Francioni, consultado sobre la renovación de cautelar que obliga a los anestesistas a prestar servicios, anticipó que aunque en su carácter de presidente de la entidad les dirá que deben acatar la manda judicial, el 88 por ciento de los profesionales no se presentará a trabajar, en desacuerdo con el rumbo que tomó el conflicto. Que ahora, de no mediar cambios, dejaría de estar circunscripto a los 615 mil afiliados de la obra social provincial, para extenderse al resto de la seguridad social.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior