Ante la CGT, el Gobierno desechó declarar la emergencia alimentaria
El Gobierno nacional descartó la posibilidad de disponer, por un decreto presidencial, una emergencia alimentaria nacional ante el agravamiento de la situación social, como consecuencia de la inflación desatada tras la devaluación que siguió a las Paso.
Sin embargo, se avino a la posibilidad de acordar mejoras parciales para atender a sectores que no fueron alcanzados por las medidas paliativas que instrumentó en las últimas semanas. También, a discutir “el monto y la forma” de un bono que alcanzaría a todos los trabajadores.
Así pudo saberlo ayer este diario de fuentes gubernamentales y sindicales, tras la reunión que los ministros de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, mantuvieron con “la mesa chica” de la CGT, encabezada por sus cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña.
Del encuentro también participaron Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (estatales UPCN), Armando Cavalieri (comercio) y Gerardo Martínez (Uocra).
La ministra Stanley fue la encargada de descartar la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri decrete la emergencia alimentaria. La presión en ese sentido se redobló los últimos días, a partir del reclamo de sectores diversos, desde la Iglesia Católica y las organizaciones sociales hasta la casi totalidad de la oposición legislativa en Diputados.
El jueves pasado, la propia CGT hizo pública una carta abierta dirigida a Macri en la que le pedía su instrumentación urgente para atender “la grave situación social que atraviesan los ciudadanos sumergidos en la pobreza y la indigencia”, como consecuencia de “la inflación y de la devaluación de la moneda local”.
“Lo alimentario lo tiene que definir el Congreso. Hay distintos proyectos y se debe tratar en ese marco. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, como aumentar las raciones (para comedores sociales y escuelas), y hemos reasignado partidas para reforzar lo alimentario”, dijo Stanley a la salida de la reunión en la sede de su ministerio.
Sica, por su parte, afirmó que la reunión con los dirigentes sindicales “fue muy tranquila”. “Plantearon la emergencia alimentaria y quedamos en armar una mesa de trabajo”, describió.
Diputados
Poco después de la reunión, se presentó en Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2022. En uno de sus fundamentos, dice que “concierne al Estado nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional”.
El proyecto, consensuado por casi toda la oposición, intentará ser debatido el jueves desde las 11 sobre tablas, para lo que se requiere dos tercios de los Diputados (un número que no tiene la oposición, aunque buscará sacarle provecho político al debate).
Por otra parte, en la reunión de ayer, los ministros quedaron en evaluar una sugerencia de la CGT para habilitar una suerte de “tarjeta alimentaria” destinada a desempleados para la compra de productos de la canasta básica y que sería adicional al seguro de desempleo que cobran.
Una fuente cercana a Stanley precisó que “se trata de un programa alimentario del ministerio”. Según la misma fuente, los recursos de ese programa de utilizarían “para aquellas personas que pierden su trabajo y que necesitan ayuda en ese proceso hasta que consiguen nuevo empleo, junto con el seguro de desempleo”.
En el encuentro, los ministros también expusieron a los sindicalistas las cifras que el Estado destina a políticas sociales, con especial énfasis en el bono de mil pesos adicionales para septiembre y otro tanto para octubre para cada beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y la eliminación del IVA para 14 productos de la canasta básica de alimentos.
La posibilidad de un bono para los trabajadores del sector privado y la reapertura de paritarias fueron otros planteos que llevó la CGT, aunque no tuvieron respuestas por parte de los ministros.
El Polo Obrero y Barrios de Pie desactivan acampes en Córdoba
Las organizaciones sociales Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur desactivaron ayer, pasadas las 20, los acampes que planeaban hacer hoy en el Centro de la ciudad. La medida se iba a llevar a cabo para pedir la ampliación de planes sociales.
¿La razón? Un reunión, prevista para hoy a las 16, en el Ministerio de Desarrollo Social, en la ciudad de Buenos Aires, en la que se podría avanzar con acuerdos.
Ambas organizaciones, vinculadas a las candidaturas presidenciales de Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y de Roberto Lavagna (Consenso Federal), respectivamente, habían apuntado contra la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, a quien acusan de no llamar al diálogo.
Sin embargo, ayer hubo un llamado a un encuentro para hoy con funcionarios nacionales que abrió la posibilidad de dialogar.
La protesta en Córdoba formaba parte de una jornada nacional de lucha que iba a tener su punto más álgido sobre la avenida 9 de julio, en Buenos Aires, donde funcionan las oficinas del ministerio. En Córdoba, el plan era iniciar una marcha desde Colón y General Paz. Algo que deberá esperar.
Ayer, Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero, se había quejado de la reunión con la CGT. “Convocaron a la CGT a hablar en nombre de los desocupados, no tiene sentido, ellos no movieron ni un dedo por los despidos ni por el aumento de salario”, explicó.
“No reclamamos la ley de emergencia alimentaria, lo que estamos reclamando es trabajo, aumento y apertura en los programas que se cobran, aumento de la mercadería”, señaló Berardo y se diferenció de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La CTEP, según confirmaron desde Barrios de Pie-Somos –organización que apoya la candidatura de Alberto Fernández–, hará una manifestación el próximo jueves frente al Congreso de la Nación.
Chubut: docentes
El Gobierno nacional estudia adelantar fondos.
El Gobierno nacional intentará que se reanuden las clases en Chubut (llevan ocho semanas de paro). Y para eso analiza adelantar fondos para pagar los sueldos adeudados de docentes. Según el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, el Gobierno podría enviar fondos de Educación y del ministerio del Interior (“No serían fondos nuevos”, aclaró) en concepto de adelantos financieros, a lo que se sumaría la prórroga de vencimientos de deuda que tiene Chubut con la Nación. El funcionario explicó que se trata “de refinanciamientos” y el adelantamiento del Fonit (Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos Superiores) hasta fin de año. “Con el compromiso del gobernador de que se va a pagar la totalidad de los salarios docentes adeudados”, dijo.
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior