Era árbitro en una liga de fútbol regional y asesino a sueldo de una banda narco

Como en El extraño caso del doctor Jeckyll y Mr. Hyde, Franco Figueroa tenía una doble vida. Era árbitro e impartía justicia en las canchas de las ligas regionales de Córdoba y de Santa Fe. Pero también sembraba muerte: era un asesino a sueldo del clan de Héctor Argentino Gallardo, «el Patrón», que a pesar de estar preso desde 2013 en la cárcel de Bouwer manejaba los hilos del narcotráfico a través de su hermano en la localidad de Frontera, un pequeño pueblo santafecino de 12.000 habitantes separado por una calle de la localidad cordobesa de San Francisco.

En julio, Figueroa fue detenido en un megaoperativo de la Gendarmería ordenado por el jefe de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal federal de Rafaela, Federico Grim. El juez federal Miguel Eugenio Abásolo procesó al árbitro y sicario por un doble crimen: el de dos hombres que fueron ejecutados porque pretendían irrumpir en los dominios del clan Gallardo. Son sólo algunas de las muertes que, se sospecha, están ligadas al narcotráfico en esa zona del centro del país, convertida en un nodo logístico para la distribución de estupefacientes en Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires e incluso Chile.

En el dictamen de los fiscales se detalla cómo Figueroa, de 24 años, asesinó a dos narcos oriundos de Santo Tomé, miembros de «la banda de los Santafecinos» que querían asentarse en la zona para mover la droga.

Poco antes de las 17, mientras el sol de ese 23 de enero de 2015 estaba todavía bien alto e intenso, Germán Losada y Martín Chamorro pasaron a buscar a Figueroa en un Peugeot 307. Él subió al asiento de atrás con un revólver Smith & Wesson calibre 32 y una pistola 9 milímetros en la cintura. Figueroa, según señala el expediente, se había ganado la confianza de sus víctimas tras realizar un par de transacciones de estupefacientes.

El conductor tomó por la avenida Sastre, un camino repleto de tierra que se interna en las afueras del pueblo. Allí estaba previsto que Figueroa les comprara droga a los dos miembros de los Santafecinos. Pero cuando Losada frenó el auto en pleno descampado, Figueroa fue un rayo: sacó las armas y les disparó a los dos narcos en la cabeza.

Losada recibió un solo tiro de 9 mm; a Chamorro le gatilló tres veces con la Smith & Wesson. Luego, según consta en el expediente, sacó un fósforo y prendió fuego el asiento de atrás del auto. En cuestión de minutos el Peugeot 307 se transformó en una bola de fuego; los dos santomecinos se carbonizaron adentro.

El tío de Figueroa dio un testimonio clave y lapidario: confesó que sabía que Franco iba a matar a los dos miembros de la banda de los Santafecinos. Daniel Figueroa relató que su sobrino le había propuesto matar a Losada y a Chamorro, y que le había contado la cantidad de armas que tenía para esa misión: tres revólveres y dos escopetas.

Afirmó que su sobrino trabajaba para el clan Gallardo, liderado por una familia oriunda de Frontera que hace más de una década se transformó en una organización logística del narcotráfico que triangulaba cargamentos de cocaína y marihuana desde esa región del centro del país a varias provincias por rutas terrestres y aéreas.

Un negocio asentado

Héctor Gallardo, el jefe máximo de esta banda, fue detenido el 18 de diciembre de 2013 en Orán, Salta, luego de que la justicia federal de Córdoba detectó que había dado la orden a otro sicario, Juan Ignacio Figueroa -pariente de Franco-, la orden de matar a un miembro de la organización que pretendía abrirse y vender drogas por su cuenta en Misiones, donde el clan tenía una de sus bases de operaciones y negocios de concesionarias de autos.

En el procesamiento del «Patrón», de septiembre de 2014, se destacó que «todo ese desarrollo logístico» para el tráfico de drogas generaba importantes ganancias, por lo que Gallardo usaba como método para lavar el dinero la compra de autos -se sospecha que posee dos concesionarias en Posadas, que fueron allanadas-, tractores, camiones y campos en varias provincias que ponía a nombre de testaferros.

Gallardo implementaba un viejo ardid para no figurar en los papeles: los adquiría y ponía el boleto de compraventa a nombre de familiares o de allegados, que firmaban los 08 en blanco a su nombre sin inscribir jamás la transferencia. En una concesionaria de Misiones fueron secuestrados más de 60 vehículos.

Un rasgo particular de esta organización es que su centro operativo estaba en Frontera, un pueblo de 12.000 habitantes «escondido» en el límite entre Córdoba y Santa Fe, donde es difícil pasar inadvertido. En esa localidad pobre, de casas bajas, de pocas calles asfaltadas donde deambulan enjambres de motos y ciclomotores, considerado el «patio trasero» de la cordobesa San Francisco, todos conocen a Gallardo, que tenía allí un aserradero por herencia familiar.

«El Patrón», según se desprende del expediente, traía los cargamentos de marihuana desde Paraguay a través de su contacto en ese país: Eva Portillo de Quiñonez. Las escuchas telefónicas de la causa aportan indicios de que se movían grandes cantidades y que parte de esos cargamentos se exportaban a través de los pasos fronterizos Cristo Redentor, Mendoza, y Cardenal Samoré, en Neuquén, hacia Chile.

El testimonio de un testigo protegido, que figura en el expediente, dice que «entre septiembre y octubre de 2012 habrían bajado [desde Paraguay] 4500 kilos de marihuana». Portillo fue detenida en agosto de ese año en la ruta 7, cerca de Luján, provincia de Buenos Aires, con 73 kilos de marihuana.

La cocaína que movía la banda provenía de Bolivia y de Perú y, según la declaración de un testigo protegido se procesaba en un laboratorio de Villa Josefina, un pueblo vecino a Frontera. Allí trabajaban los colombianos Luis Marulanda García, que vivía en una casa de Gallardo, y Luisa Castaño, que residía en el hotel El Gringo, propiedad del «Patrón».

El testigo describió que en una estancia conocida como Villa Josefina, en Frontera, colombianos y bolivianos venían especialmente a cocinar el clorhidrato de cocaína, con una producción de cien kilos por mes, y que Gallardo «era íntimo amigo del jefe de la policía de la provincia de Santa Fe y, además, del intendente y de la policía de Frontera». Hacía referencia a la comisaría 6» de la localidad, cuyos efectivos en su mayoría irían presos un año más tarde tras el escándalo del «crucificado»: el caso del joven torturado en esa seccional y luego dejado en la lindera San Francisco, maniatado en una cruz.

Fuente: La Nación. La Nación