Buscan juicios abreviados para más de 2 mil infractores de cuarentena

Antes de fin de año, quieren llevar a juicio más de dos mil causas contra infractores de la cuarentena aprehendidos en controles policiales. La intención es que sean juicios abreviados y la prioridad para la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) es empezar por los infractores que fueron demorados más de una vez por infringir el aislamiento social, preventivo y obligatorio y por las causas en las que están involucradas personas con antecedentes penales.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal busca cumplir con la directiva del gobernador Juan Schiaretti, quien pidió al inicio de la cuarentena que hubiera consecuencias legales para quienes no cumplan con las restricciones sanitarias por la pandemia.

En abril, el primer mes fuerte de controles, la Ufes recibió 10.869 casos con personas aprehendidas por la Policía por violar la cuarentena: 6.976 de la ciudad de Córdoba (64 por ciento) y 3.893 del interior (36 por ciento). En mayo fueron 8.564 los casos: 5.357 de Capital (63 por ciento) y 3.207 del interior (37 por ciento). Estos datos son parte de un informe de gestión que presentó la Ufes, al que accedió La Voz.

En junio, con el inicio de las flexibilizaciones, los controles disminuyeron y las detenciones también, a razón de un 20 por ciento en relación con mayo, estimaron las autoridades de la Ufes, que no tienen aún la contabilidad cerrada del mes pasado.

Esto daría, en forma aproximada, unos seis mil casos más, con una proporción aún mayor de aprehensiones en Capital, puesto que en el interior comenzaron antes las flexibilizaciones.

Del número total de detenidos a quienes se les iniciaron causas, entre marzo y mayo había 887 personas con más de un sumario por violación de cuarentena. Aunque a la gran mayoría (más del 90 por ciento) le bastó con una vez, en la Ufes tienen multirreincidentes, con hasta seis aprehensiones. Para la fecha de este corte, los reincidentes eran el siete por ciento de los 11.299 detenidos acumulados hasta entonces.

A su vez, según la Ufes, hasta el último día de mayo había entre los detenidos 1.143 personas con antecedentes penales. Respecto del número total a esa fecha, representaban el nueve por ciento del total.

No es correcto sumar 887 y 1.143 para decir que esos serán los primeros dos mil casos en ser elevados a juicio, porque falta depurar el padrón y ver si los reincidentes son, a su vez, personas con antecedentes.

El contacto con los casos concretos les permite asegurar a los fiscales asignados a la Ufes, Valeria Rissi, Carlos Cornejo y Andrés Godoy, que son muchas las coincidencias. Pero faltan ser contabilizados los datos de junio y de lo que va de julio. En la Ufes estiman que se mantuvieron las proporciones de reincidentes y de personas con antecedentes, lo que sumaría en conjunto más de mil causas más.

Ya hubo juicios

Ya hay experiencias de juicios abreviados por estas infracciones en La Carlota, Marcos Juárez y Bell Ville. En Córdoba se cerrarían varios procesos, con este mecanismo, en las próximas semanas.

Se trata de causas sencillas, que no requieren investigación por ser delitos en flagrancia, es decir, hechos constatados en el momento en que ocurren. Si una persona circulaba sin permiso ni habilitación y fue detectada en un control, no se requiere de mucho más para dar por cierto el hecho.

El resto de las causas, que involucran a personas que no son reincidentes ni tienen antecedentes penales, recién serían resueltas cuando se disuelva la Ufes. La intención es que se sorteen entre las 20 fiscalías de Capital y las del interior. No está claro aún cómo se tramitarán y si alguna vez serán resueltas o quedarán, por imperio del conocido principio de la oportunidad, en el camino del archivo.

Ciertamente, no se encuentra entre estas causas que quedarán a la deriva la investigación por los contagios en el geriátrico Santa Lucía, donde están imputados el director y un médico, pero tampoco es seguro que llegue a ser elevada a juicio antes de fin de año, consignaron fuentes judiciales.

Hay procesos en investigación por los contagios en el hospital Italiano y también denuncias por discriminación y amenazas a personal de salud, que no cerrarán en el corto plazo.

A su vez, hay causas que involucran a manifestantes del sindicato de empleados municipales (Suoem), la red de vecinos autoconvocados y la protesta denominada “La revolución del barbijo”, que están en plena instrucción, en la búsqueda de identificar a los participantes.

Desde la Justicia aseguran que no se busca, con estas causas, criminalizar la protesta social, sino que la Ufes sólo tomó intervención por la violación de las restricciones para las aglomeraciones sociales que impuso la cuarentena.

Vehículos secuestrados

La Ufes informó que en abril se secuestraron 592 elementos que estaban en poder de los infractores a la cuarentena: 186 fueron autos; 349, motos, y 57, varios, entre los que había bicicletas y hasta carros y caballos.

En mayo, los secuestros fueron de 366 objetos: 117 autos, 215 motos y 34 varios (se llevó a depósito un cuadriciclo, como cosa extraña).

Hasta el 31 de mayo ya se habían devuelto 168 vehículos y tres bicicletas, luego de que los propietarios fundamentaron su necesidad.

Los que queden decomisados serán entregados al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que los derive a las organizaciones sociales, estatales o de bien público que lo soliciten.

Algunos datos incongruentes

Para el Ministerio de Seguridad de la Provincia, hasta la semana pasada se habían producido en Córdoba 33.508 detenciones por violar las medidas dispuestas por la cuarentena.

De este total, 14.060 fueron en la ciudad de Córdoba. El resto, en el interior provincial.

A su vez, se secuestraron en estos operativos iniciados el 20 de marzo 5.205 vehículos, según la información oficial.

Casi la mitad fueron motos, un 40 por ciento corresponde a automóviles; una fracción menor, a vehículos utilitarios, y el resto, agrupados en el rubro varios, incluye a bicicletas, monopatines eléctricos y hasta un tractor.

“La Policía ha hecho un gran esfuerzo con un propósito eminentemente sanitario resguardando la salud pública y la de los propios aprehendidos, fundamentalmente durante las fases más estrictas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, defendió Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad provincial.

Mosquera aseguró que los números que difunde son correctos y que las personas aprehendidas son las que se pusieron a disposición de la Justicia. “Luego depende de la decisión de las fiscalías el temperamento jurídico con que atiende cada caso en particular”, deslizó.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior