Caso González: la Provincia analiza cambios en la entrega de carné de conducir y en el uso de los autos judicializados
Desde el Centro Cívico adelantaron que analizan modificaciones en ambas cuestiones. No trascendieron los detalles, pero dijeron que “hay voluntad política” a partir de lo sucedido con el legislador.
El gobierno de Córdoba analiza cambios en la entrega de los carné de conducir, con la idea de unificar los criterios en todas las ciudades y localidades de la provincia.
Además, también se conoció que desde el Centro Cívico van a revisar el sistema de otorgamiento de vehículos judicializados a funcionarios públicos.
Las novedades, confirmadas a este medio por fuentes oficiales, son impulsadas luego de lo sucedido con el legislador Oscar González, quien el pasado 29 de octubre protagonizó un siniestro vial que terminó con la vida de una docente, y con dos adolescentes internadas en grave estado.
Si bien no hay detalles de cómo avanzarán sobre ambos temas, desde el Centro Cívico se afirmó que hay una decisión política de llevar adelante modificaciones a partir de los hechos relacionados con el incidente de González.
CARNÉ
Por el lado de la entrega de los carné de conducir, se analizan medidas para que sea el ministerio de Gobierno y Seguridad, a cargo de Julián López, el que interactúe con los municipios de Córdoba en busca de ordenar el sistema.
En el caso de González, días después del choque en las Altas Cumbres, se conoció que el legislador no cumplía los requerimientos para tener una licencia de conducir adherida al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) y todo indicaba que esa era la razón por la que circulaba con una licencia emitida en la localidad de Las Tapias (pese a que González tiene domicilio en Villa Dolores).
El certificado de antecedentes de tránsito del legislador,emitido el lunes posterior al accidente, señalaba que “el conductor no cumple los requerimientos para obtener la licencia”.
La Voz publicó que, de los 427 municipios y comunas de Córdoba, 225 tienen centros emisores de licencias de conducir habilitados por la Provincia y 53 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Pero el resto –149– podría emitir carnés con sus propias legislaciones, sin consultar los registros de antecedentes ni cumplir los requisitos estandarizados por Provincia o Nación.
Sobre esta situación de “desconexión” trabajará la Provincia, en busca de unificar la emisión de los carné.
AUTOS JUDICIALIZADOS
El caso de Oscar González también generó polémica luego de que se conociera que viajaba en un auto entregado por la Justicia de Córdoba.
La práctica de asignación de vehículos judicializados a diferentes instituciones (como la Legislatura) tiene sustento en ley 8.550, sancionada en 1996.
Luis Sosa, administrador de los Tribunales provinciales, había explicado que los autos judicializados no sólo se entregan a la Legislatura provincial sino también a diferentes instituciones como organizaciones no gubernamentales, municipios y hasta la propia Iglesia.
“Desde que se instala la ley en el ‘96, el TSJ ha venido dictando acordadas para fijar pautas”, le había dicho a Cadena 3.
Al menos nueve vehículos de alta gama habían sido entregados por el Tribunal Superior de Justicia a la Legislatura provincial, uno de ellos era el BMW X1 que tenía asignado González, y con el que chocó.
El propio González, quien gestionaba estos vehículos, se había autoasignado, además del BMW, una camioneta VW Amarok, otra camioneta Land Rover y un Audi.
Precisamente el BMW fue recibido en 2019 en la Legislatura. El auto fue entregado a la Legislatura en calidad de “depositario judicial”, en el marco de las atribuciones de la mencionada ley 8.550.
González circulaba en la BMW X1 de color negro (dominio apócrifo AB293MY) cuando protagonizó el grave siniestro. La camioneta había sido denunciada como robada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, en Buenos Aires.
Tres años antes del luctuoso hecho en las Altas Cumbres, el vehículo había sido secuestrado por la fiscalía de Villa Dolores (producto de la investigación por robo).
La camioneta fue puesta a disposición del TSJ que el 13 de noviembre de 2019 se lo asignó al Poder Legislativo como “depositario judicial”.
De esta forma, González estaba a cargo de la “custodia” judicial del auto, al menos al momento de la tragedia, por la que fue imputado por presunto homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor (imprudencia) y lesiones culposas agravadas.
Según la ley, el TSJ ostenta la potestad de entregar los vehículos incautados en causas penales a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, en calidad de “depositarias”.
Sin embargo, en el caso de González, le entregó el auto a la Legislatura manteniendo el dominio “clonado” AB293MY de la BMW blanca original, propiedadde Gabriel Kohan, un corredor inmobiliario de Remax en La Plata, adquirido en el concesionario oficial de la marca alemana.
Fuente: La Voz del Interior.