Desafío 2020 del gobierno: reestructurar la deuda y motorizar la economía

Cuando el gobierno anterior comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento con acreedores privados, primero, indicábamos sobre el riesgo de hacerlo en una economía desregulada y recesiva que, en efecto, no generaba las bases para el crecimiento económico, paso elemental para lograr las condiciones del repago. Luego, cuando Nicolás Dujovne anunció una línea de crédito Stand-By con el FMI ponía en evidencia la crisis del esquema de financiamiento mediante la emisión de bonos y letras. En esa oportunidad, pese a las chácharas optimistas de la gestión anterior, tampoco estaban garantizadas las condiciones para que la economía se expanda y saldar así intereses de deuda contraída más capital. Es de público conocimiento que las divisas fueron utilizadas para gastos corrientes y financiar la fuga de capitales posibilitada por el mismo programa económico de Cambiemos.

El paso del tiempo nos terminó dando la razón. Hace poco más de un año advertíamos que el mismo Fondo señalaba que el programa de Cambiemos presenta “riesgos evidentes para la sustentabilidad de la deuda”, motivo por el cual sugirieron profundizar el ajuste en el Presupuesto del 2019. Algunas de las medidas que debería implementar la economía, según el organismo multilateral, eran: mayor reducción de los subsidios en energía y transporte; disminución del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal; recortar las transferencias a empresas del Estado y financiar mediante endeudamiento a las empresas estatales; vender tierras fiscales y liquidar los fondos de pensiones, entre otras. Estas medidas se aplicaron de manera parcial o total.

Las divisas que llegaron como préstamo del FMI fueron utilizadas para gastos corrientes y financiar la fuga de capitales, posibilitada por el mismo programa económico de Cambiemos.

Durante el 2020, Argentina afronta el pago de 63 mil millones de dólares de deuda
Así, el gobierno anterior recibió una economía estancada, luego de una década de crecimiento, y dejó el poder con una economía endeudada y sumida en una profunda recesión. Cabe aclarar que más de un 70% de la estructura de deuda bruta es en moneda extranjera y cerca del 40% de la misma está supeditada a legislación extranjera, según publica la Secretaría de Finanzas. Con todo esto, la administración que arribó a la Rosada este mes deberá hacer frente el próximo año al pago de 63 mil millones de dólares entre capital e intereses de deuda. Argentina enfrenta un ratio de deuda del 80% del PBI, según señala la consultora PwC de acuerdo a información oficial.

Los compromisos de deuda que deberá enfrentar el país en el primer trimestre del 2020 son del orden del 4% del PBI y en la segunda mitad del año llegan al 6% del producto. En los primeros meses del año venidero hay principalmente vencimientos de letras del tesoro, ya que el pago a los organismos multilaterales de crédito representa un porcentaje menor. Mientras que en el segundo trimestre el peso de la deuda con el Fondo crece respecto al primero. Es factible pensar que el gobierno intentará negociar la reestructuración de la deuda antes de hacer frente a los compromisos importantes que en estas condiciones la economía del país no está en condiciones de afrontar, para evitar el default.

Con el objetivo de evitar el default

Mientras tanto, el Tesoro Nacional avisó que pagará los títulos públicos que vencen en la última semana del 2019. Uno de ellos es el “Bono Centenario”, título a cien años que emitió Luis Caputo en una de las últimas jugadas antes de quedarse sin financiamiento. El bono fue emitido a mediados del 2017, le permitió al Tesoro hacerse de u$s2.750 millones con un rendimiento de casi ocho puntos porcentuales. En efecto, el gobierno sostiene con hechos su compromiso de saldar la deuda evitando entrar en default, tal como lo había expuesto en diferentes intervenciones públicas.

En el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía Martín Guzmán remarcó su compromiso con “tranquilizar la economía”, para lo cual es importante que las cuentas fiscales no se desequilibren mientras priorizan atender la situación de “la población que está en alta vulnerabilidad”. Subrayó que “no se puede, de un momento a otro, lograr un superávit primario de la magnitud necesaria para que la economía finalmente esté en un sendero sostenible de crecimiento”, a la par que aclaró que “sí es importante establecer la secuencia y hemos tomado medidas que hacen que no aumente el déficit fiscal este año”.

El ministro también criticó la política monetarista “aplicada por la gestión anterior acordada con el FMI” que presumía que ajustando la base monetaria reduciría la inflación de manera directa, “y eso no ocurrió”. De modo tal que si bien no sabemos qué tipo de reestructuración de deuda propondrá a los acreedores privados y el Fondo, podría interpretarse de lo expuesto que no aceptaría implementar una política monetarista como prenda de cambio en la negociación.

Más de un 70% de la estructura de deuda bruta es en moneda extranjera y cerca del 40% de la misma está supeditada a legislación extranjera.

Aumentar la recaudación aplicando tributos progresivos

La reestructuración de la deuda es condición necesaria para avizorar qué puede ocurrir con la economía nacional. Sin este mapa delineado lo que ocurrirá en la economía en los próximos meses y años es poco predictible. Sí conocemos que la ley de Solidaridad Social y Reactivación recientemente aprobada busca robustecer las arcas del Estado para enfrentar los compromisos de deuda venideros, a la par que también pretende motorizar la obra pública al direccionar hacia la construcción parte de los recursos provenientes del impuesto a la compra de dólares e inyectar algo de dinero en el bolsillo de los más castigados.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que las medidas aprobadas por el parlamento permitirán al Estado recaudar 8 mil millones de dólares, lo cual es el equivalente al 2,14% del PBI. Este ingreso de recursos estaría explicado por tributos típicamente progresivos como son: los derechos de exportación, bienes personales, sumado al gravamen a la adquisición de monedas extranjeras. Por ejemplo, la ley acaba con las reducciones de bienes personales promovidas en el 2016, gravamen que volverá a las alícuotas del 2015. Según el centro de investigación, por las modificaciones que implementó Macri sobre este impuesto que grava a la riqueza, al finalizar 2019 este tributo aportará aproximadamente unos $28.200 millones, mientras que se estima que en 2020 el fisco recaudará más de $100 mil millones en concepto de bienes personales.

Para que la estrategia del gobierno de cumplir con los compromisos de deuda aumentando la presión impositiva sobre los sectores de mayores ingresos, encendiendo los motores de la economía, sin resentir a los estratos sociales más vulnerables, es preciso que la espiral inflacionaria se atenúe. De no ser así los salarios, jubilaciones y asignaciones seguirán perdiendo poder adquisitivo, el tipo de cambio quedará atrasado, la recaudación se derruirá y la deuda en dólares se tornará impagable.

Fuente: La Mañana. La Mañana