El sistema que vulnera: el caso de una docente víctima de abuso sexual que perdió su derecho a trabajar
Un nuevo caso de revictimización sacude a la comunidad. Una docente, víctima de abuso sexual en su infancia, fue desvinculada de su trabajo en el Servicio Penitenciario de San Francisco luego de denunciar a su agresor y recibir medidas de protección judicial.
La decisión, basada en el «Protocolo de la Víctima», pone en evidencia las fallas estructurales del sistema que, lejos de protegerla, la castiga por haber denunciado.
La docente, quien prestaba servicios en la cárcel de San Francisco, denunció en septiembre de 2024 los abusos sufridos en su infancia a manos de su progenitor. Como parte de la causa judicial, el Juzgado de Violencia Familiar dictó una medida de impedimento de contacto entre la víctima y el victimario.
En diciembre, el acusado fue imputado y se le dictó prisión preventiva, siendo alojado en el Servicio Penitenciario de San Francisco, el mismo establecimiento donde trabajaba la docente.
En febrero de 2025, cuando la docente se preparaba para retomar sus funciones en el inicio del ciclo lectivo, fue notificada de que tenía prohibido el ingreso al establecimiento penitenciario. Las autoridades penitenciarias justificaron la medida en el «Protocolo de la Víctima», argumentando que la orden judicial de impedimento de contacto impedía su continuidad laboral.
En otras palabras, en lugar de garantizar su derecho a trabajar y adoptar medidas para evitar el contacto con su agresor, se la desvinculó y se le sugirió que buscara otro empleo.
Una decisión sin perspectiva de género
Los abogados de la docente, Dra. Virginia Panero y Dr. Nicolás Casas, solicitaron su inmediata reincorporación, proponiendo alternativas como el traslado del interno a otra penitenciaría o la implementación de medidas de seguridad para evitar el contacto en su jornada laboral. Sin embargo, la petición fue denegada, dejando a la víctima sin su fuente de ingresos y en una situación de extrema vulnerabilidad.
Esta decisión vulnera gravemente los derechos de la docente:
- No se respeta su derecho a trabajar (art. 14 bis de la Constitución Nacional).
- Se la revictimiza, ya que, además del trauma por el abuso sufrido, ahora es castigada laboralmente por la presencia de su agresor en el penal.
- Se ignoran los principios de perspectiva de género y protección de las víctimas, establecidos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
- Se refuerza un mensaje peligroso: que es la víctima quien debe desplazarse, adaptarse y resignar su vida frente a la presencia de su agresor.
La aplicación del «Protocolo de la Víctima» en este caso resulta contradictoria y perjudicial. En lugar de generar un entorno seguro para la docente, se la deja sin empleo y en una situación de mayor vulnerabilidad económica y emocional.
Las decisiones judiciales y administrativas deben garantizar la seguridad y los derechos de quienes han sufrido violencia, sin empujarlas a la exclusión. Este caso evidencia, una vez más, cómo el sistema falla en proteger a las víctimas y termina beneficiando a los agresores.
La lucha por la justicia no debe convertirse en una condena para quienes se atreven a denunciar.