Explosiones de Río Tercero: 25 años después, faltan respuestas

Pasó un cuarto de siglo. Un tercio de los 50 mil habitantes que hoy Río Tercero cuenta no había nacido cuando la ciudad se transformó en noticia mundial por el inédito bombardeo a sí misma. Casi nadie sabía entonces que era el centro operativo de una de las más escandalosas maniobras de corrupción en la Argentina contemporánea, ligada al tráfico ilegal de armamento.

Hoy se cumplen 25 años de aquella infamia. Aldo Aguirre, Romina Torres, Leonardo Solleveld, Elena de Quiroga, Hoder Dalmasso, Laura Muñoz y José Varela les pusieron nombres a la tragedia humana: fueron los siete muertos (ninguno dentro de la planta militar, todos en la ciudad que la rodeaba). Hubo más de 300 heridos y enormes daños materiales.

Un cuarto de siglo después, la causa judicial que lo explique todavía gira y la gente desconfía. Hubo un juicio con condenas pero en las calles de Río Tercero la impresión que predomina es que faltan respuestas.

Hace apenas días, la Justicia federal de Córdoba aportó una novedad, justo antes del redondo aniversario: ahora tiene fecha el juicio que falta al expresidente Carlos Menem.

El Tribunal Oral Federal 2 fijó al 24 de febrero de 2021 como día de inicio de las audiencias. Menem será el único imputado en un juicio que, en realidad, oficiará como complementario del que en 2014 culminó con las condenas por “estrago doloso agravado” a cuatro militares que ocupaban cargos directivos en Fabricaciones Militares. La misma imputación pesa ahora sobre el actual senador nacional por La Rioja.

Menem no había sido incluido en aquel juicio porque la Justicia federal cordobesa le había dictado antes un sobreseimiento a su favor.

La historia de la causa judicial, en 25 años, está jalonada de más vueltas que idas.

La más reciente también. El juicio que tendría lugar en 2021 corresponde a una resolución judicial tomada hace dos años, en 2018.

En 2017, tras una serie de apelaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar la decisión que había dejado al expresidente afuera del juicio de 2014 . En mayo de 2018, la misma Cámara cordobesa que había sobreseído a Menem en 2013 resolvía procesarlo. En ese tribunal algo había cambiado: al peso de la orden dictada por Casación se sumó que dos de sus tres miembros eran otros de los que resolvieron aquel sobreseimiento.

El expediente regresó al juzgado de Río Cuarto, el que desde 1995 y con variados magistrados y más variadas decisiones, instruyó la causa.

En noviembre de 2018, el juez riocuartense Carlos Ochoa volvió a elevar a juicio a Menem. Esa instancia es la que ahora, dos años después, tiene fecha fijada. El Tribunal 2 que lo juzgaría está integrado por Noel Costa, Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier.

Fuentes ligadas al caso aseveran que no quedan ya recursos judiciales posibles para interponer y evitar el juicio.

Salvo –se admite y no se descarta– que se argumenten razones de salud al momento de las audiencias, que –pandemia mediante– serían “a distancia”. Menem tiene 90 años de edad.

Para arriba

“Menem lo hizo”: si una encuesta reflejara lo que cree la mayoría de los riotercerenses, se daría seguramente con esa respuesta. La impresión social dominante, desde hace dos décadas, es que las explosiones fueron un atentado pergeñado desde el más alto poder de entonces, para ocultar las exportaciones clandestinas de armas que ese mismo poder promovió. Esa misma fue la conclusión de la Justicia.

La batalla argumentativa sobre el origen de las explosiones fue ganada por Ana Gritti hace años. La abogada Gritti era la esposa de Hoder Dalmasso, uno de los siete muertos por la voladura. Se constituyó, en soledad, en la única querellante penal en la causa y fue el eslabón clave para sostenerla abierta antes de que se cerrara como un accidente inexplicable.

Sin Gritti, el destino judicial del caso habría sido diferente. Pero ella no lo pudo comprobar: falleció en 2011.

“Aparato de poder”

El fallo de 2014 en Córdoba, firmado por los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Garzón, asumía una contradicción. A tono con los planteos de la fiscalía y de la querella, definió que la sucesión de explosiones fueron “intencionales, programadas y organizadas”, desde un “aparato de poder”. Es decir, una estructura ligado al Estado.

El fallo admitía que no había pruebas sobre quiénes ejecutaron la acción material. Por eso aludía a la figura de “autores mediatos” para los cuatro militares condenados. Esa figura se extiende ahora al procesamiento de Menem.

Pero aquella condena limitaba la “autoría mediata” a mandos medios de Fabricaciones Militares, sin roles claves en ese “aparato de poder”. ¿Cómo pudo organizarse semejante acción sin aval o decisión de más alto rango? A ese interrogante las condenas dictadas no daban respuesta. Pero el fallo dejaba abierta la puerta para revisiones.

En el juicio oral, los cuatro militares condenados a entre 10 y 13 años de prisión –Jorge Cornejo Torino, Marcelo Gatto, Carlos Franke y Edberto González de la Vega (fallecido meses atrás)– insistieron sobre su nula relación con cualquier atentado. Más en los pasillos que ante los jueces, algunos de ellos planteaban que si fue un acto programado, otros debían ser los acusados.

Exministros, exinterventores de Fabricaciones Militares y exjefes del Ejército fueron quedando fuera del proceso, por sobreseimientos, faltas de méritos o fallecimientos.

Los “plazos razonables”

Las cuatro condenas de 2014 fueron ratificadas en 2017 por la Cámara Nacional de Casación Penal, que avaló el criterio de que las explosiones fueron “un atentado provocado de modo intencional y organizado, para ocultar pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”.

Otra apelación fue presentada, ya ante la Corte Suprema, que aún no se pronunció. Visto así, las penas no están firmes.

A la vez, otro expediente judicial impacta sobre este y planta una paradoja: en 2018, otra sala de la misma cámara nacional resolvió sobreseer a Menem en la causa por la que, en Buenos Aires, había sido condenado (junto a una decena de exfuncionarios y militares) a siete años de prisión por “contrabando agravado” de armas.

Los jueces argumentaron allí la prescripción por exceso del “plazo razonable” para juzgarlo, dados los más de 20 años transcurridos.

Ese sobreseimiento fue recurrido ante la Corte Suprema, donde también espera resolución final.

La pregunta de si podría influir ese criterio en la causa paralela por las explosiones no tiene respuestas únicas. Hasta ahora, diferentes tribunales han rechazado los planteos de prescripción por exceso de tiempo transcurrido para el caso de Río Tercero.

Vínculo evidente

La relación de las explosiones con la venta ilegal de armas es indisoluble. En cualquiera de las hipótesis sobre el origen de la voladura, esa trama de negociados y contrabando explica la tragedia.

El fallo del Tribunal Federal 2 lo definió como un atentado para ocultar las operaciones de ventas a Croacia entre 1991 y 1995. Por ejemplo, y entre muchos otros indicios, dado el faltante de proyectiles inventariados tras la voladura.

Pero aun para los que duden de esa hipótesis, aquellas exportaciones ilegales explican la destrucción y la muerte que padecieron los riotercerenses. Porque sin esas maniobras apuradas, desprolijas, oscuras y clandestinas, la Fábrica Militar no habría estado repleta de viejos proyectiles de guerra, que llegaban desde diferentes unidades del Ejército para ser “maquillados” como nuevos, para su urgente reventa.

Por esos negocios hubo galpones atiborrados de bombas, de pólvora y de trotyl, que volaron por los aires en una sucesión de explosiones. Algunos de ellos, pegados a varios barrios, acumulaban material de guerra de modo improvisado y sin suficientes medidas de seguridad.

Por esos días, un nuevo embarque a Croacia se había demorado. Los diarios habían empezado ya a hablar de sospechas de ventas de armas a aquel país. Ese material bélico que –como para los envíos anteriores– se había retirado clandestinamente de unidades militares de varias provincias, había quedado “parado” en Río Tercero.

Ese embarque no pudo ser. Y las bombas que los croatas pretendían disparar contra los serbios en aquella cruenta guerra terminaron bombardeando a la misma ciudad donde se fabricaban, en la muy calurosa mañana de aquel 3 de noviembre.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior