Facturas truchas: Revocan excarcelación a un contador sanfrancisqueño por la presunta megaevasión

Los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, cuestionaron la excarcelación con la que en noviembre último el juez Ricardo Bustos Fierro benefició a uno de los acusados por la llamada megaevasión, y ordenaron que aquella resolución fuera revocada.

En síntesis, Bustos Fierro había ordenado que el imputado Lucas Fernando Zopetto, de profesión contador, fuera excarcelado para atender el supuesto daño que su estadía en prisión le estaba generando a una hija menor de edad. Ahora, los camaristas dictaminaron que esa resolución estaba floja de argumentos, por lo que decidieron revocarla. De esta manera, dieron la razón al fiscal Enrique Senestrari, quien había presentado un recurso de oposición a la liberación. En el mismo fallo, le indicaron a Bustos Fierro que realice un nuevo dictamen.

“Entiendo que corresponde revocar la resolución en crisis, toda vez que de la misma no surge que el juez haya realizado un análisis en referencia a las pautas a tener en cuenta en relación con el riesgo procesal a los fines de otorgar la libertad del encausado Zopetto, tal como lo prevé el ordenamiento ritual”, reprocha Sánchez Torres, autor del voto principal.

“Considero que el análisis de los riesgos procesales no puede recaer únicamente sobre la situación familiar de Zopetto, debiendo el a quo ponderar otros indicadores de riesgo procesal a los fines de decidir sobre la imposición de alguna de las medidas previstas”.

Y cierra: “En tal sentido, comparto lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal al momento de interponer el recurso, al sostener que el fallo no ha explicado por qué la prueba recolectada y expuesta no es idónea para demostrar indicios de riesgo procesal”.

La causa es una de las más complejas que se hayan investigado en los Tribunales federales de Córdoba en los últimos tiempos. Se analizan casi 16 mil facturas consideradas “apócrifas” por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Es decir, generadas a nombre de personas de bajo recursos y en las que presuntamente se simulaban contratos por altos valores que eran pagados de manera ficticia por las firmas bajo sospecha.

En total, hay 639 empresas de todo el país en la mira, aunque por ahora 50 son los acusados que quedaron bajo la investigación penal. Entre ellos, figuran varios empresarios y los intendentes Cayetano Canto, de Saldán, y Daniel Salibi, de Mendiolaza.

Por norma, para que la evasión sea considerada un delito penal el monto evadido debe ser igual o superior a 1.500.000 pesos en un solo período. De lo contrario, se está ante una falta administrativa.

En noviembre último, Bustos Fierro firmó la liberación del contador Zopetto, tras un recurso de la defensora oficial Mercedes Crespi, quien había señalado que tenía a su cargo una hija de corta edad que, si bien no convivía con él, sí tenía una relación fluida, y que no existía peligro de que el profesional entorpeciera el avance de la investigación.

Ante esto, el fiscal Senestrari se había opuesto. Entre sus argumentos, señaló que Zopetto era, en la “pata San Francisco” de la investigación, “un actor de mayor importancia en el engranaje que permitió no sólo la alteración dolosa de registros, sino que tuvo al menos una omisión deliberada en cuanto a la proyección del daño al fisco por medio de la evasión tributaria”.

Se lo sindica como un especialista en la creación de sociedades de acciones simplificadas. Se investiga a 16 de estas organizaciones por presunta facturación apócrifa.

Remarcó que su detención se había solicitado “en razón de la gravedad de la calificación legal propuesta para los hechos que se le imputan, y el temprano estado de la investigación, cuya dirección dependerá en gran medida del resultado de la observación y análisis de las pruebas secuestradas, de lo que surge riesgo procesal”.

Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior