¡Felices Pascuas! La casa está en orden

Existe un lugar común según el cual el alzamiento carapintada de Semana Santa fue una afrenta a la democracia y al orden constitucional por parte de un sector del Ejército, eficazmente sofocada por una masiva movilización popular. La idea, sin lugar a dudas seductora, tiene sus problemas.

En la Semana Santa de 1987 el entonces presidente Raúl Alfonsín enfrentó la primera gran crisis militar desde el regreso de la democracia. Esa es la única certeza que existe sobre aquellos días de abril: la unanimidad se diluye a la hora de analizar contra quién se alzaron los levantiscos y cuáles fueron sus objetivos, y tampoco hay acuerdo a la hora de evaluar quiénes fueron los «ganadores» y «perdedores» de ese enfrentamiento.

A comienzos de 1987, la Ley de Punto Final, que ponía un plazo para la persecución de los crímenes de la dictadura, desató una ola de citaciones judiciales a militares de rangos bajos y medios, que eran quienes más fácilmente podía ser identificados como responsables por la represión.

Entre los citados se encontraba el mayor Ernesto «Nabo» Barreiro, quien debía presentarse a declarar el 14 de abril en una causa en la que estaba acusado por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba. En vez de concurrir a los tribunales, Barreiro se dirigió al Regimiento de Infantería Aerotransportada de esa provincia y se acuarteló: fue la chispa que desató la crisis.

Aun cuando ya sabía que la situación que existía en el Ejército, Alfonsín confió en que el jefe de la fuerza, el general Héctor Ríos Ereñú, sofocaría rápidamente el alzamiento y partió rumbo a Chascomús para descansar con su familia, aprovechando el feriado. Pocas horas después, cuando un grupo de oficiales intermedios tomó el mando de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en apoyo a Barreiro, debió volver a Buenos Aires de urgencia, a bordo de un helicóptero.

El motín, liderado por el teniente coronel Aldo Rico, puso en escena a un sector del Ejército que hasta ese momento venía consolidando su liderazgo de manera subterránea, enancados en la disconformidad de las capas bajas y medias de las Fuerzas Armadas con «los generales de escritorio», a quienes responsabilizaban por el fracaso de Malvinas y la bancarrota del Proceso.

El de los «carapintadas», como los bautizaron los medios, fue el primer levantamiento desde el regreso de la democracia y generó una movilización de la sociedad civil pocas veces vista, encolumnando detrás del presidente a prácticamente la totalidad de los partidos políticos y organizaciones sindicales. Luego de cuatro días de tensión, depusieron su actitud tras reunirse con Alfonsín, quien al anunciar el fin de la crisis ante una multitud los calificó como «héroes de Malvinas». En ese mismo discurso, el mandatario profirió una de sus más célebres frases: «¡Felices Pascuas! La casa está en orden».

Si bien el alfonsinismo planteó la crisis en términos de «democracia o dictadura», existe cierto consenso en considerar que los sucesos de Semana Santa no fueron un intento de golpe de Estado sino, en todo caso, un «planteo» militar. Tras el alzamiento, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Obediencia Debida, cuya redacción estaba lista al momento en que Rico y los carapintadas salieron a escena. El proyecto fue tratado en tiempo récord, y avalado por la Corte Suprema en menos de un mes.

Si el único móvil de los carapintadas hubiese sido el de la amnistía que suponía la Ley de Obediencia Debida, su existencia se hubiese agotado al mes de haber irrumpido a la luz pública. Pero el quiebre dentro del Ejército era más profundo, por lo que el enfrentamiento entre el bando carapintada y la conducción del Ejército marcó la vida interna de la fuerza en los años siguientes, incluso cuando Ríos Ereñú dejó el mando de la fuerza inmediatamente después de Semana Santa.

Treinta años después, la mayor parte de los carapintadas están en libertad por no haber estado comprometidos con la represión ilegal, mientras que los «generales democráticos» leales al alfonsinismo que aún están vivos cumplen condenas por delitos de lesa humanidad.

Tras los sucesivos alzamientos, la mayor parte de los carapintadas fueron incorporándose al juego de la política democrática, que en sus primeros años de vida hizo el esfuerzo de contenerlos. Con el tiempo, a medida que la democracia se consolidaba y el poder del Ejército se diluía, fueron perdiendo vigencia, derivando hacia la marginalidad.

La Justicia encuadró a los sucesos de Semana Santa como un «motín», una falta disciplinaria -y no un delito contra el orden constitucional- por la que sólo unos pocos cabecillas debieron responder. Pero si se tiene en cuenta la inestabilidad política que generaron, la «verdad jurídica» no está a la altura de la «verdad histórica».

Rara paradoja: ese argumento es el mismo que esgrimió Juan José Gómez Centurión, un ex carapitanda, meses atrás, cuando puso en duda la «verdad jurídica» de la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura.

Tal vez por el escándalo -y el dolor- que sus palabras suelen producir, la de los carapintadas es una versión de la historia -de los ’70, Malvinas y la transición democrática- que aún falta escuchar.

Nota publicada en Infobae en Abril de 2017 por Juan Agustín Robledo, con motivo del 30 aniversario del levantamiento carapintada. Robledo es autor de Felices Pascuas. Breve historia de los carapintadas, publicado por la editorial Planeta.