El Gobierno le apunta a la reforma laboral y presiona a los sindicalistas
Cambiemos no perdió ni un segundo desde el fin del año parlamentario para volver a la carga con la reforma laboral. Es el único proyecto de todo el paquete legislativo pedido por el presidente Mauricio Macri que no ha sido aprobado, y quieren que esto se produzca lo más pronto posible y sin el escándalo que causó la reforma jubilatoria.
La reforma laboral ingresó en noviembre por el Senado y fue cajoneada enseguida por el jefe de la mayoría, Miguel Pichetto, por considerar que faltaba un acompañamiento más firme del sector sindical: la conducción de la CGT dio su aval, pero el moyanismo la rechaza de cuajo.
En el fondo, el rionegrino, el principal aliado parlamentario del Gobierno en el Congreso, la mandó a guardar para no abrir tantos frentes de conflicto juntos, porque sabía que la reforma jubilatoria, convertida en ley a duras penas, con un alto costo político y violencia en las calles, ya iba a causarles dolores de cabeza.
Ahora, con la espuma ya más baja y en plenas vacaciones, el Gobierno está preparando el terreno para la discusión de esta ley pendiente, y apunta directamente a los sindicalistas.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya avisó que la Casa Rosada pretende que la reforma laboral se discuta en las sesiones extraordinarias que Macri pediría abrir el 15 de febrero.
A esa declaración de Peña se le suman dos acciones gubernamentales dirigidas al sector sindical, que pasaron inadvertidas y se anticipan como herramientas de presión para una futura negociación.
La primera de ellas es la elaboración de un decreto para obligar a los dirigentes sindicales que presiden obras sociales –y, por lo tanto, administran fondos públicos– que presenten sus declaraciones juradas de bienes.
En la actualidad, las declaraciones juradas de responsables de obras sociales están disponibles, pero se abren únicamente ante un pedido específico de la Justicia.
El decreto que en la Rosada tienen listo para sacar del horno dice que deberán ser de acceso público y por internet.
A este decreto se le suma el avance de causas judiciales que involucran a sindicalistas. A las detenciones de Juan Pablo “Pata” Medina, líder de la Uocra de La Plata, y del vicepresidente de Independiente, Noray Nakis –hombre del camionero Hugo Moyano–, se le sumó en los últimos días la del secretario general de empleados municipales de Educación y Minoridad de La Plata, Marcelo Balcedo, en su chacra de Punta del Este.
Trascendió que en la mira de la Justicia está también Carlos Quintana, titular de UPCN Buenos Aires, imputado en una causa en la que se investiga una megadefraudación por 2.800 millones de pesos.
La mira en el transporte
La otra acción del Gobierno con el sindicalismo como destinatario es el cambio en la composición de una comisión que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y que es la encargada de determinar qué actividades son consideradas servicios esenciales, es decir, las que deben seguir funcionando cuando hay un paro.
La “comisión de garantías” fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que deben garantizar una prestación mínima durante huelgas o medidas de fuerza: los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
El Gobierno quiere que el transporte público de pasajeros sea incluido. Como la comisión ahora tendrá otra composición, podrían cumplir ese objetivo.
En 2006 se estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) y el Consejo Interuniversitario Nacional. El Gobierno reemplazó ahora a la Faca por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, vinculada al sector patronal y, por ende, con más llegada al Gobierno.
Ningún funcionario se ha referido públicamente a esta modificación, decidida el 26 de diciembre pasado de manera unilateral en la cartera que maneja Jorge Triaca.
Sin embargo, la última semana, al presentar los aumentos en las tarifas del transporte en Buenos Aires, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, llamó a la “responsabilidad” a los sindicatos. “Un paro de transporte público complica la vida a mucha gente, porque es la única forma que tiene para viajar, y muchas veces se entera cuando llegó al lugar. Eso es inaceptable”, dijo Dietrich.
El funcionario indicó que “en el último paro”, que tuvo bajo acatamiento, “los colectivos funcionaron” y destacó “la responsabilidad de la UTA pensando en la gente; no en un gobierno o en un presidente, sino en la gente”.
Legisladores por Córdoba tienen presentadas varias iniciativas para modificar el decreto 656/94, que regula el transporte público de pasajeros, y declararlo servicio esencial. Entre ellos, los diputados radicales Mario Negri, Diego Mestre y Olga Rista y los senadores macristas Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez y el justicialista Carlos Caserio.
Paso a paso: ¿En dos partes?
Aunque en el Gobierno pretenden que el Congreso apruebe la reforma laboral tal cual fue enviada en noviembre, tampoco descartan la idea de desdoblar la ley, con el fin de atenuar el impacto. Los puntos que causan más reparos en el sector sindical son el concepto de irrenunciabilidad, el fondo de cese y la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones.
“Lo primero que se hará es citar en comisiones a los representantes gremiales. Es muy importante lo que ellos digan sobre la reforma laboral”, dijo a La Voz la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Cambiemos).
Fuente: La Voz del Interior. La Voz del Interior