El Gobierno nacional apunta a fortalecer el mercado interno argentino
PRIMERA META
El deterioro de las principales variables económicas y de los indicadores sociales que cosechó Cambiemos son la evidencia empírica del fracaso de un programa que se caracterizó por la desregulación financiera y cambiaria, garantizando total libertad a los capitales para que ingresen y salgan del país con altos rendimientos, y por disminuir la presión tributaria para los exportadores de commodities. Los resultados son harto conocidos: recesión profunda y un endeudamiento en moneda extranjera para financiar la fuga de capitales posibilitada por las desregulaciones señaladas.
El gobierno entrante manifiesta su intención de fortalecer el mercado interno. Afirmación que se condice con la composición de la estructura económica del país, en donde el consumo representa una gran parte del producto; según mediciones del Indec sería de alrededor del 70% del PBI, de acuerdo a estimaciones del año 2016. Mientras que relevamientos más recientes de la consultora Ecolatina arrojan que el consumo explica más del 80% del PBI. De cualquier modo, el rol del consumo público y privado es la base de la economía nacional. Ergo, un deterioro del mismo repercute en toda la estructura económica, y, por el contrario, la expansión del consumo genera condiciones propicias para que la economía repunte.
El ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que para que la economía despegue se debe activar el consumo en lo inmediato. En la conferencia brindada esta semana en el Palacio de Hacienda, el economista reconoció que no cuentan con los recursos fiscales suficientes como para incentivar el consumo y, por otra parte, tampoco podrían ampliar el gasto mediante emisión monetaria porque eso “desequilibraría la macroeconomía”. Por ello, la autoridad del Palacio de Hacienda aclaró que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva prevé un paquete de medidas, dentro de las cuales se destacan el impuesto a la compra de divisas y actualización de retenciones, para aumentar los ingresos fiscales y financiar, así, una serie de políticas contra cíclicas que contribuyan a que “la economía deje de caer”.
“Las medidas buscan proteger a los sectores que están en una situación de gran vulnerabilidad. Bajo ese objetivo se enmarcan los bonos a los jubilados y a quienes perciben asignaciones universales”, declaró Martín Guzmán.
Naturalmente, las propuestas que más repercusiones generaron fueron: el impuesto de 30% a la compra de dólares y el incremento de 3% de las retenciones a las exportaciones primarias. Esto quiere decir que, de aprobarse la ley, quien quiera hacerse de dólares deberá pagarlo en torno a $82 (de acuerdo a la actual cotización). También quedarían sujetos al gravamen los servicios extranjeros contratados en el país y toda transacción realizada con empresas radicadas en otro país; como compra de aéreos, alojamientos, hoteles, etc. No así los insumos médicos o científicos, ni los libros.
El 70% de los recursos generados por este tributo será asignado a financiar la seguridad social, y el 30% restante, del impuesto a la compra de divisas, será destinado a realizar obras de infraestructura, impactando en un sector dinámico e intensivo en la generación de puestos de trabajo como es la construcción. Entonces, a la cotización de hoy, se pagarían $ 18 por cada dólar comprado; de ahí, doce pesos irían a financiar el fondo de garantía de sustentabilidad y $ 6 a un programa de obra pública.
En el caso del derecho a la exportación, la ley prevé un aumento de las retenciones de tres puntos porcentuales para las exportaciones de granos. Así, la soja quedaría con una retención de 33%, mientras que el trigo y el maíz pagarían un tributo del 15%. Por su parte, la ley establece que las retenciones disminuirán en producciones con mayor agregado de valor. En efecto, a mayor industrialización de las exportaciones, menor retención.
Esta propuesta generó el rechazo de parte de los terratenientes de la pampa húmeda nucleados en la Sociedad Rural, quienes señalan que la medida les quitará rentabilidad y esto dificultará la siembra del año que viene, lo cual significaría un achique del sector. Sin embargo, el ex presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, le quitó relevancia a la propuesta de la ley en torno a las retenciones, y sostuvo que no se trata de un “aumento autoritario”, sino de una “readecuación”. “Hay que entender el contexto”, reconoció el dirigente agropecuario, aludiendo a la crisis económica que vive el país.
Vale aclarar que los productores de commodities de la Pampa Húmeda fueron unos de los pocos beneficiados por el modelo económico del gobierno anterior, quienes se favorecieron con una reducción impositiva, devaluaciones constantes y libertad para especular con los dólares de la producción luego de que quitaran las obligaciones de liquidación de divisas en el mercado único de cambios. Estas medidas, sin embargo, no significaron un incremento del empleo generado por el sector, tal cual preveía el macrismo. Las estadísticas de asalariados registrados del Ministerio de Trabajo dan cuenta que desde marzo del 2016 (primera medición del gobierno de Macri), hasta septiembre del corriente año, el agro perdió algo más de 10 mil puestos de trabajo registrado.
Como afirmábamos al cumplirse diez años del conflicto por la “125”, la retención es un instrumento valioso en varios sentidos, permite al Estado redistribuir el ingreso mediante un instrumento progresivo y desacopla los precios de los alimentos en el mercado local del internacional, principalmente. La participación del Estado en la renta agropecuaria permite diversificar el aparato productivo a través de la transferencia de divisas del agro a la industria. Los países con economías liberalizadas, cuyos empresarios se dedican a la producción de materias primas y al goce de la rentabilidad extraordinaria, no logran salir de su subdesarrollo al no disponer de instrumentos para paliar los problemas del desempleo y la exclusión social.
En efecto, la retención opera como un factor de ordenamiento para desincentivar la exportación de producción granaria sin valor agregado, competitiva, principalmente, por ser sembrada en las tierras más fértiles del mundo. En consecuencia, en la medida en que la producción de bienes más sofisticados es desgravada de impuestos en contraposición a la actividad primaria, se generan incentivos para producir y exportar manufacturas de origen agropecuario o industriales.
El sector Mipyme (que representa el 66% del empleo y el 99% de las unidades productivas, de acuerdo al último Censo Nacional Económico de 2004) también está contemplado en el esquema económico del gobierno. El ministro Guzmán aclaró que habrá una moratoria para las Pymes para que regularicen sus deudas con el Estado.
Al anunciar los “aspectos generales” de la ley, considerada como el “primer paso” para comenzar a revertir la ecuación económica y “cambiar las prioridades”, el ministro de Economía aclaró que buscan proteger a los sectores que están en una situación de gran vulnerabilidad. Bajo ese objetivo se enmarcan los bonos a los jubilados y a quienes perciben asignaciones universales. En efecto, esto generará un aumento de la demanda, alicaída en el último tiempo. Sin embargo, los funcionarios no especificaron aún si este fortalecimiento de la demanda repercutirá en los precios de la canasta básica, entendiendo que gran parte, cuando no todo, el dinero que pongan en manos de hogares vulnerables se utilizará para comprar alimentos. Por otro lado, tampoco especificaron si el impuesto que regiría sobre las divisas tendrá un traslado a los precios internos, ni los mecanismos a implementar en caso de que esto ocurra.
Fuente: La Mañana. La Mañana