El Gobierno ya compró 100 pistolas Taser para usar antes de septiembre
El Gobierno compró las primeras 100 pistolas taser para las fuerzas de seguridad, para lo cual pagó al proveedor más de 5 millones de pesos.
Tras el proceso de licitación, el Poder Ejecutivo se inclinó por la oferta de la empresa Axon, que entregará 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación.
El monto total de la operación fue de $5.285.000, es decir que cada pistola costó $36.635, mientras que el valor de los cartuchos operativos fue de 1.005 y los de capacitación, 966.
La adquisición de este tipo de armamento no letal se da a casi tres meses de la reglamentación del uso de este tipo de implementos por parte del Gobierno.
En mayo pasado, se había establecido que en agosto empezarían a ser utilizadas estas armas electrónicas por los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que desarrollar sus tareas de prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
«La empresa tiene un plazo máximo de 60 días para enviarlas y a partir de esa entrega las Taser estarán en la calle», confirmaron en el Ministerio de Seguridad.
Según establece la legislación vigente, este tipo de pistolas serán empleadas «para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública».
«Ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso», añade.
Organismos de Derechos Humanos rechazan su utilización y presentaron distintos recursos ante la Justicia para frenar su uso.
Fuente: La Mañana.La Mañana