Graciela Brarda: «Declaramos servicio esencial al transporte, agua y luz eléctrica»
Luego de 9 días de medidas de fuerza por parte de los afiliados a UTA en la capital provincial, la legislatura provincial aprobó un proyecto del gobernador Juan Schiaretti el pasado día miércoles con amplio apoyo de todos los sectores.
Recordemos que todos los espacios políticos y fuerzas vivas se reunieron con el gobernador para instar también a que los legisladores nacionales por Córdoba lleven la misma propuesta para que sea aplicado a nivel país.
Diario San Francisco dialogó sobre el tema con la legisladora Graciela Brarda donde expresó: «Hace dos años se había presentado un proyecto similar con la autoría del Dr. Gonzalez y Busso en el cual yo me había opuesto ya que incluían a la educación en la que no es un servicio esencial». En tanto agregó «varios nos habíamos opuesto y no se trató».
Ante lo vivido durante varios días en la capital volvió a estar en agenda la discusión. «Este es diferente porque declara servicio esencial al transporte, el agua y la luz eléctrica. Fue inhumano lo que vivieron los vecinos de la capital. Mucha gente sin poder trabajar, ir a las escuelas. La verdad que fue un caos».
Asimismo declaró «hubo debate. El kirchnerismo nos dijo que era anti constitucional pero hubo apoyo de todas las partes». Ante la consulta sobre el tratamiento en la provincia antes que en la nación dijo «la realidad es que debería haber sido votado primero por la nación y después adherir la provincia. Se ve que los legisladores nacionales trabajan poco, se reúnen poco así que no hubo quorum para votarlo. Nosotros no podíamos detenernos».
En el bloque oficialista se encuentran Pihen y Bustos, legisladores provenientes del movimiento obrero que no asistieron a la sesión. «Es una situación difícil. Ellos deben acatar lo que le dicen sus compañeros».
La ley aprobada el pasado miércoles caracteriza como servicio esencial el transporte público de pasajeros, agua y energía eléctrica por lo que, ante un conflicto laboral que derive en una medida de acción directa, “deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal” para tal efecto.
El órgano que determinará en qué condiciones debe garantizarse un servicio mínimo será una comisión técnica, que estará conformada por cinco miembros independientes designados por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo.
El artículo 7 del proyecto dispone que la parte que se propusiese ejercer medidas de acción directa tales como paros “deberán dar preaviso a la otra parte” y al Ministerio de Trabajo “en forma fehaciente y con cinco días de anticipación a la fecha en la que se hará la medida”.
Para penalizar a quienes no respeten las disposiciones de la futura normativa, se modificará el Código de Convivencia Ciudadana. A partir de ahora, “quienes obstaculicen, alteren o suspendan la prestación de servicios públicos o esenciales” podrán recibir “hasta tres días de arresto”. Lo mismo para quienes no presten servicios esenciales.