Grave denuncia contra las escuelas de la red Fasta en Córdoba
Violencia de género, discriminación, hostigamiento, reivindicación de la última dictadura militar, homofobia, humillaciones, abusos de autoridad, material de estudio en contra de la Ley de Educación Sexual Integral, son solo algunas de las gravísimas situaciones denunciadas por ex alumnos y alumnas, y ex docentes de las escuelas de la red católica de colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), la cual promueve un adoctrinamiento homo-odiante y antifeminista.
«Nos hicieron hacer un trabajo sobre el VIH y nos obligaron a leer un texto que decía que el VIH lo contagiaban los homosexuales ,que la mayor causa de muerte de los homosexuales es el suicidio, por la culpa que cargan”. “La homosexualidad era un mal antinatural y que era equivalente a la zoofilia”. “La profesora dijo que los homosexuales estaban mal de la cabeza». Son solo algunos de los testimonios.
Si bien fue a mediados de año que salieron a la luz las distintas humillaciones y la violación a derechos básicos ejercidas por autoridades, cuerpo docentes y miembros de la comunidad escolar en los distintos establecimientos del país, fue este lunes que la ONG Fundeps -tras recopilar y analizar testimonios recogidos en la cuenta de Instagram TestimoniosFastaCBA- realizó una denuncia ante el ministerio de Educación provincial para que intervenga urgente en los cinco colegios que la red tiene en la provincia de Córdoba y los cuales reciben financiamiento del Estado provincial.
Estos establecimientos educativos son: Instituto Fasta Sagrado Corazón de Marcos Juárez (recibe subvención total para primaria, secundaria y jardín de infantes); Instituto Fasta Santo Domingo de Guzmán, de Córdoba Capital, (recibe subvención total, tanto en primaria como en jardín de infantes y secundaria); Instituto Superior Fasta Inmaculada Concepción de San Francisco (recibe más de 75% y hasta 99% de subvención en primaria y subvención total en secundaria y jardín de infantes); Instituto Fasta Jesús de la Misericordia de San Francisco (recibe subvención total en primaria, secundaria y jardín de infantes); y Colegio Fasta Villa Eucarística (en la primaria recibe una subvención de más de 25% y hasta 50%; una subvención de más de 75% y hasta 99% en el jardín de infantes y subvención total en secundaria).
Fundeps es una organización no gubernamental cuya misión es la de contribuir al fortalecimiento de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, que, a través de procesos democráticos y participativos, promueve un desarrollo sustentable y respetuoso de los derechos humanos. Con ese objetivo, la organización realiza diferentes acciones para promover el cumplimiento de esos derechos, en particular de derechos económicos sociales y culturales. Mayca Balaguer, abogada e integrante de la ONG que realizó la denuncia ante el Ministerio de Educación, dialogó con La Nueva Mañana.
«En nuestra presentación recopilamos los testimonios que están en la página de Instagram y los presentamos de manera anónima. Además, analizamos el material de estudio y señalamos cuáles son las violaciones a las diferentes leyes en la que incurren estas prácticas. La mayoría de las personas que contaron su situación lo hicieron a través del anonimato, pero desde la página se les ofreció información sobre cómo hacer las presentaciones de forma individual según el caso. Para quienes vivieron situaciones de discriminación se los orientó sobre cómo presentar sus casos en el Inadi. Y quienes manifestaron situaciones de violencia, que podrían ir por el fuero penal, también recibieron asesoramiento», explica Balaguer.
A la vez destaca que para Fundeps, «es importante de una lectura integral, poder extraer una conclusión». Y dicha conclusión, fue que las violaciones sistemáticas a distintos derechos es «una cuestión de cultura institucional de los colegios de Fasta». «Queremos que el Ministerio tome intervención porque tiene competencia y agencia para controlar y evitar este tipo de situaciones de violencia y discriminación y porque está obligado a velar por el cumplimiento de las leyes que rigen en materia de educación», señala la abogada de Fundeps.
Cabe recordar que a raíz del estado público que tomó la situación a mediados de año, el Ministerio de Córdoba hizo declaraciones a la prensa donde afirmó haber tomado intervención para que se modificaran los manuales de estudio. Sin embargo, un tiempo después, se conoció un comunicado de los colegios de Fasta, diciendo que no habían recibido ninguna comunicación del Ministerio.
«Por eso es que insistimos con nuestra denuncia donde pedimos que intervenga en estos colegios, que capacite a los docentes, que genera instancias de formación. Que revise nuevamente los manuales. Que se conforme a nivel provincial una mesa o un observatorio interdisciplinario y multisectorial, que haga un monitoreo de la aplicación de la ley ESI. Tenemos claro, que a 14 años de la sanción de la Ley de Educación de Sexual Integral sigue habiendo un montón de obstáculos para su aplicación, y que lo sucedió en los colegios de Fasta es muy grosero, muy grave, pero que siguen pasando en los colegios de Córdoba. Por eso falta que se implemente una política pública más contundente para el cumplimiento efectivo de la ley de educación sexual integral, y con contenidos donde se respeten los derechos humanos más básicos», concluye Balaguer.
Cabe destacar que la denuncia presentada por Fundeps fue firmada por 30 egresados y egresadas de los colegios de Fasta, y cuenta con la adhesión diferentes organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, personalidades públicas y activistas de derechos humanos.
Fuente: La Mañana. La Mañana